El Gobierno vasco asegura que el tercer grado a etarras se hará según criterios “científicos”

Los 84 presos de ETA en cárceles vascas son tratados ya sin distinciones y reclaman el fin de la dispersión. Se les dará talleres formativos para su reinserción laboral

Imagen de la prisión de Martutene (San Sebastián) donde por una ventana un preso de ETA sale con el puño en alto y la Ikurriña
Imagen de la prisión de Martutene (San Sebastián) donde por una ventana un preso de ETA sale con el puño en alto y la Ikurriña FOTO: Alvaro Barrientos AP

Se han cumplido ya cien días desde que el Gobierno central diera al Gobierno vasco una de sus preciadas reclamaciones: la cesión de las prisiones al País Vasco. El traspaso se hizo efectivo el pasado 1 de octubre y el Gobierno vasco ya busca “fórmulas” para poder otorgar el tercer grado a los etarras que ya están en ellas. Son 84 los miembros de la banda que actualmente cumplen condena por su relación con ETA y ya han comenzado a ser tratados «sin distinciones» con respecto al resto de internos.

La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, hizo ayer balance de las acciones puestas en marcha desde entonces y explicó la hoja de ruta de la recién creada Agencia de Reinserción Social, con el compromiso de lograr la «resocialización» de los presos como eje central con la vista puesta en que hasta un 40% de todos los reclusos cumplan su condena en régimen de «semilibertad».

“Recuperar” al reo

En esos tres meses la tarea se ha centrado en hacer el trasvase de competencias, plantillas y reglamentos para arrancar un sistema centrado en «recuperar a la persona que ha cometido un delito, sea el que sea» basándose en la justicia restaurativa y teniendo en cuenta también las necesidades de las víctimas.

Además, tras reiterar la reclamación del Ejecutivo de Iñigo Urkullu para que se elimine la política penitenciaria de excepción, por «no tener ninguna razón de ser», consideran que tras la «desaparición de la banda», cualquier preso que llegue al sistema vasco, «sea cual sea su delito, tendrá que asumir los códigos y el reglamento establecido sin distinciones ni para beneficiar, ni para perjudicar». Sin embargo, los etarras salen beneficiados ya que no se les exigirá ni que se arrepientan, ni tampoco la colaboración porque es algo que es algo que tampoco se le pide a ningún otro recluso común. Esta práctica ya se ha llevado a cabo en alguno de los últimos traslados de presos de ETA a cárceles del País Vasco donde, la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, llegó a advertir de que algunos acercamientos se estaban haciendo sin «ningún criterio». También, en la idea del gobierno vasco sigue la de volver a los llamados «encuentros restaurativos» entre víctimas y verdugos que se hacían con anterioridad.

El Gobierno Vasco valorará cualquier solicitud de traslado de estos presos bajo el criterio de «arraigo», un objetivo que reclamaba Sare en sus últimas manifestaciones además de que se ponga fin definitivo a la dispersión de todos los presos de la banda terrorista y que, desde el gobierno vasco buscan asumir como propias.

Tercer grado

En cuanto a la progresión de grado de los internos, sean de ETA o no, la consejera vasca reiteró que son las juntas de tratamiento de cada prisión quienes las proponen y que, en todo caso, se harán con criterios «objetivos, científicos» y de «humanización». Es decir; que para la concesión de terceros grados a presos de ETA no habrá «distinciones», ni «privilegios» por lo que los etarras «se integran como un preso más».

Los requisitos para que un recluso obtenga el tercer grado van desde haber pagado la responsabilidad civil derivada del delito o estar en proceso de pago, demostrar y mantener buena conducta o haber cumplido parte de la condena donde también computa participar en actividades y talleres.

Se apuesta por la «reeducación» como papel clave y por la «vía social» para lo que impulsarán talleres y actividades que sirvan para integrarse en la vida laboral tras salir de prisión. Van desde labores logística, de transporte, sociosanitarios, dependencia, artesanía, limpieza... También darán recursos –unos 6 millones de euros– para plazas residenciales y así proporcionar vivienda a quien tenga dificultades para ello con el fin de facilitar una «mejor reinserción».