Cuando asesinaron a Miguel Ángel Blanco en julio de 1997, ETA y su brazo político –hoy en el Congreso de los Diputados–, no sabían que Miguel Ángel se convertiría en el icono de la lucha antiterrorista. Pero la organización terrorista tampoco sabía que se convertiría en la persona que evitaría la prescripción de los delitos de terrorismo desde 1990 en adelante.

Las últimas querellas y actuaciones judiciales que contra casi 30 jefes de ETA iniciamos en 2013 y hemos continuado estos años superaban con creces los 20 años de prescripción del delito de asesinato, por lo que los abogados de ETA estaban relativamente tranquilos porque pensaban que los jefes nunca serían enjuiciados al haberse comenzado la investigación de los mismos 20 años después del atentado.

Pues esa supuesta tranquilidad ha terminado para los jefes de ETA. La llamada «doctrina Miguel Ángel Blanco» hará posible que 430 asesinatos –de ETA y del yihadismo, incluido el 11-M– no prescriban y puedan ser investigados sin preocuparnos de cuándo se haga. Además, 55 asesinatos, de esos 430, son crímenes sin resolver de ETA, por lo que es una garantía para las familias que jamás han tenido justicia en los tribunales.

Otra consecuencia importantísima es que los casi 50 huidos de ETA en países de Suramérica y Centroamérica ya no podrán volver a España jamás, salvo que sea para enfrentarse judicialmente a sus crímenes. Dignidad y Justicia sigue ofreciendo 4.000 euros por la información que lleve a la detención de estos malnacidos que huyeron después de destruir familias en España.