El sistema SITEL permitió a la Guardia Civil escuchar el momento del desenterramiento del niño Gabriel

Las escuchas que realizan las Fuerzas de Seguridad y los Servicios secretos tienen utilidad, mal que les pese a los que han cometido delitos que, gracias a esas escuchas, confirman la culpabilidad de los sospechosos. Fue el caso de Ana Julia Quezada, condenada por el asesinato del niño Gabriel Cruz, cuyo teléfono, con autorización judicial, fue intervenido con el sistema SITEL, parecido al PEGASUS pero con menos capacidades.

Los agentes pudieron escuchar, ya que el sistema activa todas las funciones del teléfono aunque no se esté produciendo una llamada, cómo Ana Julia parecía desenterrar el cuerpo del niño al tiempo que insultaba a quién ya había asesinado. Una escena espeluznante, pero que permitió confirmar la culpabilidad de la sospechosa, cuyo automóvil fue interceptado con posterioridad para comprobar que el cuerpo del menor viajaba en el maletero del automóvil, algo que ya se suponía.

Fue el 27 de febrero de 2018, cuando las Fuerzas de Seguridad activaron la alerta por la desaparición de Gabriel Cruz, un niño de ocho años cuya pista se perdió entre las localidades almerienses de Las Hortichuelas y Las Negras (Almería). La última vez que se le vio con vida lo vieron salía de la casa de su abuela para ir a la de sus primos.

A partir de ese momento, se montó un impresionante dispositivo de búsqueda, en el que participaba Ana Julia Quezada, compañera sentimental entonces del padre del niño que fingía una gran pena.

Pero cometió un fallo cuando dejó, junto a una depuradora una camiseta del niño (con el fin de despistar) que estaba seca (había llovido) y que no se correspondía con la que llevaba en el momento de la desaparición. Además, protagonizó una escena melodramática en ese momento, con caída al suelo incluida.

A partir de ese momento, se convirtió en la principal sospechosa y fue interrogada por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil después de comprobar que fue ella quien encontró la prenda. A partir de ese momento, su teléfono fue intervenido con el sistema SITEL, previa autorización judicial hasta llegar al terrible momento del desenterramiento del cadáver.

Fue el 11 de marzo, tras 12 días de búsqueda, la Guardia Civil encontró el cadáver del niño en el maletero del coche de la asesina. Para colmó se atrevió a gritar que no había sido ella.

En estos días, se asiste a manifestaciones de indignación y contra las Fuerzas de Seguridad y Servicios Secretos por quienes supuestamente cometieron graves delitos, distintos del citado infanticidio, pero que, bajo la dirección de la autoridad judicial, deben ser perseguidos con todos los medios, incluidos los de las escuchas mediante la intrusión legal en sus teléfonos.

Mal que les pese, la investigación, que se centra sobre todo en Tsunami Democratic y la organización de los graves disturbios de 2019, como el intento de la toma del aeropuerto del Prat y el corte de la frontera con Francia. Las actuaciones están declaradas secretas y se da como seguro que la intrusión legal en los teléfonos de los supuestos responsables, aportarán evidencias importantes para su procesamiento y posterior enjuiciamiento.

Pedir dimisiones y cuestionar las investigaciones, en función del mantenimiento o no de determinados apoyos políticos, no deja de ser una apariencia de que algunos quieren sustraerse a la acción de la Justicia, algo que no va a ser posible.