El juez explora vías para indagar en el supuesto blanqueo de capitales de los fundadores de Podemos

La Sala de lo Penal ordenó el cierre de la investigación por la financiación del partido por parte de Venezuela, pero dejó abierta la posibilidad de otros delitos

El que fuera líder de Podemos Pablo Iglesias junto a otro de los fundadores del partido Juan Carlos Monedero
El que fuera líder de Podemos Pablo Iglesias junto a otro de los fundadores del partido Juan Carlos Monedero FOTO: @ C.PASTRANO

“No resulta debidamente justificada la perpetración del delito que haya dado motivo a la formación de la causa, esto es, el delito de financiación ilegal de partido político Podemos; ello sin perjuicio de que el juzgado si así lo estimara, deduzca el testimonio oportuno para la investigación de delitos económicos y falsedades”. Esta frase dictada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el pasado viernes es a la que el Juzgado Central de Instrucción número 6 se ha agarrado para proceder en la investigación sobre el dinero de Venezuela que, supuestamente, llegó durante varios años a Podemos. Y se aferra en una doble vía: archivando el caso sobre la financiación ilegal de partido porque los magistrados consideran que no hay indicios suficientes; pero activando más teclas para poder indagar en otros delitos que estaban bajo el foco como el de blanqueo de capitales.

Los trabajos que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía ha desarrollado han ido dando sus frutos desde que en octubre se reabrió esta investigación y las fuentes conocedoras de la misma no quieren que esto haya sido en vano. Las diligencias ya están cerradas porque el magistrado Manuel García Castellón emitió un auto ayer mismo dando por finalizado el asunto. No hay financiación ilegal de partido. Se introdujo en 2015 en el Código Penal y todo lo relatado hasta este momento por el exjefe de la Inteligencia Venezolana Hugo Carvajal (conocido como El Pollo) y los testigos protegidos apunta a entregas a los fundadores de Podemos -concretamente a Juan Carlos Monedero- del 2011 al 2013. En su caso, si la hubiera es el Tribunal de Cuentas el que debe fiscalizarlo.

Pero el escrito que firma el presidente de la Sala de lo Penal, Alfonso Guevara, deja una rendija abierta: “los hechos que antes de la introducción en el Código Penal del delito de financiación ilegal de partidos políticos podrían tipificarse como delito de falsedad documental, blanqueo o contra la hacienda pública, deben ser investigados en un procedimiento distinto”. Y para ello hay varias opciones sobre la mesa. En principio, podría deducirse testimonio y que el asunto pasara a los juzgados ordinarios de Plaza de Castilla en Madrid. Pero si el delito de blanqueo de capitales, que según estas fuentes es el más plausible, se hubiera producido en el extranjero la competencia sigue siendo de la Audiencia Nacional.

Sucede que para que exista lavado de dinero debe haber un delito antecedente, una ilegalidad de la que provenga el metálico. En esta línea saber de dónde salía ese dinero que supuestamente viajaba desde el país bolivariano es piedra angular. El Pollo está a la espera de ser extraditado a Estados Unidos por delitos de crimen organizado y narcotráfico, lo cual no es un detalle menor. Pero además, y siempre según estas fuentes, tampoco puede desdeñarse la corrupción política.

Según documentación que obra en la causa y a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, en la cúspide de la organización para entregar de los fondos estaba el entonces canciller venezolano Nicolás Maduro que contaba con el beneplácito de Hugo Chávez. En los puestos de control, Williams Amaro, asistente de Maduro, Ramón Gordils, viceministro de cooperación económica y Rafael Ramírez, presidente de la petrolera estatal PDVSA quien custodiaba el dinero en la caja fuerte hasta que se le indicaba que lo retirara bajo el concepto ‘España’ y lo entregara a alguna hora y lugar acordado. Además del metálico están bajo el foco diversas sociedades con cuentas, presuntamente, creadas ad hoc en Curçao (las Antillas holandesas).

Asimismo, otra opción descansa unas calles más allá de la Audiencia Nacional. En Anticorrupción se aloja desde hace más de un año un procedimiento que comparte nombres con el que llevaba el juez García Castellón. La propia UDEF lo advirtió en su escrito del pasado mes de enero: “existen personas físicas y jurídicas que figuran incursas en otras investigaciones de esta unidad como son: Ernesto Heleodoro Velasco [socio administrador de algunas de las mercantiles], Juan Carlos Monedero, Viu Europa SL, Prodiseño y Viu Comunicaciones”. Por momentos ha estado sobre la mesa unir las pesquisas, si bien la Fiscalía nunca ha querido por creer que el objeto del procedimiento era diferente. Allí nada tiene que ver con el partido político, sino con venezolanos y otros ciudadanos acechados por blanqueo de dinero. Está por ver si ahora sí coincide el núcleo del delito.