La UDEF pide rastrear las cuentas de cuatro fundadores de Podemos y dos sociedades

La Policía da credibilidad al relato del exjefe de Inteligencia venezolana Hugo Carvajal y solicita aval para seguir avanzando, pero el juez de la Audiencia Nacional esperará a que se resuelva el recurso de la Fiscalía

Pablo Iglesias, Irene Montero y Carolina Bescansa en una reunión del Grupo Parlamentario de Podemos. Foto de archivo
Pablo Iglesias, Irene Montero y Carolina Bescansa en una reunión del Grupo Parlamentario de Podemos. Foto de archivo

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía ya ha respondido al primer requerimiento que el juez de la Audiencia Nacional encargó sobre la presunta financiación de Podemos desde Venezuela. Los agentes dan credibilidad a las relaciones que el exjefe de Inteligencia venezolana Hugo Carvajal (conocido como El Pollo) describió entre miembros de la formación y el régimen bolivariano y solicitan al magistrado aval judicial para seguir indagando en varias líneas, según ha confirmado LA RAZÓN con diversas fuentes del procedimiento. Los pasos que quieren dar son: rastrear las cuentas de dos sociedades y cuatro fundadores del partido morado, entre los que están Juan Carlos Monedero y Carolina Bescansa; y pedir información a la cadena Meliá sobre las estancias del político en su hotel de Caracas.

El juez Manuel García Castellón reabrió esta causa después de que El Pollo declarara que durante años el dinero de Venezuela viajaba a España para financiar al partido y, en un primer movimiento relevante, el magistrado de refuerzo Joaquín Gadea solicitó a la UDEF una batería de diligencias para medir la solidez del relato tanto de Carvajal como de dos testigos protegidos que declararon también en sede judicial y que, supuestamente, participaron en las entregas. Los agentes remitieron sus primeras conclusiones el pasado 4 de enero, pero el titular del juzgado no ha contestado todavía y no lo hará hasta que la Sala de lo Penal se pronuncie sobre si considera la investigación «prospectiva», como alega la Fiscalía.

Las pesquisas de la UDEF han ido encaminadas a corroborar los distintos flujos por los que, según El Pollo, se movía el dinero. El primero de ellos, la valija diplomática -una manera de enviar documentos y material de embajada a embajada sin pasar los controles aeroportuarios- es imposible de verificar, como ya presuponían los investigadores. El Ministerio de Exteriores respondió que no puede aportar ningún tipo de información sobre lo que se cruza por esta vía porque estaría violando la Convención de Viena (el artículo 27 dice: «La valija estará protegida en el desempeño de sus funciones por el Estado receptor. Gozará de inviolabilidad personal y no podrá ser objeto de ninguna forma de detención o arresto»).

El segundo, como relató el exjefe de la Inteligencia venezolana, consistía directamente en traspasos de dinero a los fundadores de Podemos y sociedades relacionadas. En este sentido, la UDEF quiere avanzar obteniendo movimientos bancarios, como adelantó Okdiario. Solicitan rastrear las cuentas de Monedero, Bescansa, y de los profesores universitarios Jorge Lago y Ariel Jerez (vinculados en el nacimiento de Podemos), ya que aparecen en un pago de 142.000 dólares que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, autorizó en 2013 para unos trabajos de comunicación. Y, además, para seguir tirando de este hilo piden la venia para analizar dos sociedades: Viu Europa y Prodiseño.

Por último, El Pollo habló de viajes y entregas en efectivo y uno de los testigos protegidos que declaró en la Audiencia Nacional indicó que él mismo había pagado a Monedero situándolo en el Hotel Meliá de Caracas. La Policía necesita autorización judicial para que la cadena hotelera entregue las estancias del expolítico en la capital venezolana.

La relación con el régimen bolivariano

Uno de los personajes claves del relato es Ramón Gordils, viceministro de Cooperación de Venezuela, y, según el material que obra en la causa, uno de los que mantenía vínculos especialmente con Monedero. Gordils fue presidente del Banco del Alba, entidad que pagó 425.000 euros a Monedero en 2013 para realizar un estudio sobre las posibilidades de establecer una moneda única en América Latina. Una transacción que acreditaría, al menos, que existía una relación profesional entre él y el fundador morado.

El jefe de la inteligencia venezolana y valedor de los secretos tanto de Hugo Chávez como de parte del mandato de Maduro relató al juez que en esta tupida trama de relaciones monetarias había sociedades «tapadera» como VIU Europa. Poco después del pago del Banco del Alba, Monedero supuestamente ingresó 69.000 euros en dicha sociedad lo cual seguiría dibujando el rastro de la financiación. Este ingreso se justificó como un estudio económico, pero una de los hechos que debe acreditarse es si éste se produjo o, en realidad, nunca existió.

No es despreciable el hecho de que la Fiscalía Anticorrupción también tenga la lupa puesta sobre esta misma sociedad, además, un tiempo antes de que la investigación a Podemos se reabriera en la Audiencia Nacional el pasado mes de octubre. El Ministerio Público que se encarga de los macrocasos de blanqueo de dinero dirige desde hace meses unas pesquisas secretas que comparte nombres con las que se están desplegando en la Audiencia Nacional.

La Fiscalía se opone

Pero por el momento la respuesta del instructor a la UDEF no va a producirse. García Castellón, salvo sorpresa, no va a dar ningún paso más hasta que la Sala de lo Penal se pronuncie sobre el recurso que interpuso el Ministerio Público, como informó este periódico. El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, cree que los datos que el juez quiere saber suponen una investigación «prospectiva» y se alejan del objeto inicial por el que se incoaron las diligencias.

Así, solicitó a la Sala el pasado mes de diciembre que no permitiera la incorporación del informe de la UDEF a través de un recurso de apelación. Los magistrados serán los que decidan si la Policía puede seguir cruzando los indicios que tiene hasta este momento o si frenan aquí, lo cual complicaría las posibilidades de que el procedimiento sobreviviera. Hasta que este recurso se resuelva el juez ha prorrogado la instrucción y el caso se encuentra en pausa.