El arranque del curso político se ha precipitado. No ha esperado ni a septiembre, cuando las Cortes reabren sus puertas de forma ordinaria. El verano ha sido muy intenso, marcado por la práctica ruptura de los puentes entre PSOE y PP, aunque eso es tan solo el anticipo de lo que viene de aquí a finales de año en el Congreso y el Senado: con una situación económica tan delicada y con una agenda legislativa tan cargada (medio centenar de leyes continúan en trámite parlamentario, además de los decretos que se auguran por la situación de emergencia), el Gobierno, en minoría, está a expensas de sus socios, que afilan ya los dientes para tratar de arrancar el máximo botín del Estado y poder afrontar con fuerza las elecciones autonómicas y municipales de mayo. Pedro Sánchez tendrá que lidiar con ese contexto si quiere salvar la legislatura en estos cuatro meses y evitar elecciones.

No cabe duda de que el principal objetivo del Gobierno de aquí a diciembre es aprobar los presupuestos de 2023 para afrontar la situación económica delicada y lograr una foto de fortaleza de cara a la pugna electoral con el PP. No obstante, los socios también son conscientes de ello y ponen condiciones, incluso ultimátums: Podemos ya ha advertido de que para negociar los presupuestos hay que aprobar antes la ley de vivienda y la reforma de la ley de seguridad ciudadana; y, ERC ha exigido para antes del 31 de diciembre varias reformas legales relacionadas con su agenda de desjudicialización (haciendo énfasis en la reforma del delito de sedición y del Tribunal de Cuentas), como vía de escape para todos los independentistas con problemas con la justicia por el «procés».

Además de Podemos y ERC, el Gobierno también tendrá que afrontar exigencias de otros socios de legislatura: el PNV, que anda muy molesto por la «unilateralidad» de Moncloa, tiene también encima de la mesa su agenda de transferencias de competencias, que va con retrasos e incumplimientos; Coalición Canaria, con dos diputadas, hará valer su peso y también apretará las tuercas al Gobierno (ya votó en contra del decreto de energía); y, Teruel Existe exige cumplimientos y ya amenaza con movilizaciones.

Todos los socios exigirán su contrapartida de cara a votar los presupuestos, aunque también es cierto que muchos de estos socios gobiernan en autonomías y son conscientes de que el dinero será importante en año electoral. PNV o Esquerra, sobre todo. Los nacionalistas vascos, que han elevado el tono contra el Gobierno, tienen encima de la mesa un acercamiento de Alberto Núñez Feijóo, aunque se antoja difícil que den un volantazo de aquí a final de legislatura después de haber sido uno de los socios más fiables (ha votado solo en contra de cuatro decretos de los 87). Los republicanos buscarán protagonismo de cara a la madre de todas las batallas: la alcaldía de Barcelona, donde el ascenso de PSC y JxCat les está poniendo contra las cuerdas. ERC también busca muscularse para la guerra con JxCat en el Govern, muy envenenada y de horizonte muy incierto.

El curso político empieza a andar este jueves y tiene ya el próximo martes como primera fecha señalada en rojo con el pleno y debate en el Senado entre Sánchez y Feijóo. Ya la siguiente semana, la del 13 de septiembre, se celebrará el primer pleno en el Congreso. Además de los presupuestos, la ley de vivienda y la ley de seguridad ciudadana, el Gobierno también tiene por delante leyes tan sensibles como la de Seguridad Nacional (a tener en cuenta estando en el contexto de emergencia en el que nos encontramos); dos leyes relacionadas con la factura de la luz, que han quedado en suspenso tras la entrada en vigor de la «excepción ibérica»; y, leyes de gran carga ideológica, como la ley Trans y la ley del aborto (impulsadas por Podemos) y la ley para abolir la prostitución (que ha fragmentado al bloque de Podemos).

En el ámbito económico, está la ley de empleo de Yolanda Díaz, enfrascada también en la negociación colectiva, y están las leyes con los impuestos a la banca y las empresas energéticas.