El Gobierno afronta un “otoño caliente” en el Congreso: decretos, leyes sociales y “desjudicialización”

El Gobierno se ha despedido del curso político tratando de poner las bases para una remontada en las encuestas a partir de septiembre, donde el PP de Alberto Núñez Feijóo ha tomado la delantera holgadamente. El giro discursivo de Pedro Sánchez (con remodelación incluida en el PSOE) y las señales que han enviado los socios de investidura en las últimas semanas (ERC ha vuelto a acercar posiciones, como han reflejado las últimas votaciones y la reactivación de la mesa de diálogo) invitan a pensar en un rearme del bloque de izquierdas, aunque habrá que ver hasta qué punto: a partir de septiembre, el Congreso permitirá examinar nuevamente el estado de la mayoría de la investidura, ya que la agenda legislativa llega cargada, y medirá si Sánchez tiene fuerzas suficientes para agotar la legislatura.

De entrada, el Gobierno tendrá que convalidar el decreto de medidas para el ahorro energético, una iniciativa que ha descontentado al PNV (el socio más fiable del ejecutivo, por delante de ERC y Bildu) y no cuenta con todos los apoyos garantizados para salir adelante. Pero este decreto parece tan solo el punto de partida de más medidas de urgencia (canalizadas a través de decretos, principalmente) que vendrán dado el actual contexto de emergencia por la inestabilidad internacional (en septiembre, se prevén más medidas para el ahorro energético).

Además de los decretos, también aparecen en el horizonte varias leyes con alto valor político y social. Tres de ellas están desde hace semanas subrayadas en rojo por el Gobierno: los presupuestos, con el mayor techo de gasto de la historia aprobado y, por tanto, expansivos, algo que puede atraer a las formaciones de izquierda, aunque previsiblemente contendrá cuestiones que distancien y tensen las relaciones (como el aumento de gasto en Defensa); la ley de Vivienda, que albergó mucha división en el debate de totalidad, pero el Gobierno tiene muchas esperanzas depositadas (la bautizan como el quinto pilar del Estado del Bienestar) y pone el énfasis en la vivienda social; y, la ley de Seguridad Ciudadana (rebautizada como “ley de mordaza” por sus detractores), que lleva toda la legislatura en tramitación parlamentaria.

Para estas tres leyes, el Gobierno está obligado a apoyarse en la mayoría de la investidura y, aunque Esquerra, de momento, sigue sin dar el “sí”, se mantiene en negociaciones con la ley de vivienda y la ley de seguridad ciudadana: “Hay algunos escollos que para nosotros son imprescindibles salvar”, señalan desde las filas republicanas, que tienen predisposición a llegar a un acuerdo con el ejecutivo nacional mientras exigen avances en la mesa de diálogo y la “desjudicialización” para avenirse a respaldar los presupuestos.

En este sentido, la “desjudicialización” también es otra carpeta legislativa en el Congreso que está por ver qué alcance tiene: Pere Aragonès exige reformas legales para darle una salida a los problemas judiciales del independentismo (muchas causas abiertas en los tribunales por el “procés”) ante la inviabilidad de una ley de amnistía y pide resultados antes de finales de año porque, según sostiene, en la cámara baja hay mayorías suficientes. El Govern, entre otras cosas, exige la reforma del delito de sedición o la reforma del Tribunal de Cuentas, pero Sánchez lo enfría.

También la OTAN reaparecerá en el Congreso: las Cortes tienen 90 días para ratificar la adhesión de Suecia y Finlandia, una votación que quedará salvada porque el Gobierno podrá apoyarse en el PP, pero resucitará el ruido y las tensiones en torno a la OTAN y cómo abordar la guerra de Ucrania.

Además de estas importantes leyes, el Gobierno tiene más de 50 proyectos de ley todavía pendiente de la aprobación final. También es cierto que algunos de ellos ya están en el Senado (último paso antes de su aprobación final), como la de Memoria Democrática o la ley del solo sí es sí, mientras que hay otras que están paralizadas, sin mucha predisposición del Gobierno para que sigan adelante.

También hay otros proyectos todavía pendientes de llegar al trámite parlamentario con importante valor político: como la futura ley de información clasificada, todavía en fase de anteproyecto, aunque ha suscitado mucha polémica entre los socios de Sánchez. O la ley para abolir la prostitución, impulsada por el PSOE y que fracturó al Gobierno; o, la ley trans, impulsada por el ministerio de Irene Montero. Otras dos leyes de la parte morada del Gobierno son la nueva ley de empleo de Yolanda Díaz y la ley de Bienestar Animal de Ione Belarra, todas ellas aprobadas en Consejo de Ministros en los dos últimos meses. También está la ley Orgánica del Sistema Universitario, de Joan Subirats.

Asimismo, se acumulan otras leyes en el Congreso con bastante relevancia por la crisis energética: por ejemplo, se mantienen paralizadas desde hace más de un año dos que buscan bajar la factura de la luz (ley de creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema eléctrico y ley para actuar sobre la “sobrerretribución” por CO2 de algunas tecnologías). O, otras dos leyes relacionadas con la seguridad, como son la ley sobre precursores de explosivos o la ley de Seguridad Nacional, también muy sensibles y en las cuales el Gobierno tuvo que apoyarse en el PP para salvar las enmiendas a la totalidad que presentó ERC en el primer debate en el Congreso.

En lo que va de año, Sánchez ha aprobado 21 leyes (2021 acabó con 33 normas) y 12 decretos.