Ninguneo de Sánchez al Congreso: solo un tercio de los decretos que deben tramitarse acaban en Ley

El curso político arranca esta semana en el Congreso y se antoja de alto voltaje dado el inmediato horizonte electoral: cita con las urnas en mayo y cita con las urnas previsiblemente en diciembre de 2023. Eso va a encarecer, sin duda, los apoyos para el Gobierno, que lleva saboreando durante toda la legislatura lo que es legislar con una mayoría muy frágil. Eso se ha traducido en dos cosas: es un Gobierno que aprueba pocas leyes y es el Gobierno que más ha tenido que recurrir a los decretos (uno cada once días de media, 88 en dos años y medio de legislatura).

El recurso al decreto es el mecanismo más directo que tiene el Gobierno para sortear los problemas que se encuentra para tramitar una ley por su debilidad parlamentaria (PSOE y Podemos suman 153 diputados y la mayoría está situada en 176). Al fin y al cabo, un real decreto-ley es un texto con rango de ley y el Gobierno lo aprueba en el Consejo de Ministros y debe ser convalidado en un máximo de 30 días en el Congreso, pero no admite cambios. Es decir: es un arma que permite muchas veces forzar a los grupos parlamentarios a «tragarse» sus exigencias y votar a favor para evitar bloquear la puesta en marcha de determinadas medidas.

Algo así ocurrió con el último de medidas de ahorro energético: el Gobierno incluyó unas propuestas para restringir el consumo de electricidad que han generado mucho rechazo, pero el decreto finalmente ha salido adelante porque también incluye otras medidas importantes como las ayudas económicas a determinados sectores. «Es un chantaje», lamentaban grupos de la oposición.

Sin embargo, este recurso al decreto también se le puede empezar a agotar a Pedro Sánchez porque es prácticamente unánime el hartazgo que está generando en todo el espectro político. Y más teniendo en cuenta la artimaña del presidente del Gobierno para poder convalidarlos: como los decretos son textos normativos que no admiten cambios, lo que suele hacer es prometer modificaciones «a posteri», tramitándolo como proyecto de ley.

No obstante, tan solo 16 de los 46 decretos tramitados como Ley (hasta julio, que es cuando acabó el último periodo de sesiones) han culminado en Ley: una cifra bajísima. De los otros 30, hay cuatro que han quedado subsumidos en otras iniciativas parlamentarias y 26 que siguen guardados en un cajón en el Congreso. Como PSOE y Podemos tienen mayoría en la Mesa, pueden seguir esperando durante mucho tiempo ya que mantienen abiertos los plazos para presentación de enmiendas y eso deja las iniciativas paralizadas. Actualmente, se han aprobado 88 decretos, aunque hasta julio se habían aprobado 82: de esos 82, 80 se ha votado en el Congreso si seguir tramitándolos como ley y, de esos 80, 34 han quedado rechazados.

Esta cifra bajísima de decretos que han culminado en Ley también ha terminado por hartar a los propios socios del Gobierno. Esquerra y Bildu, por ejemplo, han exigido un plazo para tramitar como ley el último decreto de medidas de ahorro energético. Es decir, lo aprobaron, pero con la condición de que en un mes se tramitara como ley y se introdujeran sus demandas.

El decreto, que es un recurso previsto para situaciones de emergencia, se está desnaturalizando porque el Gobierno lo está empleando para medidas de muy diversos tipos. Sin ir más lejos, para algunas de las reformas más importantes de la legislatura, como la contrarreforma laboral, el nuevo sistema de cotizaciones de los autónomos o el Ingreso Mínimo Vital (esta última finalmente acabó culminando en una Ley en 2021).

También es cierto que, en función de cómo se mire, los decretos se han convertido en una «artimaña» de Sánchez para engrosar las bajas cifras de leyes aprobadas en esta legislatura. Así, de las 48 leyes ordinarias que se han aprobado desde el inicio (diciembre de 2019), una tercera parte procede de decretos.