Podemos presiona a Sánchez con cuatro leyes hasta el 31 de diciembre

“Es uno de los periodos más decisivos de la legislatura”. Con estas palabras, el portavoz de Podemos, Pablo Echenique, quiso ayer poner de relieve que los próximos cuatro meses van a ser muy importantes en el Congreso, una línea también marcada por PNV y Esquerra, que han exigido que el Gobierno cumpla con sus compromisos antes del 31 de diciembre porque dan por hecho que el próximo año será más complicado por las diversas citas con las urnas. Cabe matizar que la agenda de Podemos sí tiene visos de que pueda avanzar en medio del ciclo electoral de 2023 bastante más que la ERC y PNV, que es más peliaguda para el PSOE porque se abordan cuestiones más impopulares (reformas legales para desactivar los problemas con la justicia del independentismo o el traspaso de competencias para el País Vasco).

En cualquier caso, Echenique puso nombre a las cuatro exigencias legislativas de aquí a final de año: derogar la ley de seguridad ciudadana (rebautizada como ley mordaza por sus detractores); la ley de vivienda; la ley trans; y, la reforma de la ley del aborto. Las dos primeras llevan ya mucho tiempo atascadas en el Congreso y los morados piden acelerarlas lo máximo posible: de hecho, Echenique pidió que estén aprobadas antes que se entre a negociar seriamente los presupuestos. Esto significa que en el próximo mes deberían de avanzar a pasos agigantados ambas normas.

Ambas leyes son banderas de Podemos a pesar de que ninguna de ellas esté impulsada por los morados. La reforma de la ley de seguridad ciudadana lleva el sello del PNV como proposición de Ley mientras que la de vivienda corresponde al ministerio de Transportes de Raquel Sánchez. Con la de vivienda se pretende regular los precios del alquiler, aunque el alcance genera diferencias entre los socios de Gobierno (por ejemplo, si se aplica solo a grandes propietarios o también a pequeños).

Esas cuatro leyes se antojan esenciales para Podemos, pero también aparecen en el horizonte multitud de medidas relacionadas con la situación de emergencia económica que ha surgido tras la pandemia y la guerra de Ucrania, que ha situado la inflación por encima del 10%. En este sentido, Yolanda Díaz ha iniciado pasos para tratar de limitar precios, un planteamiento que puede convertirse en una exigencia irrenunciable en las próximas semanas para los morados por el vuelo que ha tomado y que puede generar un problema en el Gobierno dada la división que se ha visto con el PSOE. También es cierto que habrá que ver hasta qué punto dado que es una bandera que ha empuñado Díaz y las diferencias con Podemos también pueden hacerse notar a la hora de que los morados cierren filas con la vicepresidenta.

Mientras Podemos exige esas cuatro leyes, Esquerra también aspira a acelerar la actividad legislativa en el ámbito de la desjudicialización: es decir, hacer reformas para dar una salida a los independentistas con problemas con la Justicia. Aunque los republicanos quieran evitar mencionarlo, uno de sus objetivos es que con la reforma del delito de sedición, sea más accesible el retorno de Carles Puigdemont, que ha ido perdiendo proyección, pero su figura puede resurgir en cualquier momento. Más teniendo en cuenta que dentro de poco se puede acabar decidiendo su entrega a España. El expresident, en prisión, podría hacer tambalear la estabilidad que busca Pere Aragonès en Cataluña para afianzarse como presidente de la Generalitat.

El PNV también exige cumplimientos, aunque su carpeta está enfocada al autogobierno vasco. En este sentido, los nacionalistas vascos buscan acelerar la transferencia de competencias que todavía quedan (se habían programado 32 en un acuerdo de febrero de 2020 y tenían que estar completamente materializadas en diciembre de 2021, pero siguen incompletas).