Los exjefes de ETA investigados por el atentado de Santa Pola esgrimen el Covid para declarar por videoconferencia

Los exjefes de ETA investigados, tras una querella de Dignidad y Justicia (DyJ), por el atentado contra el cuartel de la Guardia Civil en Santa Pola (Alicante) cometido el 4 de agosto de 2002 han pedido a la Audiencia Nacional declarar por videoconferencia desde prisión (en el caso de los que cumplen condena) o desde los juzgados de San Sebastián el próximo 3 de octubre, cuando están citados como investigados por el juez Manuel García Castellón.

En el atentado con coche bomba -del que el pasado agosto se cumplieron veinte años- murió una niña de seis años, Silvia Martínez Santiago, y Cecilio Gallego, de 57, que esperaba el autobús junto a la casa cuartel del municipio. Además, 56 personas resultaron heridas y la explosión causó más de seis millones de euros en daños materiales.

En los escritos remitidos al instructor, a los que ha tenido acceso LA RAZÓN, el abogado de cinco de los exdirigentes etarras investigados -Juan Antonio Olarra Guridi; Ainhoa Múgica Goñi; Mikel Albisu, “Mikel Antza”; Ramón Sagarzazu y María Soledad Iparraguirre, “Anboto”-, esgrime la “situación sanitaria actual” causada por la Covid-19 y la necesidad de “garantizar el derecho de defensa”, dado que su letrado, Aiert Larrarte, reside en San Sebastián. En particular, respecto a la pandemia aluden a la conveniencia de “evitar situaciones de peligro” motivadas por los traslados de los investigados a la sede de la Audiencia Nacional en Madrid.

Desde las prisiones de Zaballa y Logroño

Olarra Guridi y “Anboto” han solicitado comparecer de manera telemática desde el centro penitenciario de Zaballa (Álava); Ainhoa Múgica, desde la prisión de Logroño; y Ramón Sagarzazu y “Mikel Antza”, desde los juzgados de San Sebastián. Según fuentes jurídicas, el instructor ya ha dado el visto bueno a que los que se encuentran en prisión declaren desde los centros penitenciarios donde cumplen condena y está a la espera de resolver las peticiones del resto de imputados.

Por este doble asesinato fueron condenados en 2012 a 843 años de prisión los integrantes del “comando Argala” Óscar Zelarain y Andoni Otegi como autores materiales del mismo.

Tras analizar el papel que desempeñaban en la cúpula de ETA en las fechas del atentado, detallado en un informe de la Guardia Civil, García Castellón considera que las conclusiones de los agentes “confirman la participación en el atentado terrorista” de los investigados como responsables entonces del “aparato militar” de ETA.

Informe clave de la Guardia Civil

La Guardia Civil expuso que Olarra Guridi y Ainhoa Múgica, como responsables del “aparato militar” de ETA -tras la detención de Javier García Gaztelu, “Txapote” el 22 de febrero de 2001- ejercían la labor de “dirección y control” del “comando Argala”. Hasta su arresto en Francia en septiembre de 2002, se encargaron de “impartir las órdenes para cometer atentados a los comandos que operaban en España”.

Respecto a “Anboto”, que también había formado parte del “aparato militar” (de 1993 a 1998) pero que en la fecha del atentado se encargaba de la tesorería de ETA, el instructor aseguraba que “controló uno de los ámbitos de importante para ETA como fue sus finanzas”, por lo que estaba integrada en el comité ejecutivo de la banda terrorista.

Una participación “activa y solidaria” en las reuniones de la cúpula etarra donde se tomaban las decisiones que también atribuye a Sagarzazu, entonces responsable del “aparato internacional”.

“Campaña de verano” de 2002

Fue en ese comité ejecutivo, al que supuestamente pertenecían los investigados, en el que según la investigación judicial se planificó y coordinó la “campaña de verano” de 2002 en la que se enmarca el atentado de Santa Pola.

“Mikel Antza”, que estaba al frente del “aparato político” (desde 1994 hasta su detención en octubre de 2004) era, subrayaba el instructor en la resolución en la que acordaba la imputación de los seis exjefes de ETA, el encargado de definir la línea “política” de la organización y de aprobar, “en el seno del máximo órgano de dirección de ETA”, la estrategia que en cada momento debiera determinar la consiguiente “acción militar”.

Del mismo modo, según García Castellón, Félix Ignacio Esparza, responsable del “aparato logístico” entre septiembre de 2001 y abril de 2004, cuando fue detenido en Saint Paul les Dax (Francia), fue corresponsable de las decisiones adoptadas en el seno de la Zuba o comité ejecutivo de ETA.