La Audiencia amplía el frente judicial contra la cúpula de ETA: imputa a seis exjefes por el atentado de Santa Pola

La Audiencia Nacional amplía el frente judicial contra la excúpula de ETA. El juez Manuel García Castellón ha imputado a seis exjefes de la banda terrorista por el atentado cometido el 4 de agosto de 2002 contra el cuartel de la Guardia Civil en Santa Pola (Alicante) en el que murió una niña de seis años y un hombre que esperaba el autobús junto a la casa cuartel del municipio.

Tal y como ha adelantado LA RAZÓN, el magistrado ha acordado la citación como investigados de Juan Antonio Olarra Guridi, Ainhoa Múgica Goñi, Félix Ignacio Esparza, Mikel Albisu “Mikel Antza”, Ramón Sagarzazu y María Soledad Iparraguirre, “Anboto”. García Castellón sostiene que las conclusiones del informe de la Guardia Civil que solicitó para esclarecer la pertenencia al comité ejecutivo de ETA de los seis exdirigentes etarras contra los que se querelló por estos hechos Dignidad y Justicia (DyJ), “confirman la participación en el atentado terrorista” de todos ellos “como responsables del “aparato militar” de ETA en el momento de los hechos y, por todo ello, deben ser todos ellos llamados a declarar en calidad de investigados” en una fecha aún por determinar.

Ese informe analiza varios documentos manuscritos que evidencian, según el juez que Olarra Guridi y Ainhoa Múgica, como responsables del “aparato militar” de ETA, “ejercían la labor de dirección y control” del “comando Argala”, cuyos integrantes fueron los autores materiales del atentado. Ambos asumieron ese cometido tras la detención de Javier García Gaztelu, “Txapote”, el 22 de febrero de 2001, encargándose ambos a partir de entonces (hasta que fueron detenidos en Francia en septiembre de 2002) de “impartir las órdenes para cometer atentados a los comandos que operaban en España”.

Participación “activa y solidaria”

De “Anboto” -una de las responsables del “aparato militar” entre 1993 y 1998, fecha a partir de la cual se encargó de otros cometidos dentro de la organización criminal- asegura el instructor que “como dirigente de ETA que controló uno de los ámbitos de importante para ETA como fue sus finanzas, estaba integrada en el comité ejecutivo en la fecha del atentado contra el cuartel de la Guardia Civil de Santa Pola”.

Algo similar asegura de Ramón Sagarzazu, “Ramontxo”, entonces responsable del “aparato internacional”, quien como miembro del comité ejecutivo -recalca- “participaba de forma activa y solidaria” en las reuniones de la Zuba, “el núcleo decisorio donde ETA ideó, planificó y coordinó la “campaña de verano” del año 2002 y eligió al comando encargado de llevarla a cabo, campaña en la que se enmarca el atentado”.

Y es que García Castellón hace hincapié en que el Comité Ejecutivo funcionaba “de forma colegiada”, y en su seno se adoptaban las decisiones “estratégicas y en ocasiones tácticas de mayor relevancia”, incluido “el diseño, la planificación, la coordinación, dirección y en ocasiones también la autorización de ciertos atentados terroristas que eran materializados por los comandos operativos”.

Aprobaban la estrategia “militar”

En cuanto a “Mikel Antza”, el instructor asegura que como responsable del “aparato político” de ETA desde 1994 hasta su detención en octubre de 2004 -e integrante por tanto de la Zuba- “era de su competencia participar en la definición de la línea “política” más adecuada en cada coyuntura y aprobar, en el seno del máximo órgano de dirección de ETA, la estrategia que en cada momento debiera determinar la consiguiente acción “militar””.

Idénticos argumentos utiliza para situar en la cúpula de ETA en la fecha de los atentados a Félix Ignacio Esparza, responsable del “aparato logístico” entre septiembre de 2001 y abril de 2004, cuando fue detenido en Saint Paul les Dax (Francia).

Uno de los documentos analizados por la Guardia Civil en su informe es “un estadillo o inventario” de militantes de ETA con referencia al “comando” en el que estaban integrados, un texto que un informe pericial de la Policía atribuye a Olarra Guridi. Entre esos “comandos” se encuentra el que consta como “Ti Argala”, en referencia al “comando Argala”, junto al que Olarra Guridi anotó el número 2, presumiblemente por los dos etarras integrados en el mismo: Óscar Zelarain y Andoni Otegi, condenados como autores materiales del atentado.

Otro documento también atribuido a Olarra Guridi es una autocrítica en la que “transmitía a sus colaboradores más directos” de la estructura del “aparato militar” de ETA los datos más urgentes “con objeto de minimizar las consecuencias de su propia detención”

A punto de cumplirse veinte años

El instructor acuerda la medida cuando apenas resta una semana para que se cumplan veinte años de la acción criminal, por lo que el auto de imputación impide que los hechos prescriban y no se pueda actuar penalmente contra sus responsables. Y más tras el cambio de criterio de la Fiscalía en la causa en la que se investiga el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, en la que tras mantener que el plazo de prescripción empieza a contar desde la detención del investigado (pues hasta entonces no estaba a disposición de la Justicia española), defiende que ese cómputo debe hacerse desde el momento de comisión de los hechos.

No obstante, apuntan fuentes jurídicas, el Tribunal Supremo tiene establecido que una vez admitida la querella e incoada una causa penal contra el querellado por su participación en los hechos que se le imputan, la prescripción queda interrumpida sin necesidad de auto de imputación formal, por lo que en este caso -al margen de divergencias jurídicas sobre el cómputo de la prescripción, ese plazo de veinte años ya se habría interrumpido.

Por este atentado ya fueron condenados a más de 800 años de cárcel los etarras Óscar Zelarain y Andoni Otegi, autores de la acción criminal que costó la vida a Cecilio Gallego y a la pequeña Silvia Martínez por la explosión de un coche-bomba con 100 kilos de explosivos que los terroristas hicieron estallar sin previo aviso junto a la valla del acuartelamiento de la Guardia Civil, causando además 56 heridos y daños materiales por valor de seis millones de euros.

Ambos terroristas llevaban alojados desde el 28 de julio en el cercano camping Bahía, donde se registraron con identidad falsa. Ya en Santa Pola, se dedicaron a grabar imágenes del cuartel antes de cometer el atentado. De hecho, tras ser detenidos el 20 de septiembre de 2002 en la localidad francesa de Bagneres de Luchon, se les incautó una cinta de vídeo con imágenes de las viviendas objetivo del atentado, así como la documentación falsa que habían utilizado y un croquis de los cuarteles de Alicante y Torrevieja.