El juez reclama los informes policiales sobre el asesinato de dos guardias civiles en Sangüesa en 2003

La Audiencia Nacional ha reclamado a Policía y Guardia Civil los informes que les pidió el pasado junio sobre los supuestos vínculos de ocho exdirigentes de ETA con el atentado en el que fueron asesinados los policías Julián Embid y Bonifacio Martín Hernández el 30 de mayo de 2003 en Sangüesa (Navarra).

En una providencia a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, el juez Santiago Pedraz (en sustitución de su compañero Alejandro Abascal, que investiga los hechos) accede así a la petición de Dignidad y Justicia (DyJ), que instó al instructor a dar un “impulso” procesal a la causa. Y es que desde que el pasado 7 de abril Abascal admitiera a trámite la querella de la asociación que preside Daniel Portero, la investigación no ha avanzado a la espera del resultado de esos informes, solicitados el pasado 20 de junio. En esa resolución, el magistrado acordó remitir sendos oficios a la Guardia Civil y a la Comisaría General de Información “para que den cuenta del estado de cumplimiento de los informes requeridos”.

Lo cierto es que con media docena de investigaciones abiertas contra exjefes de ETA para esclarecer su responsabilidad en varios atentados, y las consiguientes peticiones de informes, a las Fuerzas de Seguridad se les acumula el trabajo a la hora de elaborar unos documentos tan exhaustivos como extensos en relación con cada uno de los exdirigentes etarras investigados y al férreo control que ejercía la Zuba o comité directivo de ETA respecto a los “comandos” y a la elección de los objetivos. De hecho, el propio instructor reconocía en esa petición de informes “la gran carga de trabajo y meritorio esfuerzo” de Policía y Guardia Civil “en relación a ésta como a otras causas reabiertas en el último año”.

“Txeroki”, “Anboto” y “Mikel Antza”, investigados

Tras la querella de DyJ, en esta causa están investigados los exjefes de ETA Ibon Fernández de Iradi, “Susper”; Gorka Palacios; Garikoitz Aspiazu, “Txeroki”; Aitzol Iriondo; Félix Ignacio Esparza; Mikel Albisu, “Mikel Antza”; Ramón Sagarzazu y María Soledad Iparraguirre, “Anboto”.

En esa misma providencia, el juez acuerda que se incorpore al procedimiento el informe de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo del pasado abril que insta a España a investigar los atentados de ETA como crímenes contra la humanidad, “incluso antes de 2004″ (cuando entró en vigor en nuestro país esa figura penal) para luchar contra la impunidad del 44% de asesinatos de la banda terrorista (379) que siguen sin resolver.

Según fuentes jurídicas, Abascal reclamará también en los próximos días los informes policiales sobre la presunta responsabilidad de cuatro exdirigentes etarras -además de “Txeroki” y Aitzol Iriondo, Mikel Carrera Sarobe, “Ata”, y Ainhoa Ozaeta- en un atentado de ETA con coche-bomba contra una comisaría de la Ertzaintza en Ondarroa (Vizcaya), cometido el 21 de septiembre de 2008.

Su función, “decisiva y necesaria”

DyJ ha instado asimismo al juez Pedraz a que reactive la investigación contra once antiguos dirigentes etarras por el asesinato del magistrado del Tribunal Supremo José Francisco Querol el 30 de octubre de 2000 en Madrid, también pendiente de unos informes que el magistrado solicitó en diciembre del pasado año.

En la resolución en la que acordó admitir a trámite la denuncia, Abascal señalaba que la función de la cúpula de ETA para que se llegase a realizar una acción terrorista era “decisiva y necesaria”, y hacía hincapié en el “relevante papel desempeñado” en ETA por los ocho querellados, “y más concretamente en su comité ejecutivo, en relación con las órdenes para preparar y ejecutar el atentado”.

En la querella,el abogado de DyJ Miguel Ángel Rodríguez Arias hace referencia a los que denomina los “meses del Titadyne”, el periodo comprendido entre el 30 de mayo y el 26 de diciembre de 2003, cuando se produjeron, recuerda, “al menos 18 atentados con Titadine en seis meses, uno cada diez días en algún lugar de España” (en el caso de Sangüesa, utilizando una fiambrera-bomba), una secuencia criminal que según exponía el letrado “señala en primer lugar a la”, que integraban los ocho investigados, “al mostrar cómo ésa fue su estrategia y a la que lo apostó todo: una interminable secuencia de atentados bomba”.

El letrado de la asociación de víctimas exponía que el atentado de Sangüesa es “particularmente sensible”, pues -recordaba- “dos víctimas mortales y sus familias han venido quedando en una situación particularmente grave de total impunidad sostenida durante ya 19 años tras el asesinato de los dos valientes agentes de Policía Nacional”. Y llamaba la atención sobre el hecho de que “ningún autor ha sido condenado hasta la fecha, ni como autor material ni como autor mediato, ni en ningún otro término tras todo este largo tiempo”, por lo que solicitaba un “impulso procesal” reiterando su remisión a Policía y Guardia Civil