La reforma de la sedición enfría el relevo en el TC

La anunciada reforma exprés del delito de sedición –sorteando el informe preceptivo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)– complica aún más el proceso de renovación del Tribunal Constitucional (TC) por parte del órgano de gobierno de los jueces. Los vocales comisionados por uno y otro bloque para poner nombre y apellidos a los dos magistrados que –junto a los otros dos que designará el Gobierno– constatarán un tribunal de garantías de mayoría progresista, se reúnen de nuevo mañana. Pero, como ha sucedido en los encuentros anteriores, no se espera que esta nueva reunión alumbre los nombramientos.

En primer lugar, está por ver si los nueve vocales del grupo conservador superan sus reticencias respecto a la candidatura del magistrado del Tribunal Supremo José Manuel Bandrés, avalado por el sector progresista (y que cuenta con el aval de Moncloa).

Pero a esas suspicacias (los vocales conservadores llegaron a referirse a él como un candidato «gubernamental», se une ahora la anunciada liquidación del delito de sedición, que el Ejecutivo de Pedro Sánchez quiere equiparar con unos desórdenes públicos agravados. Una senda que puede seguir también otro de los delitos por los que fueron condenados los principales líderes del proceso independentista en Cataluña: el de malversación (como reclaman ya Podemos y ERC, un guante que ya ha recogido el ministro de Presidencia, Félix Bolaños).

“Esto no ayuda”

«Nuestra decisión se toma en un contexto, en una determinada atmósfera, y si esa atmósfera está más saturada, influye. No hay compartimentos estanco y esto no ayuda», apuntan fuentes del bloque mayoritario.

En todo caso, esas mismas fuentes dejan claro que «el proceso de nombramiento de los dos magistrados del Tribunal Constitucional sigue adelante». «Tenemos que hacer unos nombramientos –matizan no obstante– pero tenemos que hacerlos mediante una valoración más exhaustiva si cabe a la vista de esta situación, que añade más desconfianza». En todo caso, señalan, el objetivo es llevar a cabo unos nombramientos «que no impliquen el tan criticado reparto de cromos. Se trata de elegir a los mejores. Eso es fundamental».

De momento, el sector conservador tampoco tiene previsto llevar a la reunión de mañana (la segunda después de que se retomarán las conversaciones tras saltar por los aires la negociación entre PSOE y PP para renovar el CGPJ) un candidato que confrontar con Bandrés. Aunque han aflorado nombres de supuestos aspirantes (tras sucesivas negativas de magistrados del Tribunal Supremo como Manuel Marchena, Pablo Llarena o Antonio del Moral), los vocales conservadores prefieren no soltar prenda para no «quemar» a su candidato.

Respuesta a la reforma que limita sus funciones

Ese «contexto» al que aluden fuentes del bloque conservador incluye también la respuesta del CGPJ a la reforma impulsada por PSOE y Unidas Podemos que, desde marzo del pasado año, impide al órgano de gobierno de los jueces hacer nombramientos mientras se encuentre en funciones (como sucede desde hace casi cuatro años).

De hecho, nueve vocales conservadores ya han reclamado al Ejecutivo de Pedro Sánchez que derogue la polémica medida (con le que el Gobierno pretendía forzar al PP a negociar la renovación del Consejo). Y, tal y como pusieron de manifiesto en su última reunión, la pretensión del sector mayoritario es que todos los vocales suscriban «un comunicado conjunto reclamando el restablecimiento de las competencias institucionales del CGPJ mientras no se produzca su renovación».

No en balde, el número de vacantes en la cúpula judicial se aproxima ya a las 70, con especial incidencia en el Tribunal Supremo, donde ya hay 17 plazas sin cubrir (que serán una veintena a final de año).