El TC pide más tiempo para pronunciarse sobre la reforma que impide los nombramientos del CGPJ

El Tribunal Constitucional (TC) es «consciente» de la situación que atraviese la cúpula judicial ante la imposibilidad de que se cubran las vacantes al estar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones, pero reclama más tiempo para pronunciarse sobre los recursos que PP y Vox interpusieron –en mayo y abril del pasado año, respectivamente– contra la reforma legal apadrinada por PSOE y Podemos que desde marzo de 2021 impide al Consejo hacer nombramientos.

Una iniciativa que buscaba forzar al PP a negociar la renovación del órgano de gobierno de los jueces pero que inevitablemente ha disparado el número de vacantes judiciales sin cubrir: ya son casi 70, con especial incidencia en el Tribunal Supremo (que sumará a una veintena de nombramientos pendientes a final de año).

A la espera de que el TC se pronuncie sobre la constitucionalidad de la medida (los recursos no fueron admitidos a trámite hasta septiembre de 2021, aunque un recurso de inconstitucionalidad no suele tardar más de 15 días en llevarse a Pleno desde su interposición), fuentes de la institución apuntan que las ponencias –de las que se encargan los magistrados progresistas Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer– están «avanzadas», pero añaden que hace falta aún «un tiempo» para el «examen y reflexión» de la modificación legal que sí permite al CGPJ poder nombrar a los jueces del TC pendientes de renovación.

De “máxima urgencia” para González-Trevijano

Según esas mismas fuentes, en noviembre del pasado año, nada más ser elegido presidente Pedro González-Trevijano trasladó al Pleno que llevar los borradores de las dos sentencias era un asunto de la «máxima urgencia». De hecho, apuntan, el pasado marzo, tras abordar antes el TC las recusaciones de algunos magistrados que impedían decidir «los más importantes asuntos del tribunal» y de resolver los recursos de los condenados en el juicio del «procés», tanto el presidente como los dos ponentes «se ratificaron» en la decisión de llevar los borradores al Pleno en junio o julio «si el Consejo no hubiera recuperado entonces sus competencias o no hubiera acuerdo político sobre la renovación de sus miembros».

El TC afirma que «era consciente de que no podía diferir sine die tan importante asunto y de que no podía ser responsable paralelamente de la imposibilidad de nombramiento de sus dos propios magistrados por el Consejo General del Poder judicial».

Pero una vez el Gobierno enmendó en julio su propia reforma, para dejar al CGPJ elegir a los dos jueces del TC que le corresponden, y se reanudaron las negociaciones entre PSOE y PP para renovar el Consejo, en el TC «se decidió, como se ha hecho siempre, no interferir –de acuerdo con la práctica inveterada en estos cuarenta años– en los procesos de negociación política o en los procesos electorales pendientes».