El plan de Feijóo lleva a Sánchez a chocar con la UE

Con la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de paralizar la reforma judicial del Gobierno de coalición el PP ha ganado esta partida al PSOE y a sus aliados. La mayoría parlamentaria tiene difícil salida del callejón en el que se ha metido, más allá de recuperar la propuesta que mantiene Unidas Podemos para rebajar la mayoría necesaria para elegir a los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El PP cree que la decisión del Constitucional deja al PSOE sin posibilidad de continuar con su «asalto» a la Justicia, salvo que se enfrente con la Unión Europea y recupere la propuesta que en octubre de 2020 registraron por primera vez los grupos del PSOE y Podemos para rebajar la mayoría parlamentaria para elegir a los vocales del CGPJ.

El rechazo de Bruselas a esta reforma, cuando lo que nos está pidiendo es que se avance hacia una mayor despolitización de la Justicia, llevó al PSOE a aparcar aquella iniciativa, en la que también se proponía limitar las funciones del órgano de gobierno de los jueces, una vez que hubiera cumplido su mandato. Esta parte sí que la acabaron tramitando, y aprobando, sin el apoyo del PP.

Esta propuesta, que sigue siendo la que defiende Podemos, aboga por que los vocales judiciales del CGPJ puedan ser elegidos con una mayoría absoluta en lugar de con los 3/5 del Congreso y el Senado que ahora exige la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Eso sería posible mediante una nueva redacción del artículo 572 de la ley. «Cada una de las Cámaras elegirá, en votación única y por mayoría de tres quintos de sus miembros, a seis candidatos provenientes de la carrera judicial entre aquellos que cumplan con los requisitos establecidos en el presente título. Si en la primera votación alguna de las Cámaras no alcanzase la mayoría requerida, se procederá a efectuar una nueva votación, cuarenta y ocho horas después, en la que la Cámara correspondiente elegirá los seis vocales del turno judicial por mayoría absoluta».

Los estrategas jurídicos del principal partido de la oposición sostienen que, en la medida en que en el Consejo se mantenga el bloqueo sobre la renovación del TC, supuesto que dan por hecho, a Sánchez solo le queda esta vía de escape para seguir adelante con sus planes, pero es un camino que le coloca frente a Europa.

El grupo jurídico del PP asegura también que Sánchez tiene muy difícil sacar adelante sus objetivos por la vía de presentar una nueva proposición de ley e iniciar el trámite de una cuestión que ya sido votada en la Cámara Baja., a no ser que utilice para ello «la triquiñuela» de que sea otro grupo de la mayoría de investidura el que ponga en marcha el procedimiento. En todo caso, el PP cree que el plan del Gobierno de «taponar» antes de enero todos sus «agujeros negros» ha decaído, y tendrá que habilitar ese mes, en principio inhábil desde el punto de vista parlamentario, para tramitar su alternativa al procedimiento tumbado por el Constitucional

Si desde un primer momento el Gobierno hubiera evitado colgar de la reforma del Código Penal, para derogar el delito de sedición y rebajar la malversación, la reforma de las leyes que regulan el TC y el CGPJ, no habría dado oportunidad a que el PP presentase su recurso de amparo ante el tribunal de garantías.

El PP también da por descontado que el Gobierno, elija el camino que elija, volverá a usar la vía de que sean los grupos parlamentarios quienes registren la propuesta, para que su aprobación sea más rápida y no requiera de los informes preceptivos del propio CGPJ, el Consejo de Estado y el Consejo Fiscal, que sí harían falta en caso de partir la iniciativa de reforma del Gobierno.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, exigió ayer a Sánchez que renuncie a su reforma unilateral del Código Penal si quiere renovar el Poder Judicial. También exigió al presidente del Gobierno que frene la escalada verbal contra las instituciones judiciales y contra el sistema que nació con la Transición. «Basta ya de impugnar el sistema que ha traído a nuestro país los 40 años de mayores libertades y prosperidad económica».

En ese sentido, el jefe de la oposición instó a Sánchez a reunirse con él para que, como representantes de los dos principales partidos nacionales, lleguen a un acuerdo sobre la reforma del Código Penal, sin rebajar las penas para los delitos. También se puso a disposición de Sánchez para llegar a acuerdos de Estado, pero esto exige que renuncie a los planes que tiene concertados con Podemos y el independentismo.

«Haré todo lo posible para defender al Estado en todo momento, la democracia española de forma permanente y para garantizar la independencia del poder judicial».

Feijóo se presentará a las elecciones generales con una oferta de recuperación de los grandes consensos de Estado con el PSOE, con la salvaguarda de que para que esto sea posible defenderá un PSOE que deje de estar en manos del «sanchismo».

El líder popular insistió en que hará todo lo posible para garantizar la independencia judicial. «No podemos decir que estamos a favor de la independencia judicial y en otra ley derogar las sentencias del TS. No podemos estará a favor de la despolitización de la Justicia y en otra ley dejar a los políticos condenados por el Supremo el bolígrafo para redactar los propios delitos que han cometido».

En una comparecencia en la sede nacional del partido, Feijóo acusó al presidente del Gobierno de estar deshonrando a la democracia española con sus cesiones al independentismo, y denunció la «obsesión» de Pedro Sánchez por controlar todas las instituciones del Estado, como la Fiscalía, el CIS o el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).