Los conservadores del CGPJ buscan arañar un voto para renovar el TC

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tiene hoy una nueva oportunidad para desencallar la ansiada renovación del Tribunal Constitucional (TC). Por segunda vez en una semana, el Pleno del órgano de gobierno de los jueces se reunirá con el relevo del tribunal de garantías como objetivo. Y de nuevo con tres nombres sobre la mesa, aunque con un mínimo cambio de cromos.

Los 18 vocales deberán pronunciarse sobre los dos candidatos avalados por seis de los diez consejeros conservadores –César Tolosa, presidente de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, y María Luisa Segoviano, exmagistrada del alto tribunal, que hasta el pasado octubre presidió la Sala de lo Social– y, también, en relación a la propuesta progresista, el también magistrado del Supremo José Manuel Bandrés.

La candidatura de Bandrés sigue siendo un obstáculo insalvable para la mayoría conservadora, que lo considera una apuesta de Moncloa. De ahí que los vocales de la mayoría hayan intentado –primero con Pablo Lucas, el magistrado del Tribunal Supremo encargado del control judicial del CNI, y ahora con Segoviano, la única mujer que ha sido presidenta de Sala en la historia del alto tribunal– fracturar el voto del sector progresista para desbloquear la renovación del TC –pendiente desde el pasado 12 de junio– sorteando la designación de Bandrés.

En el Pleno celebrado la pasada semana no lo consiguieron (cada consejero puede votar a dos candidatos). Tolosa y Lucas obtuvieron diez votos cada uno (a solo un apoyo de la elección, pues se necesitan 3/5 para que haya fumata blanca) y Bandrés, siete. No hubo fuga de votos ni en uno ni en otro bloque.

No respaldó la última propuesta

Pero en esa ocasión no participó en la votación el vocal Enrique Lucas, que se abstuvo al estar incluido entre los aspirantes su hermano Pablo Lucas, a quien los vocales progresistas incluyeron entre una primera lista de nueve candidatos, luego reducida a tres (entre los que seguía estando el juez que supervisa la actuación del CNI) antes de decantarse definitivamente por Bandrés.

Ahora, Lucas sí podrá votar, por lo que su voto puede resultar decisivo para desbloquear la renovación del Constitucional. Quienes confían en que así sea ven significativo que Lucas fuera el único vocal del sector progresista que no volvió a proponer la candidatura de José Manuel Bandrés horas después de que los conservadores forzaran la convocatoria del Pleno de hoy poniendo de nuevo sobre la mesa el nombre de César Tolosa, ahora junto al de María Luisa Segoviano.

Una posible disconformidad con sus compañeros por parte del vocal, que fue elegido a propuesta del PNV, en la que otras fuentes consultadas solo advierten un adarme de prudencia con el que marcar distancias con un proceso de designación con su hermano como uno de los protagonistas.

“Una cuestión vital”

«La posición de Lucas no es cómoda», apuntan fuentes del Consejo General del Poder Judicial en relación a esta nueva votación. Otras fuentes de la institución no dudan en referirse a su posicionamiento en el Pleno como «una cuestión vital». Y aseguran que deberá debatirse entre la decepción al constatar «de forma indudable» que sus compañeros progresistas «no votan a su hermano» y la certeza de que, si apoya la opción conservadora, «tendría que votar en contra del Gobierno de coalición sustentado por el PNV». Dejando fuera del TC, por tanto, a Bandrés, señalado como candidato «gubernamental» desde el sector mayoritario del Consejo.

En todo caso, lo cierto es que si los diez vocales conservadores vuelven a votar en bloque (los diez apoyos a Tolosa están garantizados y los de Segoviano dependerán de la posición que adopten los cuatro vocales conservadores que no han respaldado esa candidatura solicitando la convocatoria del Pleno extraordinario), el voto de Lucas puede terminar siendo determinante (salvo que, de forma sorpresiva, decidiese de nuevo abstenerse de la votación al entender que sigue teniendo un interés directo al estar su hermano en esa carrera hacia el TC).

Bandrés, en todo caso, tiene una ventaja indudable: el tiempo corre a su favor. Cuando se apruebe la reforma del Gobierno que rebaja las mayorías necesarias para renovar el TC –una tramitación parlamentaria ahora suspendida cautelarmente por el propio tribunal de garantías, pero que el Ejecutivo de Pedro Sánchez quiere retomar inmediatamente subsanando los reparos del Constitucional–, su nombramiento está garantizado.

Reforma paralizada por el TC

Y es que las modificaciones que introducen esas dos enmiendas paralizadas permiten sacar adelante la renovación con una mera mayoría simple en el CGPJ (los dos candidatos más votados en una única votación resultan elegidos automáticamente), despejando también la toma de posesión de los dos candidatos designados por el Gobierno, que ya no tendrán que esperar a que el CGPJ elija a los suyos ni recabar el plácet del Pleno del TC sobre su idoneidad para el cargo.

Por lo tanto, si la reforma entra en vigor sin que los vocales del CGPJ se hayan puesto de acuerdo, los dos candidatos del Gobierno –el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la que fuera alto cargo de Moncloa Laura Díez– tomarán posesión como nuevos magistrados del TC de forma inmediata y la elección de los otros dos magistrados avalados por el CGPJ se produciría de forma exprés, implantando en el TC una mayoría progresista para los próximos nueve años (el Constitucional se renueva por tercios, de cuatro en cuatro magistrados, cada tres años).

Esta circunstancia ha hecho que las tornas hayan cambiado en el seno del CGPJ, donde quienes ahora tienen prisa por renovar el Constitucional son los vocales conservadores, a los que sus compañeros progresistas han acusado de bloquear ese procedimiento de elección desde el pasado septiembre.

Cuando se lleve a cabo el relevo en el TC, abandonarán la institución tanto su actual presidente, Pedro González-Trevijano, y el también magistrado conservador Antonio Narváez (ambos designados por el Gobierno de Mariano Rajoy), como el vicepresidente, Juan Antonio Xiol, y el magistrado Santiago Martínez-Vares.