El Supremo pide auxilio Parlamento porque la situación de las vacantes de jueces es “insostenible”

La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo pide al Parlamento que de una solución “inmediata” al tribunal que tendrá este año el 30% de vacantes en puestos de jueces debido a la limitación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de nombrar reemplazo. El Alto Tribunal habla de “situación insostenible” y propone dotar de 15 plazas más para letrados del gabinete técnico. El grave retraso en miles de resoluciones abocaría al “colapso” de las dos salas más afectadas, advierten.

En un comunicado remitido desde el Tribunal y acordado por “unanimidad” entre sus magistrados se pide al órgano de gobierno de los jueces que inste al Congreso y al Senado a dar el “imprescindible remedio inmediato” porque desde que en 2020 se limitara la capacidad de nombramiento del CGPJ todos los jueces que se han ido jubilando o que han fallecido no han sido relevados. Así las cosas las Salas con una situación más “crítica” son la Sala de lo Social y la de lo Contencioso Administrativo cuyos dos presidentes, por cierto, han sido designados magistrados del Tribunal Constitucional -Mª Luisa Segoviano y César Tolosa, respectivamente- dejando la presidencia vacante. Además, la propia presidencia del Supremo también está representada de forma interina después de que Carlos Lesmes dimitiera precisamente por el bloqueo de los políticos para renovar el CGPJ, que es germen del problema.

Esta imposibilidad legal de que en el Tribunal se cubran las plazas supone que actualmente falten 19 togados de la plantilla de los 79 totales que hay, es decir, un 24% vacío. Pero los jueces añaden que en los próximos meses de 2023 el número ascenderá a 24 sillas desocupadas lo que es algo más del 30% del Supremo. En concreto, la Sala de lo Social tiene cinco vacantes de una plantilla de 13, mientras que la de lo Contencioso-Administrativo (que es la más numerosa del edificio) suma ya 10 plazas libres de los 33 magistrados que son.

Por eso, la solución temporal que solicitan es la dotación de ocho letrados en el gabinete técnico de la Sala Tercera y otros siete para la Sala cuarta “para ser cubiertas preferentemente por magistrados”, plantean. Estos letrados trabajan con los jueces “titulares” en el análisis de la jurisprudencia y la preparación y redacción de las sentencias, si bien no deliberan ni firman la decisión final.

Igualmente pide que para la Sala primera, la de lo Civil, se prorroguen las medidas de refuerzos que ya están adoptadas, que son unos nueve letrados en total. Con dos vacantes en la plantilla y diez magistrados en total, esta Sala sumará un nuevo despacho vacío en marzo.

Menos de 1.000 sentencias al año

Por eso, el gabinete técnico del Tribunal ha realizado un informe sobre el impacto de la actividad en cada una de las cinco salas que tienen vacantes. Los letrados estiman que en 2023 solo en las dos salas más afectadas se dictarán al año unas 1.230 sentencias menos. La Sala de lo Contencioso restará 570 fallos y la de lo Social 660, “con el grave perjuicio para el justiciable que eso supone”, reivindica el comunicado.

La Sala de Gobierno considera necesario que el Parlamento establezca un “remedio inmediato de este estado de cosas y promueva cualesquiera otras iniciativas a fin de impedir que empeore”. Asimismo, el informe destaca que “con una situación de la que el TS no es en ningún caso causante, sino víctima directa, se hace necesario articular algún sistema que permita superar las dificultades existentes y resolver los recursos en plazos razonables, para no causar mayores perjuicios a los ciudadanos, que confían en la Justicia y esperan la resolución de sus pretensiones sin dilaciones indebidas”.