La inversión en cooperación crece, pero sigue lejos de la media europea

En Guinea-Bissau, excolonia lusa donde todavía se escucha el portugués, viven dos millones de habitantes con tan solo 750 euros de PIB per cápita. Es uno de los diez países más pobres y frágiles del mundo y hace unos meses un difuso grupo de soldados, paramilitares y rebeldes, con cierta vinculación al tráfico de drogas, intentaron dar un golpe de Estado, que fue rápidamente abortado, ya que el país camina por la senda de la estabilidad política. Es por ello, que España ha decidido retomar la ayuda humanitaria al país, que llevaba una década suspendida. A más de 1.200 kilómetros de distancia se ubica Mauritania, un país con grandes retos –como la seguridad alimentaria y el acceso a la salud–, prioritario para España, que lleva ya tres décadas cooperando en el país y que, además, fue visitado por la Reina Letizia. Son solo dos de los 37 países en los que está presente la cooperación española en la actualidad.

La cooperación vuelve, tras años adormecida, a ser un instrumento clave en la política del gobierno. Prueba de ello es que el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha duplicado en dos años el presupuesto destinado a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), ascendiendo en 2023 a 574,63 millones de euros, lo que supone un incremento de 196,25 millones respecto a 2022. Igualmente, y como reflejo del compromiso del Gobierno con la Agenda 2030 la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) de la Administración General del Estado (AGE) asciende del 0,28 % al 0,34 % de la Renta Nacional Bruta, en línea con el objetivo de alcanzar el 0,7 % en 2030. Un meta, que además, está incluida en la nueva Ley de Cooperación.

Sin embargo, y pese al considerable aumento del porcentaje destinado a los países más necesitados, la cifra se sitúa muy por debajo de la media de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Entre los países de la Unión Europea, España se encuentra en la mitad de la tabla, con el 0,26% de sus ingresos destinados a ayuda al desarrollo en 2021. De momento, son solo cuatro los países de la UE que ya han llegado al 0,7% comprometido: Alemania, Dinamarca, Luxemburgo y Suecia. Todavía perdura en el recuerdo de los españoles aquellas impactantes imágenes de miles de personas acampando en el madrileño Paseo del Prado para reclamar que el Estado destinara el 0,7 %PIB en Ayuda Oficial al desarrollo a los países más empobrecidos. Aunque poco queda de aquel espíritu, nadie duda de lo necesario que es ayudar a las naciones con menos recursos para frenar los conflictos bélicos, las hambrunas o desigualdades al tiempo que sirve como una herramienta política.

A día de hoy las regiones receptoras prioritarias de España son América Latina y Caribe, África Occidental y Sahel, y Magreb y Oriente Medio. La ayuda que recibe los distintos países se divide en tres categorías relacionadas con el avance en sus instituciones y el nivel de pobreza. Así, por ejemplo, en la categoría de países de asociación menos avanzados se encuentran estados como Haití, Níger y Senegal o Mozambique. Por otro lado, se ejecutan programas en países de asociación de renta media, que según explica la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), se trata de naciones cuyo desarrollo ha ido evolucionando, y que disponen de un mayor nivel de renta, aunque la pobreza y la desigualdad siguen siendo sus principales retos. En ellos, la cooperación española se centra en la construcción de resiliencia, de manera que pueda avanzarse hacia modelos productivos sostenibles, garantizarse unos servicios sociales de calidad, y se fomente la diversidad, la inclusión y la construcción institucional. Se actúa en países como Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, o El Salvador. Por último, el tercero de los grupos, es el de lo países de cooperación avanzada, donde la estrategia de la cooperación española para estos países que han ido mejorando sus índices de desarrollo se basará en el diálogo avanzado tanto en políticas sectoriales como en esquemas de cooperación técnica e institucional.

Las líneas maestras y estratégicas para los próximos años se recogen en los planes Director. El VI Plan Director se está redactando en estos momentos, no obstante, entre sus ejes figuran la promoción de los derechos humanos, la democracia, la seguridad, el feminismo y la diversidad como referentes.

Cooperación feminista

Desde hace un tiempo, existe un concepto ligado a la cooperación: «feminista». La consecución de la igualdad real entre hombres y mujeres continúa siendo un reto pendiente en muchas partes del mundo. Aunque se han registrado importantes avances en los últimos años, los datos globales alertan de una persistente desigualdad y de un riesgo de retroceso, especialmente tras la pandemia. En este contexto, el gobierno de España ha introducido la igualdad de género como un elemento distintivo de su política exterior. No en vano, según los datos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), las mujeres tienen hasta un 27%más de probabilidad de padecer inseguridad alimentaria. Otro dato, de entre los propietarios de tierras agrícolas, sólo el 13% son mujeres.

¿Cómo se puede reducir estas diferencias a través de la cooperación? En Etiopía, donde más del 90% de las mujeres y niñas son sometidas a mutilación genital, por ejemplo, existe una iniciativa conjunta entre la cooperación española, Medicus Mundi Gipuzkoa y la organización etíope Pastoralist Concern que persigue abordar esta problemática de manera integral en las comunidades pastorales del país. Otro ejemplo fue la celebración de un debate ciudadano acerca de las barreras que impiden la participación política real de las mujeres en Senegal. En Níger, la cooperación española financia un huerto periurbano que mejora la seguridad alimentaria y nutricional de uno de los países más pobres del mundo, al tiempo que empodera a las mujeres.

Presidencia de la UE

Entre los hitos de la cooperación este año está la Ley de Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad Global, que remplaza la de 1998 y, cuyo objetivo, entre otros es profesionalizar al cooperante. Pero, además, durante el segundo semestre del año, España ostentará la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea, una oportunidad para impulsar las prioridades nacionales en Bruselas y ganar visibilidad en el contexto internacional. Con un presupuesto 146 millones y con más de 60 reuniones previstas, la cooperación también tendrá un papel clave en la estrategia, especialmente, de cara al impulso de las relaciones entre la Unión Europea y América Latina, área geográfica en la que España tiene mucho que aportar por sus lazos históricos.