Sánchez pedirá el voto desde la presidencia de la UE

El calendario no es tan flexible como ha querido pensar el Partido Socialista. Las especulaciones sobre la posibilidad de que Pedro Sánchez estire su mandato hasta enero, con el pretexto de la Presidencia española de la Unión Europea, no tienen recorrido si se atiende al criterio fijado por los letrados del Congreso de los Diputados.

A petición de parte, los letrados responden que no se ajusta a derecho retrasar la disolución de las Cortes Generales más allá de la fecha en la que se celebraron las últimas elecciones. Tuvieron lugar el 10 de noviembre de 2019, y, como muy tarde, las próximas pueden convocarse el 9. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General establece que se celebran 54 días naturales después de la publicación del decreto de convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. Si se hacen los cálculos, teniendo en consideración la Navidad y las limitaciones legales que afectan a prolongar el mandato, las cuentas salen para que las elecciones sean el 3 de diciembre o el siguiente domingo, el día 10. Con el inconveniente, en este último caso, de que coincidirían con el macro puente de la Constitución.

Ya hay precedente, en Francia, de que se compatibilice la Presidencia del semestre europeo con una convocatoria electoral, y la coyuntura dispone para que la disolución de las Cortes se haga en octubre y el presidente del Gobierno combine su campaña con su perfil de estadista internacional y de anfitrión de cumbres y reuniones del más alto nivel europeo.

También parece más que previsible que la cercanía de la campaña coincida con el estreno de la docuserie sobre el día a día de la vida de Sánchez en La Moncloa. Cuatro capítulos que servirán para «calentar» la carrera electoral, si bien no todos en el PSOE están convencidos de que la idea vaya a sumar al expediente electoral del presidente.

La Legislatura se dará por terminada antes de verano y por delante quedará un largo semestre en el que toda la agenda del Gobierno se concentrará en la Presidencia europea y en el debate sobre la ejecución de los fondos europeos y la evolución económica. Creen en el PSOE que si en mayo pierden la Comunidad Valenciana, o se quedan fuera de la Alcaldía de Sevilla o de Barcelona, esto será síntoma definitivo de que la batalla electoral se ha acabado en mayo. Hay más variables que influirán en las autonómicas y municipales y en sus consecuencias sobre las generales, pero en las filas socialistas tienen marcado en rojo esas tres «plazas». Moncloa ha empezado el año electoral haciendo correr el estribillo de que «hay partido», lo que es más de lo que muchos se esperaban el pasado verano ante las proyecciones económicas que se anunciaban para este invierno.

Moncloa también cuenta con la flexibilidad de la Unión Europea para gestionar este año electoral. Y esto afecta a sus previsiones económicas o a los compromisos asumidos con Bruselas para el desembolso de los fondos de reconstrucción.

En el círculo del presidente se muestran convencidos de que la economía no va a ser un lastre para sus expectativas electorales, a pesar de que la inflación y los tipos de interés vayan a seguir castigando el poder adquisitivo de los ciudadanos. Mientras que en el principal partido de la oposición no sueltan esa presa, pero, además, ven cada vez más espacio para rentabilizar a su favor la alianza del PSOE con ERC y las cesiones al independentismo. La campaña será en clave económica, pero los estrategas de la oposición conceden cada vez más importancia al choque en el terreno institucional y de defensa de España.

Justo ahí es donde va a «golpear» la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, un camino que, si le sale bien, y esto supone consolidar una mayoría absoluta, luego seguirá siendo transitado por la dirección nacional de su partido.

Esta semana el Gobierno tiene dos votaciones parlamentarias que pretende utilizar en clave electoral. En el Congreso de los Diputados, la del decreto anti crisis, que se negó a negociar con el PP. Y en el Senado, la reforma de la ley del aborto. En este último caso, la maquinaria propagandística del Gobierno está engrasada para embestir contra el Partido Popular con el eslogan de que es un partido que amenaza los derechos consolidados de la mujer.

El PP votó en contra de esta reforma impulsada por la ministra de Igualdad, Irene Montero principalmente por el punto que afecta a las menores. En coherencia, ésta continúa siendo la posición de los populares en la Cámara Alta.

Moncloa cree que éste es un tema con el que puede hacer daño a ese perfil moderado del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo que entra bien en el votante más de centro e incluso de izquierdas. Como «arma» a su favor cuenta también con el nuevo Tribunal Constitucional, de mayoría progresista, y que resolverá en breve el recurso contra la ley de plazos que interpuso el PP hace doce años. No fue una decisión del equipo que hoy lleva las riendas de Génova, y el actual líder popular ya ha anticipado que éste es un recurso heredado del pasado y que apoyará la decisión del Tribunal Constitucional, previsiblemente en contra de estimarlo. Pero los hechos dan igual en la ofensiva del Gobierno para expulsar al PP del espacio del centro. Su estrategia polarizadora tiende a blindar el espacio fronterizo entre los bloques porque el consenso estadístico apunta que es ahí donde, en gran medida, se disputarán las elecciones.