La oposición y los aliados separatistas cercan a Pedro Sánchez por los «Leopard» en el Congreso

Con la Ley de Defensa Nacional en la mano, el Gobierno no tiene que supeditar el envío de los carros de combate Leopard al Congreso. Sin embargo, prácticamente todo el arco parlamentario se ha alineado para que Pedro Sánchez tenga que rendir cuentas, una circunstancia que puede acabar incomodando a un Gobierno que es consciente de su debilidad en la Cámara Baja. De hecho, ese escenario puede acabar despertando «fantasmas parlamentarios» del pasado, como las recientes crisis del espionaje «pegasus» o la valla de Melilla, que se le acabaron atragantando al ejecutivo de Sánchez y a punto estuvo de quedarse sin aliados. Finalmente, Moncloa fue capaz de reconducir la situación a base de cesiones a los independentistas, pero sufrió mucho desgaste.

La misma Ley de Defensa Nacional, en el artículo 4.1.e, también recalca que a las Cortes corresponde «controlar la acción del Gobierno en materia de defensa». A partir de ahí, tanto la oposición como los aliados del Gobierno pueden activar diferentes mecanismos para tratar de forzar un debate sobre los Leopard, con consecuencias impredecibles para la imagen de Sánchez. Con las elecciones de por medio, el tono de los aliados del Gobierno (desde Podemos a ERC) puede endurecerse todavía más. Así las cosas, los grupos parlamentarios pueden optar bien por la petición de comparecencias de Sánchez y la ministra de Defensa, Margarita Robles, ante el Pleno o en Comisión, o bien por el registro de iniciativas parlamentarias que se voten y plasmen la postura de cada formación (pese a no ser vinculante).

También, cabe precisar que el cerco de la oposición y de los aliados por los Leopard tiene distintas motivaciones. La oposición, liderada por el PP, pretende fiscalizar al Gobierno ante la tibieza que ha demostrado en su apoyo a Ucrania, muy condicionado por el descontento de Podemos, ERC y Bidlu. Las tres formaciones de izquierda defienden la vía diplomática y rechazan toda ayuda militar a Ucrania. El Gobierno siempre ha ido arrastrando los pies a la hora de prestar material bélico y eso también le ha pasado factura a nivel internacional: por ejemplo, Volodimir Zelenski relegó a España durante la ronda de comparecencias que fue haciendo en las sedes parlamentarias de los distintos países de la OTAN; también, el embajador ucraniano en España dio un toque de atención en verano, lo que presionó al Gobierno a enviar rápidamente más material.

Esos titubeos del Gobierno con Ucrania se han reproducido ahora, con los Leopard, donde nuestro país ha tenido un perfil bajo. En Ramstein, donde hace unos días se reunieron los ministros de Defensa del Grupo de Contacto para Ucrania de la Otan para abordar el envío de carros de combate, España envió representación con un perfil secundario, una maniobra que refleja la ambigüedad calculada que está exhibiendo el Gobierno con Ucrania.

El PP, por tanto, tiene previsto impulsar iniciativas para fiscalizar el papel del Gobierno en Ucrania: ya lo ha venido haciendo desde febrero, con resoluciones que se han votado en el Congreso que ya han visibilizado la división entre PSOE y Podemos por cómo afrontar la guerra. En cambio, Esquerra y Bildu, con la complicidad de Podemos, van un poco más allá y exigen que el envío de Leopard se decida en las Cortes porque es «trascendental». Y, de ser así, votarían en contra.

La sombra de la guerra de Ucrania puede alargarse a lo largo de este año porque este mes de febrero se cumplirá un año y Zelenski busca forzar cambios de posiciones que va a implicar un papel más protagonista de la OTAN: tanto por la ofensiva que pretende llevar a cabo el presidente ucraniano para recuperar terreno y defenderse de los continuos ataques de Rusia, como por las posibles reacciones que pueda tener Vladímir Putin contra Occidente. Y eso puede seguir exhibiendo las costuras del Gobierno.