Las dos españolas retornadas de Siria investigadas por yihadismo seguirán en prisión

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha ratificado la prisión provisional acordada el pasado 11 de enero respecto a las dos españolas casadas con yihadistas que fueron repatriadas desde Siria y a quienes imputa un delito de integración en organización terrorista. Según confirman fuentes jurídicas, el magistrado ha rechazado en sendas resoluciones los recursos de reforma que interpusieron las defensas de Yolanda Martínez Cobos y Luna Fernández Grande, por lo que ambas seguirán en prisión a la espera de lo que decida la Sala de lo Penal del citado tribunal (la primera ha recurrido en apelación, un paso que, según las fuentes consultadas, no dará el abogado de Fernández Grande).

El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional justifica la confirmación de la prisión provisional en la gravedad de los delitos que les imputa y las elevadas penas que llevan aparejadas y en que subsiste el riesgo de fuga en caso de dejarles en libertad. Además, el magistrado argumenta que la investigación se encuentra aún en una fase incipiente, pendiente de diligencias relevantes para el devenir del procedimiento y que pueden incidir en su situación procesal.

En busca y captura internacional por terrorismo desde 2019, las madrileñas Yolanda Martínez Cobos, de 37 años y con cuatro hijos, y Luna Fernández Grande, de 36 años y que tenía a su cargo a ocho menores, participaron, según expone el juez en el auto de prisión, en actividades a favor de Daesh “tanto antes de desplazarse a la zona de conflicto sirio-iraquí” como “una vez en territorio controlado por el pseudocalifato proclamado en junio de 2014 por Abu Bakr al-Baghdadi”. Ambas, según Pedraz, “se trasladaron junto a sus maridos a esas zonas de conflicto, compartiendo y aceptando el mismo destino que ellos”, con lo que pretendían “demostrar su integración” en Daesh.

Dijeron al juez que solo cuidaban de sus hijos

En su declaración judicial, ambas negaron su pertenencia a Daesh y explicaron que viajaron a Siria voluntariamente porque sus maridos habían encontrado allí trabajo, negando que llevaran a cabo cometido alguno para la organización terrorista porque se limitaban a “a cuidar de sus hijos”.

Según el relato del instructor, las dos españolas fueron localizadas en el campo de acogida de Al Hawl, en el este de Siria, controlado por el Ejército sirio, por su supuesta condición de combatientes terroristas extranjeros (foreign terrorist fighters). De hecho, cuando el juez Pedraz les comunicó su ingreso en prisión, una de ellas dijo -según apuntan fuentes jurídicas- que no quería ir a la cárcel porque ya había pasado “dos años en una cárcel”.

Martínez Cobos es la esposa del supuesto terrorista de Daesh Omar el Harchi el Fertakh, mientras que Luna Fernández se encontraba en ese campo de acogida junto a los cuatro hijos que tuvo con el yihadista, ya fallecido, Mohamed el Amin Aabou y a otros cuatro menores de dos matrimonios que habrían muerto en combate y de los que asumió su custodia.

“Rol clave” en el grupo de mujeres de la Brigada Al Andalus

Para Pedraz, Yolanda Martínez tuvo “un papel destacado” en el grupo de mujeres de la Brigada Al Andalus que se encargaban de captar a otras conversas y adoctrinarlas en “una visión rigorista del Islam” y, como su esposo, estaba de acuerdo en no permanecer de brazos cruzados ante el conflicto sirio y “pasar a la acción”.

A Luna Fernández, el instructor le atribuye, mientras vivió en España, un “rol clave” dentro de ese mismo grupo de mujeres, entre las que “ejercía el liderazgo” y se encargaba de “ayudar a las muchachas a convertirse”. Pedraz asegura que interiorizó “una visión radical y extremista del islam, donde la sharía o ley islámica prevalece sobre la legislación de los países pese a su interés por desmarcarse de Daesh”.

La Fiscalía, que también imputa a las dos mujeres un delito contra los derechos y deberes familiares, solicitó al juez sin éxito que les suspendiera el ejercicio de la patria potestad sobre sus hijos. Pedraz se negó al considerar innecesaria la medida, instada para evitar el posible adoctrinamiento de los menores, puesto que una vez en prisión desaparece ese riesgo.