Pablo Llarena: el azote legal contra el “procés”

Curtido en una dilatada carrera jurídica en Cataluña, defensor incansable por encima de todo de la Ley frente al independentismo, el juez Pablo Llarena es un hombre sereno, firme e implacable en el cumplimiento de su deber, a pesar de los acosos recibidos, frente a los líderes del «procés» huidos a Bélgica. Ahora, la Justicia europea acaba de darle la razón frente a los tribunales belgas en una sentencia que abre de nuevo el camino para la entrega a España del expresidente de la Generalitat, el fugitivo Carles Puigdemont. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) afirma en su auto que la Justicia belga no puede rechazar la entrega de los encausados por el «procés» ni negarse a cumplir la Orden de Detención Europea (ODE) emitida por Llarena como magistrado del Tribunal Supremo de España. A no ser, matiza el auto del TJUE, que tras un examen adecuado concluya «deficiencias sistémicas» en el sistema judicial español o se detecte vulneración de los derechos fundamentales. Algo a lo que se agarran Puigdemont y los dirigentes soberanistas prófugos, en su peculiar y victimista manipulación interpretativa de la sentencia.

Todos los expertos juristas consultados, a excepción del abogado de Puigdemont y los independentistas, Gonzalo Boye, coinciden en que la sentencia es clara al dar la razón al magistrado instructor Pablo Llarena, quien había acudido a la Justicia europea para aclarar las ODE emitidas contra los fugitivos encausados por el «procés» y posibles razones para denegarlas. El TJUE asegura que la confianza entre los estados es piedra angular de las órdenes de detención y advierte de que ningún país europeo puede cuestionar la competencia del Tribunal Supremo español para emitir las euroórdenes, aunque podría negarse a entregarlas si se apreciaran esas «deficiencias sistémicas», algo difícil de probar en un Estado de Derecho vigente en España.

El auto ha revuelto de nuevo al mundo soberanista y, según fuentes jurídicas, el combate entre «El Puchi» y el Supremo está aún lejos del último asalto, dado que el Tribunal General de la UE debe todavía decidir si levanta o no la inmunidad de Carles Puigdemont, de la que goza mientras mantenga su escaño en el Parlamento Europeo. Para el expresidente prófugo, la sentencia del TJUE «echa abajo las extradiciones», pero en sectores jurídicos opinan que abre la puerta a su futura entrega y juicio en España.

Erigido en azote legal contra el «procés» independentista, Pablo Llarena Conde procede de una familia de juristas. Su padre, Juan Jesús Llarena Chave, era abogado y acabó su carrera como magistrado en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Su madre, María del Carmen Conde Vivar, también abogada, fue la primera mujer colegiada como letrada en el Colegio de Abogados de Burgos, y después también en la Sala de lo Social del TSJ castellanoleonés. Su hijo Pablo se licenció en Derecho en la Universidad de Valladolid y comenzó una trayectoria como profesor en la Escuela de la Abogacía y Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ingresó por oposición en la carrera judicial con el número uno de su promoción y se consolidó en Cataluña en el Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona hasta ser nombrado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) presidente de la Audiencia Provincial de la Ciudad Condal. De aquí pasó a ser designado magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, desde donde ha sido el juez instructor de la causa contra los soberanistas del «procés», entre ellos Puigdemont y lo fugitivos en Bélgica.

Afiliado a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, de la que fue presidente, Pablo Llarena se convirtió en la «bestia negra» del independentismo. Casado con la también jurista Gema Espinosa, directora de la Escuela Judicial española, padre de dos hijos, el matrimonio vivía en San Cugat y tienen una residencia en Das, en el Pirineo catalán de la Cerdaña. A finales de marzo de 2018 activistas de la organización juvenil independentista Arran hicieron pintadas contra Llarena en su casa de Das y le acosaron en varias salidas por la comarca, reclamando su «exilio» de Cataluña, por lo que solicitó al CGPJ protección para él y su familia. Además, se publicaron varios tuits insultantes contra Llarena y su esposa, lo que fue denunciado por la Fiscalía de Tarragona pidiendo un año y seis meses de cárcel para la autora por un delito de amenazas, coacciones e injurias a un funcionario público. Pese a ello, el magistrado ha seguido con su instrucción y publicado numerosas artículos en materia penal sobre el conflicto catalán, entre ellos «Autonomía y justicia en Cataluña», «La reforma del proceso penal» y «La protección jurisdiccional de los derechos».

Como juez instructor ha sufrido las iras de los independentistas, que le colocaron en la diana por encausar a Carles Puigdemont y su tropa. El Ministerio del Interior le puso protección y desde entonces se ha convertido, según los separatistas, en «el brazo ejecutor de la represión». Desde este mundo se han lanzado consignas contra él y su familia, lo que no ha impedido su labor en las euroórdenes y acudir a las instituciones europeas, la última la sentencia del TJUE que inicia el camino para la posible extradición de Carles Puigdemont y su juicio en España. Un proceso que, según apuntan fuentes jurídicas, será largo mientras el fugitivo mantenga la inmunidad que le otorga su escaño en el Parlamento Europeo. Pero Pablo Llarena Conde mantiene su hoja de ruta y no se rinde.