El 60% de los funcionarios de Justicia están afectados por el fin unilateral del teletrabajo

Cerca del 60% de los funcionarios de Justicia están padeciendo las consecuencias del fin sorpresivo del teletrabajo que decretó el ministerio, según datos de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF). Hasta el momento, se habían acogido a esta modalidad cerca de 30 mil de los 50 mil trabajadores públicos dependientes de la cartera que lidera Pilar Llop, la mayoría de ellos se encontraban realizando sus funciones a distancia una media de dos días a la semana, es decir, estaban desarrollando lo que se conoce en muchas empresas como "trabajo híbrido".

También ha cuestionado la decisión de terminar con el teletrabajo, cuando esta es una medida que se incluye en términos similares en el acuerdo firmado recientemente entre PSOE y Sumar para un Gobierno de coalición.

Pasadas las 14 horas del viernes, los funcionarios se sorprendieron al leer una circular interna en la que se informaba de que ya no podrían hacer trabajo a distancia. El problema es que aún no se ha aprobado una regulación específica del teletrabajo, pese a las demandas de los principales representantes sindicales.

Según CSIF, esta suspensión se ha llevado a cabo "de manera unilateral y por sorpresa" y tiene una mayor afectación entre los letrados y los Cuerpos Generales (Gestión, Tramitación y Auxilio Judicial) y Especiales (médicos forenses, facultativos y técnicos del Instituto Nacional de Toxicología).

Por ello, ha expresado "su rechazo frontal a esta medida que discrimina al colectivo de empleados públicos respecto al resto de trabajadores que sí tienen reconocido este derecho que favorece la conciliación laboral y familiar, la productividad, además de suponer un ahorro de tiempo en desplazamiento, energía, y reducción de la contaminación, entre otros beneficios", explica en un comunicado.

Se trata, según el sindicato mayoritario, de una "medida arbitraria e injusta", contraria al acuerdo sobre teletrabajo firmado en 2021 en la Mesa General de las Administraciones Públicas "que todavía está pendiente de desarrollo", recuerdan. Por ello, han elevado una demanda contra Función Pública por el retraso en la aplicación de esta medida.

CSIF recuerda que el Plan de Medidas de Ahorro y Eficiencia Energética aprobado por el Consejo de Ministros en junio de 2022 recogía el trabajo a distancia como una medida de forma similar a como la planteaba dicho acuerdo, junto a otras actuaciones como el establecimiento de horas de encendido y apagado de edificios, control de temperatura, optimización del alumbrado exterior o promoción del transporte público.