La Abogacía afea a Llop su inacción ante una Justicia en "cuidados intensivos"

El decano del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha criticado al ministerio "fantasma" de Justicia por haber denegado uno de cada tres refuerzos que habían solicitado los juzgados de la región, una negativa que, según denuncia, llevará al "colapso" de la Justicia en Madrid.

Eugenio Ribón -que ha cifrado en más de 7.500 las suspensiones de actuaciones judiciales por la huelga de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) primero y la de funcionarios ahora- se ha quejado del "desmantelamiento progresivo de la Administración de Justicia" por la "desatención del turno de oficio y de las peticiones de refuerzos en los juzgados" y por la falta de interlocución con el Colegio. Todo ello, ha dicho, hace que la Justicia entre "en una situación de cuidados intensivos", comprometiendo el derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos.

Y es que el ICAM asegura que no han recibido del ministerio que dirige Pilar Llop "ni una sola respuesta" a sus comunicaciones, de las que "ni se ha acusado recibo". "Es algo absolutamente anómalo en las relaciones entre el mayor colegio profesional de Europa y el ministerio", ha asegurado al tiempo que ha precisado que su crítica "no tiene absolutamente ningún tinte político".

Un gran pacto de Estado

Ribón ha reiterado su petición un gran pacto de Estado por la Justicia, que considera "imprescindible" porque "esta situación no puede prolongarse por mayor tiempo". Y se ha referido expresamente a una de los principales efectos: "Estamos abocados a pasar de procedimientos de apelación que se prolongan de un año a un año y medio a una expectativa de tres años a tres años y medio para ver resuelta la apelación en las audiencias provinciales". El procedimiento judicial en conjunto, ha añadido, pasará de una media de dos años a cinco. Sobre todo teniendo en cuenta, ha explicado, que la suspensión de procedimientos judiciales se concentra en "sectores clave" como los juzgados de familia o los que abordan la cláusulas abusivas.

El presidente del Colegio de la Abogacía se ha referido también a la negativa del Ministerio de Justicia a negociar con los sindicatos de funcionarios -en huelga indefinida desde el pasado 22 de mayo- a la espera de que se celebren las elecciones generales del próximo 23 de julio. Y aunque considera que "nunca se justifica la parálisis de una negociación", entiende que los sindicatos convocantes de los paros deben también "ponderar" el momento preelectoral "ante la imposibilidad de conseguir un compromiso presupuestario" por parte de un Gobierno ante la convocatoria de un proceso electoral.

En todo caso, ha precisado que "lo que no tiene sentido es que llevemos un mes de huelga y tengamos que esperar al 23 de julio y luego a la formación de un nuevo Gobierno, porque esto supone una paralización de cuatro meses que se suma a la de la huelga de los LAJ". Las consecuencias, en muchos casos, son irreversibles, ha advertido. "Son puestos de trabajo que difícilmente se van a recuperar".

Winkels insta a mantener los refuerzos

La vicepresidenta del ICAM, Isabel Winkels, ha incidido en las consecuencias de estas desatenciones asegurando que el impacto en la tramitación de los procedimientos en los juzgados de familia pasará "de uno a tres años". Y ha recordado que el ministerio ha denegado, entre otros, el refuerzo solicitado para los Juzgados de lo Penal números 34 y 36 de Madrid, especializados en materia de violencia sobre la mujer, y para la Sección 22ª de la Audiencia Provincial de Madrid (donde, se ha quejado, "de cinco magistrados titulares solo quedan dos"), que se centra en asuntos de derecho de familia y en las medidas de apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

Winkels ha reclamado al Gobierno -que, ha recordado, "no está en funciones"- que las medidas de refuerzo "se mantengan, porque de lo contrario se va a incrementar el colapso".