Cuando se notifique la sentencia que condena al fiscal general del Estado por revelación de secretos del novio de Isabel Díaz Ayuso, al menos una de las acusaciones populares, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), pedirá al Supremo la ejecución de la sentencia.

Para Álvaro García Ortiz supone que pasa a estar inhabilitado durante dos años para ocupar el cargo que hoy mantiene, el de máximo jefe de la Fiscalía General del Estado.

Pero, tras conocerse la sentencia, se da por hecho que la defensa de García Ortiz, la Abogacía del Estado, planteará un incidente de nulidad, que debe resolver la propia Sala y supone el agotamiento de la vía jurisdiccional. Aunque algunas fuentes jurídicas apuntan a que no sería obligatorio pasar por el incidente de nulidad históricamente requerido, tras modificar su doctrina el TC en 2013.

Las fuentes jurídicas conocedoras del caso apuntan a LA RAZÓN que la clave estará en si el tribunal decide no ejecutar la inhabilitación hasta que dé salida a las alegaciones con las que García Ortiz defenderá que se han vulnerado sus derechos fundamentales y no ha podido denunciarlo previamente por otra vía.

Es el paso previo a ir ante el Tribunal Constitucional en amparo (por vulneración de derechos fundamentales), sustentándose en los dos votos discrepantes de la mayoría emitidos por las magistradas Susana Polo y Ana Ferrer.

Dentro de esa alegación ante la Corte de garantías puede incluir la petición de que, como medida cautelarísima (con una resolución «exprés») o cautelar, cuya tramitación ronda los dos meses, se suspenda la ejecución de la condena que le cesa como fiscal general hasta que se resuelva su recurso contra la decisión del Alto Tribunal de declararle culpable.

Fuentes del TC explican que lo previsible es que la suspensión provisional de la ejecución de la condena no prospere y recuerdan el precedente del juez Javier Gómez de Liaño, cuando el Supremo le condenó en el año 1999 a 15 años de inhabilitación por prevaricación.

El magistrado reclamó al alto tribunal la suspensión de la condena en tanto se decidiese sobre la petición de indulto que había registrado y el recurso de amparo que se proponía interponer. El tribunal se lo denegó, alegando que la aplicación de la inhabilitación no frustraría la finalidad perseguida con el indulto.

Liaño volvió a intentarlo a través de su recurso de amparo, pidiendo, de nuevo, la suspensión provisional de la ejecución de esta sentencia, como cautelar, y, tras formar pieza separada el TC, meses después desistió en su intento.

Además, la sentencia en que se ratifica que García Ortiz habría revelado secretos del caso fiscal contra Alberto González también será usado por la defensa del empresario en el juicio por la defraudación a la Agencia Tributaria. Fuentes de su entorno señalan su intención de llevar ante el tribunal que lo juzgue que no habría tenido derecho a un proceso con todas las garantías procesales.

«Lo va a intentar, otra cosa es lo consiga», señala un jurista con conocimiento de su causa, y deja una reflexión: «Que la cúpula del Ministerio Fiscal delinca en tu contra puede tener relevancia para la instancia que te enjuicie».