El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el presidente del Gobierno en relación con el artículo 4 de la Ley 8/2024, de 26 de diciembre, de medidas para la mejora de la gestión pública en el ámbito local y autonómico de la Comunidad de Madrid, que añade otros artículos a la Ley 1/1983 del Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid.

El precepto impugnado aborda cuestiones relacionadas con la protección, la instalación de placas o distintivos y la celebración de eventos y actuaciones en la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol de Madrid, sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid, según recuerda el alto tribunal en una nota informativa.

La intención del Ejecutivo no era otra que colocar una placa que declare como Lugar de Memoria Democrática la que fuera ubicación de la Dirección General de Seguridad (DGS) en época de Franco.

El tribunal, tras haber invocado el Gobierno en su recurso el artículo 161.2 de la Constitución, ha suspendido la vigencia y aplicación del citado artículo, desde la fecha de interposición del recurso (27 de marzo) para las partes del proceso y desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para los terceros.

El presidente del Gobierno en su demanda alega que el precepto podría vulnerar la competencia estatal para “la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales” (art. 149.1.1ª CE), en relación con los artículos 49 a 53 de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática.

Y sostiene además que podría ser contrario a los artículos 10 y 15 de la Constitución.

El pasado mes de marzo, el Constitucional admitió a trámite el conflicto positivo de competencia promovido por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid en relación con el Acuerdo, de 16 de octubre de 2024, de la Dirección General de Atención a las Víctimas y Promoción de la Memoria Democrática, de incoación del procedimiento de declaración de Lugar de Memoria Democrática de la “extinta Dirección General de Seguridad franquista”, sita en Madrid.

El día 25, el Consejo de Ministros aprobó la impugnación ante el TC de la modificación legislativa de la Comunidad de Madrid.

La ministra portavoz del Gobierno explicó que se adoptó la medida se adoptó ante la negativa de la Comunidad de Madrid a dialogar con el Ministerio de Política Territorial para resolver las discrepancias sobre este asunto.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, entendió que el objetivo del Gobierno es reducir la historia de la Real Casa de Correos "a un pasado tenebroso" con el "fin espurio" de "dinamitar la Transición".

Por su parte el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, explicó que el Gobierno incoó en octubre del año pasado el expediente para declarar lugar de memoria la sede de la extinta Dirección General de Seguridad por considerar que fue "un centro de represión, de torturas e incluso de muerte" durante la dictadura, informa Efe.

La Comunidad de Madrid respondió a este expediente con un requerimiento y a la vez el Gobierno autonómico hizo la referida modificación legislativa.

El Consejo de Ministros decidió recurrir ante el TC al entender que los tres artículos que introduce la reforma "están fuera de la Constitución" al señalar que los lugares de memoria que sean de la Comunidad de Madrid se tienen que acordar con el Gobierno regional.

También sostienen esos artículos que "no se puede colocar una placa si no es autorizado por el propietario del inmueble", que en este caso en la Comunidad de Madrid, así como que los actos de memoria "tienen que hacerse en consenso" con el Ejecutivo autonómico.