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Interior

Ahorrar balas: la polémica con Israel obliga a economizar la munición en la Guardia Civil

Los guardias civiles temen que se vean abocados a los recortes en sus entrenamientos ante la falta de munición por la cancelación de las licitaciones

Uno de los efectivos armados de la Guardia Civil Guardia Civil Baleares

La anulación de la compra de balas a una empresa israelí para la Guardia Civil deja en un limbo la situación de sus almacenes de munición. Los largos procesos de adjudicación tendrán que comenzar de cero y los agentes temen un próximo racionamiento de los disparos en las unidades. Uno de los supuestos que se estudian es que se reduzcan las prácticas de tiro, según informan fuentes del Instituto Armado a LA RAZÓN.

El contrato de munición que se ha anulado contenía la cifra nada desdeñable de 15 millones de balas del calibre 9mm, que es el más usado entre los agentes del Cuerpo. Sin embargo, se da la circunstancia de que estas unidades de la empresa israelí Guardian Defense & Homeland Security S.A., filial del grupo internacional Guardian LTD Israel, solo proporcionaban un uso aceptable en los modelos RAMÓN.

Para entender los pormenores de la circunstancia que se presenta ante la Guardia Civil hay que recordar que sus agentes tienen tres modelos de pistolas. La HK USP Compact, que utilizan principalmente unidades de paisanos tipo Información y la UCO, la BERETTA 92, que es para Seguridad Ciudadana, y la RAMÓN, que solo está en las manos de USECIC y de otros grupos de cierta operatividad. Estas últimas, que fueron consideradas "low cost", se retiraron temporalmente cuando se detectaron incidencias en su uso.

Balas A9 × 19 mm ParabellumLa Razón

Todas estas armas necesitan del calibre 9mm que se intentó comprar sin éxito en el mercado internacional. El problema es que los cartuchos que utiliza la Guardia Civil entorpecía el funcionamiento de las pistolas israelíes. "La sensibilidad es distinta y se producía alguna que otra interrupción durante los ejercicios de tiro. Entonces se decidió encargar a esta empresa una munición con algún tipo de ajuste para tener una mayor sensibilidad a la hora de hacer las prácticas", explican a LA RAZÓN fuentes del Instituto Armado.

La adquisición de estas balas de la empresa de Israel podría haber "desempolvado" las armas "low cost" que no se pueden suministrar por estos problemas. "Se compró para minimizar los riesgos. La munición es estandarizada y se puede utilizar en todas las pistolas que tenemos", aclaran estas fuentes que indican que duda de que se puedan volver a comprar las RAMÓN por toda la polémica generada.

El comienzo desde cero de un nuevo proceso de adjudicación supone que pasen largos meses sin este material. Una de las inquietudes que recorren a los agentes es saber cómo se gestionará la situación para racionalizar el uso de estos cartuchos y que los almacenes no se queden vacíos. En el punto de mira están las prácticas de tiro de los funcionarios.

Los entrenamiento de los guardias

Los efectivos de la Guardia Civil tienen la obligación de hacer estos entrenamientos una vez cada semestre. La situación de los almacenes podría supone que se reduzca la cifra a la cantidad de una al año para economizar el material disponible hasta que lleguen las nuevas unidades. Esta es la orden que gana más peso.

Otra de las circunstancia de interés, son los entrenamiento del Grupo de Acción Rápida (GAR). Estos agentes cuentan con formaciones periódicas de forma constante donde el uso de las armas de fuego es la tónica habitual. En un principio estos elementos no quedarán afectados por la situación. No obstante, una nueva ralentización podría abocar a tomar más medidas.

Mención aparte merece la cuestión relacionada con la cantidad de dinero que tendrá que abonar el Estado por la anulación de este contrato. "Se van a tener que volver a gastar otros seis millones de euros, a ver quién los paga", se pregunta Daniel Fernández, el vicepresidente de los Independientes de la Guardia Civil (IGC) en declaraciones a LA RAZÓN.

Y es que Fernández subraya que este importe "vendría muy bien" a los agentes del Cuerpo para "cubrir las carencias de material" que tienen. De la misma forma, el portavoz nacional de IGC cuestiona la "afectación que tendrá la compra de la nueva munición". Expresa su "preocupación" por si se "agota la que tienen en el almacén" para las diferentes unidades.

El ministro del Interior, Fernando Grande-MarlaskaBlanca MillezAgencia EFE

La inquietud por estas unidades no se han frenado por el nuevo procedimiento que ha salido publicado para la compra de: "Suministro de diversos tipos de munición eslabonada para uso en diversas Unidades de la Guardia Civil". Como adelantó LA RAZÓN este encargo cuenta con un valor estimado de 100.430 euros con impuestos y un plazo de ejecución de dos meses.

Balas para misiones en el exterior

No obstante, el pliego detalla que se busca adquirir un total de 50.000 munición eslabonada en dos lotes. El primero de ellos es del calibre 5,56 con un mínimo de 20.000 unidades por un precio de 1,6 euros. El segundo de ellos busca 30.000 unidades del calibre 7,62 por un precio unitario de 1,7 euros. Un tamaño que no es el acorde con el tipo estándar.

"Dada la creciente participación de la Guardia Civil en Operaciones de Mantenimiento de la Paz, es necesario disponer de equipos y material compatibles con los que tienen de dotación los componentes de las Fuerzas Armadas con los que realizan esas misiones, por lo que se estima necesario adquirir este tipo de munición tanto para su uso en las distintas zonas de conflicto bélico como para la instrucción del personal especialista de la Guardia Civil, con el objetivo de que alcancen un elevado grado de seguridad y manejo", afirmó el Instituto Armado sobre este contrato.

Desde la Administración se recalca que este tipo de cartuchos "no se compran de forma recurrente, al ser empleados únicamente en este tipo de misiones, por lo que resulta inviable planificar su contratación". "Siendo necesario dotar de agilidad e inmediatez la adquisición cuando surge la necesidad puntual", afirmaron sobre una licitación que, como es lógico, no impide que empresas israelíes se presenten para competir por el contrato.