Anticorrupción apunta al enlace de Koldo en Acciona por los "poderosos indicios" con el amaño de obras

La Fiscalía Anticorrupción estrecha el cerco a los empresarios implicados en el caso Koldo. En concreto, el Ministerio Público ha constatado los "poderosos indicios" que obran contra el exdirectivo de Acciona Fernando Merino que consiguió que la trama les regara con 500 millones de euros en adjudicaciones tanto de Navarra como de otros puntos de España. En este caso, de hecho, la Fiscalía acredita su intervención en la modificación de un proyecto de obra en la A-32 a la altura de Úbeda (Jaén).

En un escrito, que avanza LA RAZÓN, el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, refuta la tesis de Merino acerca de que la Guardia Civil se habría equivocado al atribuirle su mediación en la obra de Úbeda. La Fiscalía precisa que la UCO, en su conocido como "informe Cerdán", distingue "claramente" entre la obra original adjudicada en 2008 y el proyecto modificado de la autovía en el tramo Úbeda-Torreperogil, fase en la que habría intervenido Merino para que la adjudicación fuera a parar a Obras Públicas y Regadíos S.A (OPR).

La Fiscalía se ampara en las notas del teléfono de Koldo García, así como en los mensajes que el exdirector del Departamento de Navarra y La Rioja de Acciona se intercambió con el asesor ministerial y con Santos Cerdán relacionados con esta modificación. A su juicio, estas fuentes de prueba denotan una "llamativa intromisión" del empresario para que esta adjudicación controlada por el Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos acabara en manos de los dueños de OPR (Daniel y Antonio Fernández Menéndez), a la postre cuñados suyos.

"Aprobar el modificado tal y como viene"

Al respecto, obran mensajes interceptados a la trama que refuerzan los indicios de los investigadores. "Úbeda a Torreberogil aprobar el modificado ya y como viene y es de OPR", reza una nota incautada al móvil de Koldo en marzo de 2019, cuando no hacía ni un año que había llegado al Ministerio con Ábalos. Al hilo, constataron que cuatro meses después, en agosto, el empresario le envió una imagen del proyecto de modificación, acompañado de varias indicaciones. "Aprobar técnicamente en agosto, y también la anualidad económica para 2019". Preguntado más adelante por el estado de la tramitación, Koldo respondió: "Está hecho".

Además, dichos mensajes se enviaron al entonces director general de Carreteras, Javier Herrero, imputado en la causa por facilitar, presuntamente, información de estos contratos. Por todo ello, el fiscal jefe Anticorrupción concluye que la intromisión del empresario clave "va mucho más allá de ese neutro e insustancial interés" por conocer el estado de la tramitación de la obra alegado por el empresario.

Precisamente, Merino solicitó que se oficiara a la Dirección General de Carreteras para que aportara el expediente, amparándose en un presunto error de la Policía Judicial con este proyecto. Sin embargo, la Fiscalía entiende que la diligencia es "innecesaria" porque ya se ha requerido el expediente a la Dirección de Carreteras. Se trata de un criterio al que se ha adherido el PP (en representación de las acusaciones populares) y que ha avalado el juez, toda vez que ya se pronunció en los mismos términos a principios de septiembre.

Merino y las obras de Navarra

Con todo, la UCO sitúa a Merino en el epicentro de esta presunta red que habría amañado obra pública por 500 millones de euros. De hecho, aparece ya en la primera adjudicación bajo sospecha, relativa a la construcción de la explotación minera de Miga Muna, a la que confluyó Acciona en UTE con Servinabar. Esta pequeña empresa está bajo el foco de los investigadores dado que tras ella se ocultaba Antxon Alonso, íntimo amigo de Santos Cerdán que consiguió grandes adjudicaciones en Navarra y el resto de España asociándose con el gigante que preside José Manuel Entrecanales.

Cabe destacar que la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra ha advertido esta misma semana que el megacontrato de 76 millones de las obras de los túneles de Belate que adjudicó el gobierno de la presidenta navarra, María Chivite, debió haberse anulado por graves deficiencias administrativas. Precisamente Navarra fue el punto de partida de esta presunta trama de corrupción y donde se habrían blanqueado parte de las millonarias mordidas.

Los agentes detectaron al respecto que Merino y Koldo utilizaron facturas de almuerzos del Bar Franky, ubicado en Pamplona, para blanquear presuntamente parte de las ganancias ilícitas que, según el magistrado Leopoldo Puente, podrían ascender a 5 millones de euros. Con todo, el papel de Merino también es destacado en cuanto a que él introdujo a los administradores de OPR en la presunta trama delictiva.

El motivo reside en que ambos son hermanos de su mujer, Susana Fernández Menéndez, a quien intentaron "enchufar" en el Gobierno, tal y como desveló este medio. En concreto, Koldo García maniobró para colocarla en la Administración Pública en junio de 2021, esto es, apenas semanas antes de que Pedro Sánchez forzara el cese de José Luis Ábalos y, consecuentemente, la salida de ambos del Ejecutivo.