La Fiscalía Anticorrupción no ve indicios delictivos en la querella del PP contra el PSOE y ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que inadmita la denuncia de los populares por financiación ilegal, cohecho, blanqueo y tráfico de influencias, según confirman fuentes del Ministerio Público.

El PP presentó su denuncia tras hacerse público el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que sitúa al exministro socialista José Luis Ábalos al borde de la imputación por el "caso Koldo" -el instructor, el juez Ismael Moreno, pedirá en las próximas fechas al Tribunal Supremo, en este caso con el aval de la Fiscalía, que le investigue dada su condición de aforado (fue expulsado del PSOE pero recaló en el Grupo Mixto del Congreso).

Los populares sustentan su querella en el testimonio anónimo de dos empresarios vinculados a Víctor de Aldama, comisionista de la "trama Koldo" y a quien la UCO considera el "nexo corruptor" con el ministerio de Transportes, que entonces dirigía Ábalos, para la supuesta concesión irregular de contratos a Soluciones de Gestión, la empresa de la trama que se embolsó más de 50 millones de euros en adjudicaciones para la compra de mascarillas en pandemia, lo que generó el reparto de más de 16 millones en comisiones, por parte tanto de los ministerios de Transportes e Interior como de los gobiernos autonómicos de Baleares y Canarias cuando los presidían Francina Armengol, ahora presidenta del Congreso, y Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial. Según aseguró uno de esos empresarios a The Objective, acudían con bolsas de dinero (supuestamente con 90.000 euros) a la sede del PSOE en la calle Ferraz para pagar supuestos favores en la intermediación para la obtención de una licencia.

El PP refiere en su denuncia que, según el testimonio de esos dos empresarios, Aldama utilizó a Koldo García, exasesor de Ábalos, para que el empresario Claudio Rivas (imputado por el supuesto fraude del IVA en el sector de hidrocarburos que investiga la Audiencia Nacional, y que ha llevado a prisión a Aldama) obtuviera una licencia de operador para su mercantil a cambio de 600.000 euros de comisión. "Al menos una parte de la cantidad presuntamente adeudada se habría llevado físicamente a la sede del Partido Socialista Obrero Español", mantiene el PP en su querella, adelantada por Eldiario.es. Esos 90.000 euros, siempre según ese testimonio anónimo, fueron transportados en una bolsa de plástico y "entregados en la calle Ferraz, en la segunda planta, en la sede del Partido Socialista".

"La presunta entrega de 90.000 euros en efectivo por un particular para la obtención de una licencia administrativa en la sede de un partido político es un indicio bastante para iniciar una investigación para esclarecer la identidad del receptor y el destino de los fondos", defiende el PP en la querella.

Tras presentar la denuncia en la Audiencia Nacional, el portavoz del PP Borja Sémper instó al tribunal a investigar la "supuesta financiación irregular del Partido Socialista" en una pieza separada. "Todo se va a terminar por saber. Y lo que hoy son sospechas se acabarán convirtiendo en evidencias. Y lo que hoy son evidencias se acabarán convirtiendo en información acreditada y contrastada por los tribunales", aseguró.