La Asociación de Fiscales advierte a Sánchez: limitar los plazos de las causas judiciales solo acarrea más impunidad

La Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera fiscal, advierte a Pedro Sánchez que una posible reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal -que planteó el presidente del Gobierno en una entrevista en Al Rojo Vivo, en La Sexta- para limitar el plazo de instrucción de las investigaciones judiciales "solo conllevará mayores espacios de impunidad en la lucha contra delitos graves y complejos, como aquellos de carácter económico cometidos a través de organizaciones de todo tipo, contra la salud pública, la corrupción o el terrorismo, entre otros muchos".

Tras reunirse con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, la AF asegura en un comunicado que la posible reforma del artículo 324 de la ley procesal -con la que el Gobierno pretende tranquilizar a Junts respecto a la efectiva aplicación de la ley de amnistía, de la que los independentistas desconfían tras ampliar el juez García Castellón otros seis meses la causa de "Tsunami"-en relación a los plazos para la investigación de los delitos que García Ortiz es "perfecto conocedor de la problemática", recalcando que fue "defensor en su momento de la derogación de dicho precepto".

En el encuentro también han puesto de manifiesto la necesidad de un nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que regule el estatuto del fiscal general, reforzando el Consejo Fiscal como "órgano de representación democrática de la carrera, la autonomía presupuestaria y de gestión del Ministerio Fiscal" y las "fórmulas de disentimiento frente a órdenes de superiores jerárquicos" y de un régimen disciplinario "sin intervención del Ministerio de Justicia".

En la reunión, la Asociación de Fiscales ha planteado "reivindicaciones reiteradamente desatendidas", que han sido planteadas "a todos los fiscales generales del Estado": desde la derogación de ese artículo 324 de la Lecrim (que fija en doce meses el plazo máximo de instrucción, aunque admitiendo prórrogas de seis meses si están justificadas) hasta la modificación del "insatisfactorio modelo de productividad" para superar "las notables diferencias entre fiscales".

Otras reivindicaciones de la carrera

En cuanto a la Justicia digital, reclaman que las aplicaciones informáticas sean "ágiles" y enfocadas a "facilitar la labor del fiscal". Además, han planteado a García Ortiz la necesidad de crear un servicio de prevención de riesgos laborales propio del Ministerio Fiscal, con autonomía presupuestaria y "un plan en el que se determine la carga de trabajo razonable y proporcional para asegurar la salud de los fiscales, que atienda al listado propio y la determinación de las enfermedades laborales de los fiscales y que se tome en consideración para la determinación de las plantillas y a efectos de la productividad".

La AF ha puesto de relieve asimismo "el defectuoso funcionamiento" de la formación de los fiscales, por lo que reclama "que se potencie el conocimiento en materias troncales para los fiscales de acceso y donde se destine el tiempo necesario a la formación de todas las materias, también de las especialidades", así como la "agilización de los trámites para el acceso a los cursos".

La asociación pide que se supere el modelo de formación online "exigiendo una inmediata mejora de la cuantía aplicada a dietas, notoriamente insuficiente y que se mantiene inalterada desde 2005". Del mismo modo, quiere que la Fiscalía General del Estado se oponga a la figura del fiscal en expectativa de destino y que esas plazas "se consagran como habituales en las últimas promociones", volviendo a la asignación de plazas en propiedad.

El fiscal general del Estado, asegura la AF, "se ha mostrado abierto a trabajar en estos temas expuestos de manera particularizada".