Una asociación de jueces lleva al CGPJ ante la Inspección de Trabajo por no fijar la carga laboral en la judicatura

No ha habido avances en el área de salud laboral de los magistrados. De ahí que la asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) haya optado por denunciante ante la Inspección de Trabajo al Consejo General del Poder Judicial CGPJ) en materia de prevención de riesgos laborales por no haber cumplido con su obligación de fijar la carga de trabajo de la judicatura. La asociación judicial sostiene que el órgano de gobierno de los jueces fue condenado en una sentencia de 22 de septiembre de 2023 del Tribunal Supremo a regular la carga de trabajo de la carrera judicial a efectos de salud laboral.

Según fuentes de la asociación, la denuncia afirma que han pasado más de siete meses desde que se dictó la sentencia y el CGPJ no ha cumplido con esa obligación, que permitiría determinar cuál es la carga de trabajo razonable para evitar los riesgos psicosociales que supone el exceso de asignación de asuntos, particularmente relevante en los juzgados de primera instancia, aunque también significativa en algunos órganos colegiados.

JJpD sostiene que se han propuesto medidas por el servicio externo de prevención, que no se han puesto en funcionamiento. Tras la sentencia se produjeron dos reuniones, el 6 de noviembre de 2023 y 21 de febrero de 2024 de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en la que se integran representantes de las asociaciones judiciales, del CGPJ y del Servicio de Prevención, en las que se reclamó infructuosamente el cumplimiento de la fijación de cargas de trabajo conforme a la condena de la sentencia del Tribunal Supremo indicada.

Pese a realizar un requerimiento al CGPJ para que se cumpla la sentencia, este no ha sido atendido. La “agenda saludable” que ha propuesto el CGPJ no se ha elaborado y no se ha dado participación a las asociaciones judiciales. Para JJpD el CGPJ dispone de datos suficientes en su servicio de inspección para constatar cuáles son los órganos jurisdiccionales que están trabajando al 150 o 200% de sus posibilidades, exigiendo a la judicatura un sobreesfuerzo que perjudica la salud profesional de quienes la integran y a la ciudadanía y profesiones jurídicas.

Entre las demandas de la asociación progresista se reclama que se fijen las cargas de trabajo con la máxima urgencia en todos los juzgados y tribunales, con independencia de cual sea la entrada de asuntos, relacionándola con las personas que desarrollan su función jurisdiccional (titulares o sustitutas) y sus condiciones personales, conciliación familiar, edad, dificultades digitales, formación recibida y experiencia en el puesto adaptadas a cada destino.

También solicitan prestar mejor servicio a la sociedad y atender a la ciudadanía exige que se determine con claridad cual es la carga de trabajo para que la judicatura realice pueda realizar su trabajo con la dedicación y tiempo que cada asunto requiere, evitando la masificación que sólo trae consecuencias negativas para quienes litigan y para la magistratura que realiza un sobreesfuerzo que puede afectar a su salud.

Comisión permanente del CGPJ

Los miembros de la Comisión Permanente del CGPJ y el vocal que preside la Comisión Nacional de Seguridad y Salud de la Carrera Judicial (CNSSCJ), Juan Martínez Moya, han informado a los representantes de las cuatro asociaciones judiciales -Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), además de la JJpD- de las actuaciones puestas en marcha para proteger la salud laboral de los integrantes de jueces y magistrados.

Previamente, la Comisión Permanente conoció el informe elaborado por el Servicio de Inspección sobre el ingreso de asuntos que soportan los órganos judiciales, paso previo a la actualización del mapa judicial de riesgos y del sistema de alertas que permitirán garantizar un seguimiento eficaz de la situación de cada órgano judicial como medio para detectar posibles riesgos laborales. El documento titulado “Órganos que alcanzan el 150% de la carga de trabajo. Datos del año 2023”, se desprende que el 21,73% de ellos, tanto unipersonales como colegiados, tienen una carga de trabajo entre el 150 y el 200% del módulo de entrada fijado por el CGPJ, mientras que el 10,71% supera el 200% del módulo.

La peor situación en cuanto a entrada de asuntos la soportan los juzgados de primera instancia, de los que casi la mitad (43,25%) están por encima del 200% de su módulo de entrada. El 22,22% de los juzgados de lo social están entre un 150 y un 175% por encima del módulo; el 39,60% de los juzgados de lo mercantil superan el 200% del módulo de entrada, mientras que el 14,85% están entre el 175% y el 200%.