Los ataques a los jueces más polémicos del primer trimestre del Gobierno de Sánchez

Se cumplen tres meses desde la investidura de Pedro Sánchez. Durante este tiempo los ataques a los jueces han sido cada vez más frecuentes y también han subido de tono. Las injerencias y los insultos a los magistrados y al Poder Judicial, cuestionando su independencia o afirmando que desean intervenir en asuntos políticos han venido de diferentes portavoces, dispuestos a señalar con nombre y apellido a quienes están instruyendo causas que incomodan a la política, principalmente a los socios del Ejecutivo. Como si se hubiera abierto un periodo de veda, algunos parlamentarios e, incluso, altos cargos del Gobierno han traspasado fronteras como nunca antes. Y esto ha generado indignación e incomodidad entre los distintos representantes del Poder Judicial, desde el CGPJ a las asociaciones de jueces y fiscales.

Si se echa la vista atrás, en el último trimestre han sido varios los episodios de confrontación y descalificaciones protagonizados por distintas instancias políticas. Se han cuestionado la independencia del Poder Judicial, sus resoluciones y una supuesta falta de neutralidad de los magistrados por las decisiones judiciales que han adoptado o por el momento en que lo han hecho. Sobre todo, si los procedimientos están relacionados con el "procés", precisamente, los que entrarían en la amnistía que se tramita en el Congreso.

Frente a esto, algunas voces se han alzado para indicar que cualquier cuestionamiento que se quiera realizar a un juez, si es serio, se debe canalizar por las instancias que el propio sistema jurisdiccional español contempla. Eso sí, aportando pruebas, no solo opiniones o descalificaciones. Para otros, es reprochable que determinadas instituciones, como la Presidencia de las Cortes o la Fiscalía General del Estado no hayan salido en defensa del Poder Judicial, dado el calibre de las descalificaciones de las que han sido objeto distintos jueces.

Estas son algunos de los ataques a los jueces y al Poder Judicial más polémicos de los últimos meses.

El pacto de investidura, la “caja de Pandora”

La primera arremetida contra los jueces se dio precisamente en el texto que del pacto de investidura que sellaron en Bruselas PSOE y Junts. En las cuatro páginas que lo componían, se encendió la chispa que inició un verdadero incendio en el Poder Judicial: la reacción de rechazo fue unánime contra lo que allí se decía. En el escrito se acusaba a los magistrados de “lawfare”, un término muy pocas veces utilizado en España y que había escuchado por boca de Donald Trump, cuando criticaba las investigaciones judiciales de las que estaba siendo objeto en Estados Unidos. Aludía a la supuesta instrumentalización de la Justicia y de sus órganos para satisfacer supuestos intereses políticos en contra del independentismo.

Pero también se planteaba un compromiso que hizo que las instituciones judiciales se retorcieran: la creación de comisiones parlamentarias. Entre sus funciones, estaba la revisión de las sentencias y resoluciones judiciales con el fin de detectar una supuesta persecución a los políticos catalanes. Y, además, la ley de amnistía.

Las cuatro asociaciones de jueces, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los fiscales e inclusolos principales bufetes de abogados y los colegios profesionales se manifestaron en contra de lo que allí se decía. Se interpretó como un ataque a la independencia de los jueces, a la separación de poderes y al Estado de derecho.

Insultos en el Congreso

Otros episodios que revistieron mayor gravedad tuvieron como escenario el Pleno de la Cámara de Diputados. Y, casi siempre, han estado protagonizados por algún socio de Gobierno, principalmente Junts. La primera intervención que cruzó la línea roja del respeto institucional se dio por boca de Míriam Nogueras, la portavoz de Junts en el Congreso. Además de llamar “indecentes” a los magistrados, señaló a varios de ellos con nombre y apellido, tanto del Tribunal ConstitucionalcomodelTribunalSupremoyalexpresidentedelCGPJ. Para la presidenta de ese partido, Laura Borrás, "Nogueras se quedó corta". Esto también generó una respuesta contundente por parte del órgano de gobierno de los jueces y del presidente en funciones, Vicente Guilarte. Fue la primera vez que clamó que dejaran en paz a los magistrados.

Esta “tendencia”de poner en el centro de duras críticasa los jueces ha ganado nuevos adeptos. En elPleno en el que se votaron las enmiendas a la proposición de ley de amnistía se volvió a escuchar a Nogueras, esta vez, atacando a los jueces que investigan al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. En concreto, se refirió a Manuel García-Castellón, que instruye la causa contra Tsunami Democràtic, y contra Joaquín Aguirre, que investiga los nexos del independentismo con la inteligencia rusa. A este último le acusó de prevaricar.

Lo que se ha criticado desde varias instancias ha sido la pasividad de la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol. En ninguna de estas ocasiones ha solicitado a los diputados que retiren lo dicho o que no quede registrado en el diario de sesiones, algo que sí ha ocurrido en anteriores legislaturas con representantes de distintos partidos.

Ataques a los jueces desde el Gobierno

Las acusaciones y ataques a jueces también han venido desde el Ejecutivo. El más sonado fue el de la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera. En una entrevista en la televisión pública acusó al juez García-Castellón de adoptar decisiones judiciales según la agenda política. "Tiene una implicación política importante y suele salir a colación en momentos sensibles", señaló el 19 de enero. En ningún momento se retractó de lo dicho y optó por guardar silencio. Sin embargo, contó el respaldo de otro integrante del Gobierno, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. Y también de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que dijo: “No la he escuchado, pero seguramente acertó completamente”.

El único que en los últimos tiempos ha manifestado su apoyo a los jueces ha sido el actual ministro de Justicia, Félix Bolaños. Aunque al principio, tras conocerse el texto del pacto de investidura, adoptó un rol más pasivo, posteriormente, cuando se confirmó que sería titular de esta cartera, ha expresado su apoyo a la magistratura, a la independencia del Poder Judicial y ha pedido que cesen los ataques a quienes deben resolver las causas en los tribunales sin necesidad de que ningún otro poder del Estado les supervise.

Los que se han retractado

En el PP también se han dado algunos desaciertos a la hora de referirse al Poder Judicial. Pero ha habido una diferencia relevante respecto de los casos anteriores y es que se ha pedido disculpas. Han sido los casos del senador José Monago, que acusó al juez José Ricardo de Prada, que instruyó el “caso Gürtel”, de ser un ejemplo de “lawfare”. Y también el más reciente, el de Esteban González Pons, que criticó al Tribunal Constitucional (TC) por estar “contaminado políticamente” y lo calificó de ser “el cáncer del Estado de derecho”. En ambos casos, rectificaron sus palabras, a diferencia de otros políticos que no solo no se han retractado, sino que han continuado con las descalificaciones o bien han optado por callar para capear la polémica.