Tres años y medio después de que una querella de Dignidad y Justicia (DyJ) reabriese la investigación por el atentado de Santa Pola de 2002 por la supuesta responsabilidad de seis exjefes de ETA en la acción criminal, la Audiencia Nacional ha vuelto a prorrogar seis meses más el procedimiento con el mismo objetivo que el pasado marzo: tomar declaración a cuatro de los antiguos dirigentes de la cúpula etarra imputados por estos hechos.

No es de extrañar, por tanto, que el actual instructor, el magistrado Antonio Piña –la reapertura de la causa la acordó en 2022 su antecesor en el Juzgado de Instrucción número 6 del citado tribunal, Manuel García Castellón– aclare en la resolución en la que acuerda la medida –a la que ha tenido acceso LA RAZÓN– que no existe «una situación de desidia o inactividad» que justifique esta nueva ampliación del plazo.

De hecho, anticipa que fijará «a la mayor brevedad» (algo que ya hizo hace seis meses al acordar la anterior prórroga) la fecha para interrogar a Ainhoa Múgica, María Soledad Iparraguirre, alias «Anboto», Juan Antonio Olarra Guridi y Félix Ignacio Esparza. Todos ellos, junto a los también exjefes de ETA Mikel Albisu, «Mikel Antza», y Ramón Sagarzazu, «Ramontxo» (ya procesados), formaban parte de la cúpula de la banda terrorista en el momento del atentado, perpetrado el 4 de agosto de 2022, y en el que fueron asesinados Cecilio Gallego y la niña Silvia Martínez, de seis años de edad, tras la explosión de un coche bomba con 100 kilos de explosivos junto al acuartelamiento de la Guardia Civil en la localidad alicantina. La acción criminal provocó, además, 56 heridos y daños materiales valorados en seis millones de euros.

"Trasladado próximamente a España"

Por tanto, para el magistrado de la Audiencia Nacional concurren «razones que justifican la fijación de un nuevo plazo», que expirará en marzo del próximo año. Aunque el «motivo principal» siga siendo el mismo: tomar declaración a los cuatro exdirigentes de ETA, «entregados por las autoridades francesas». Aunque en el caso de Félix Esparza, matiza el instructor, esa entrega se ha «diferido» hasta el momento en que cumpla las penas de prisión a las que fue condenado por la Justicia gala.

Según puso de relieve la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) al respaldar la prórroga, Esparza «va a ser trasladado próximamente a España conforme comunicó su defensa» el pasado marzo.

Pero, además, Piña argumenta que una vez practicadas las diligencias pendientes, «puede ser necesario acordar otras», razón de más para ampliar otro medio año la investigación judicial y poder «tener margen» suficiente para tomar una decisión al respecto.

La Fiscalía propuso en su día que se tomase declaración por videoconferencia a Esparza, un trámite que requiere del permiso de las autoridades francesas (lo que obliga a tramitar una Orden Europea de Investigación), dado que está cumpliendo condena en la prisión de Lannemezan. En octubre de 2022, Esparza se acogió a su derecho a no declarar precisamente esgrimiendo el principio de especialidad, porque Francia no autorizó su entrega por estos hechos. Sí declaró Sagarzazu, que negó cualquier responsabilidad en el atentado y, también, que en esas fechas estuviese al frente del «aparato internacional» de ETA. DyJ y la Asociación Víctimas del Terrorismo pidieron entonces a García Castellón que enviara a prisión tanto a Sagarzazu como a «Mikel Antza», pero el instructor no acordó finalmente la medida.

"Decisión colegiada"

Según la Guardia Civil, la cúpula etarra «era el órgano de dirección donde se decidían, planificaban, coordinaban y autorizaban» los atentados, por lo que la decisión de atentar «no pudo ser tomada por un miembro concreto o aislado del comité ejecutivo de ETA, sino que debió requerir del consenso y de la toma de una decisión colegiada».

A «Anboto» se le sitúa como la dirigente que controlaba «uno de los ámbitos de importante para ETA como fue sus finanzas”», por lo que estaba integrada en el comité ejecutivo cuando se cometió el atentado. Como también Ramón Sagarzazu, que era el responsable del «aparato internacional» y participaba «de forma activa y solidaria» en las reuniones de la dirección etarra, que según puso de relieve García Castellón era «el núcleo decisorio donde ETA ideó, planificó y coordinó» la «campaña de verano» de atentados del año 2002.

Junto a ellos, los informes policiales atribuyen a Esparza la dirección del «aparato logístico» y sitúan a «Mikel Antza» al frente del «aparato político».