La Audiencia Nacional arraca el curso judicial sentando en el banquillo de los acusados al excomisario José Manuel Villarejo por uno de sus presuntos proyectos de espionaje, enmarcado dentro las ramas del denominado 'caso Tándem', por el que el excomisario -que aún está pendiente de la resolución de la Sala de Apelación- lleva meses esperando respuesta de la segunda sentencia por el que se le condenó a 19 años de prisión por varios delitos, pese a que le absolvió de cohecho.

En esta nueva causa, la Audiencia Nacional juzgará desde este lunes a Villarejo y a su socio, Rafael Redondo, por el 'proyecto Saving' -un encargo en el que habría investigado posibles irregularidades en el concurso de acreedores de la constructora Martinsa-Fadesa-.

De este modo, en esta pieza enmarcada dentro del 'caso Villarejo', la Fiscalía Anticorrupción solicita en su escrito de apelación que se condene al excomisario a 23 años y seis meses de prisión, así como a 18 años y nueve meses para su socio Redondo.

En este sentido, Anticorrupción considera que los hechos investigados son constitutivos de los presuntos delitos de cohecho pasivo propio, descubrimiento y revelación de secretos de particulares con difusión a terceros, cometidos por funcionario público, descubrimiento y revelación de secretos de particulares con difusión a terceros y falsedad en documento mercantil.

Y pide, además de las penas de prisión para ambos, que Villarejo y Redondo indemnicen con 5.000 euros a cada uno de los espiados en concepto de responsabilidad civil; ello mientras apunta que de esas cantidades es responsable civil subsidiario la Administración General del Estado, y que se decomise el medio millón de eurosque el empresario José Moya pagó al grupo CENYT, la sociedad de Villarejo, por estos trabajos.

El desarrollo del 'proyecto Saving'

Fiscalía explica que ese proyecto -que se remonta a 2011, cuando Villarejo estaba activo en la Policía- "comprendió la obtención de información sobre diferentes personas que habían tenido alguna relación" con esa inversión y con el procedimiento concursal que afectó a esta compañía. Además, añade que el resultado de esas pesquisas se plasmó en una serie de informes.

Según el escrito de acusación, Moya contrató a Villarejo en 2011, cuando este aún era comisario en activo, para investigar supuestas irregularidades en el proceso concursal que siguió a la quiebra de Martinsa-Fadesa. El empresario había invertido más de 100 millones de euros en acciones de la constructora y se vio atrapado tras su entrada en concurso en 2008, pese a contar con un contrato de opción de venta que nunca llegó a ejecutarse.

La investigación atribuida a Villarejo incluyó la obtención ilícita de tráficos de llamadas de directivos de Ahorro Corporación y de abogados vinculados al caso, por lo que la Fiscalía sostiene que estos informes se presentaron como servicios legales encubiertos mediante facturas falsas.

En este sentido, Anticorrupción considera probado que el 'proyecto Saving' fue parte de la estructura organizada del Grupo CENYT y no un hecho aislado. Así, la causa contra el empresario José Moya quedó extinguida por su fallecimiento en 2021, mientras que la Fiscalía pidió archivar la investigación sobre el exsenador socialista Francisco Rodríguez Martín.