La Audiencia Nacional investiga si cinco concejales de Bildu no han abonado sus condenas por responsabilidad civil

La Audiencia Nacional determinará si cinco concejales de EH Bildu condenados por terrorismo tienen pendiente aún el pago de indemnizaciones por responsabilidad civil. A instancias de Dignidad y Justicia (DyJ), el Servicio de Ejecutorias del tribunal ha examinado el historial delictivo de una veintena de ediles de la formación abertzale para determinar si han hecho frente a esos abonos y el resultado de esas indagaciones, según consta en una diligencia de ordenación, es que las condenas a cinco de ellos sí incluyeron esas indemnizaciones que ahora hay que determinar si se han satisfecho o no.

Se trata de Miren Aranzazu carrera, que acumula cuatro condenas por delitos de asesinato, detención ilegal, robo y estragos; José Ángel Viguri; Gorka Betolaza, condenado por transporte de sustancias incendiarias y daños; Juan Carlos Arriaga, condenado por asesinato terrorista; y Iker Isiegas, que suma una condena por depósito de explosivos.

Miren Aranzazu Carrera -concejal de la localidad guipuzcoana de Amezketa desde 2019, fue condenada en 1983 por la Audiencia Nacional a diez años de prisión por encubrimiento en el asesinato de Enrique Cuesta en San Sebastián el 26 de marzo de 1982. Además, suma otras condenas (todas de la década de los 80) de seis meses por colaboración con banda armada, de doce años por el asesinato de Jose Maria Latiegui, de otros doce años como cómplice del asesinato de José María Félix Latiegui y de cuatro años de cárcel por un delito de estragos.

Atentado contra el cuartel de Llodio

En cuanto a José Ángel Viguri, concejal electo por el municipio de Salvatierra (Álava), fue condenado en 1990 a 14 años de prisión por un delito de colaboración con ETA (por ocultar en su caserío a miembros de la organización terrorista) y un año después a 51 años de cárcel por el atentado terrorista contra el cuartel de la Guardia Civil de Llodio en 1988 en el que resultaron heridos los guardias civiles José Granados y Félix Plaza.

Otro de los etarras que acumulan condenas por responsabilidad civil es Gorka Betolaza, elegido concejal en Barrundia (Álava), fue condenado en 2007 a seis años de prisión por pertenencia a organización terrorista. Exdirigente de SEGI (que fue ilegalizada por ser la cantera de ETA), también fue condenado en 2009 a cuatro años de prisión por atacar en 2002 con artefactos explosivos y cócteles molotov varias sucursales bancarias en Vitoria.

Juan Carlos Arriaga (uno de los siete etarras condenados por delitos de sangre que Bildu llevaba en sus listas el 28-M que anunciaron que no tomarían posesión de sus cargos), concejal electo en el municipio navarro de Berrioplano (ya fue elegido concejal en 2015), fue condenado en 1989 por la Audiencia Nacional a 29 años de prisión como cooperador necesario del asesinato del comandante Jesús Alcocerel 13 de abril de 1984 en Pamplona, y la posterior explosión de un artefacto en el vehículo empleado en la huida tras el atentado, que causó la muerte a los agentes Tomás Palacín y José Visiedo cuando los policías examinaban el vehículo en el que estaba colocado el explosivo.

Pregunta a Interior

Por último, Iker Isiegas, concejal electo por el municipio de Basaburua (Navarra) en las elecciones del 28-M, fue condenado por la Audiencia Nacional en 2005 a tres años de prisión por tenencia de explosivos en calidad de cooperador necesario por la explosión fortuita, el 28 de diciembre de 1999, de un artefacto que trasladaba en un vehículo, junto con Ibai Ayensa (condenado a 31 años de cárcel por delitos de atentado terrorista, asociación ilícita, depósito de armas, tenencia de explosivos, atentado contra la autoridad y lesiones), que planeaban utilizar para cometer un atentado contra una entidad bancaria.

La Audiencia Nacional ha dado traslado de estos hechos a la Abogacía del Estado, a la Fiscalía, al Ministerio del Interior y a la Oficina de Víctimas del Terrorismo para que le trasladen la información de la que dispongan sobre el estado del pago de esas indemnizaciones para determinar si las han pagado ya o las están abonando con aportaciones periódicas. A interior le reclama expresamente el "listado de los procedimientos de recaudación abiertos en vía administrativa" contra estos cinco condenados por terrorismo para reclamarles las cantidades abonadas en su caso por el Estado en concepto de responsabilidad civil.