El asalto por parte del Ejército de Israel de las embarcaciones de la Global Sumud Flotilla deja grandes interrogantes acerca de la capacidad de respuesta que tienen los Estados domésticos ante la actuación de Tel Aviv. Catedráticos y expertos en Derecho Internacional consultados por LA RAZÓN discrepan en cuanto a las posibles acciones penales que pueden impulsar los tribunales españoles al respecto.

Algunas de las voces consultadas aseguran que España tiene "jurisdicción absoluta" para investigar los hechos ocurridos en aquellas embarcaciones que portaran bandera españolas. Al respecto, apelan al artículo 23.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) según el cual corresponde a la jurisdicción española el conocimiento de las causas por delito y faltas cometidos en territorio español "o a bordo de buques o aeronaves españoles".

"Para todo lo que haya ocurrido dentro del barco se aplica el principio de territorialidad, pero si el delito se comete fuera del buque, España no tiene jurisdicción porque no tenemos el principio de personalidad pasiva, excepto para el terrorismo", explica otro de los expertos, en referencia al principio del Derecho Penal que permite a un Estado aplicar su ley cuando la víctima de un delito es nacional de dicho Estado.

Detención en aguas internacionales

De esta manera, todas las actuaciones del Ejército israelí cometidas en el interior de las embarcaciones con bandera española que navegaban en misión humanitaria a Gaza, se podrían investigar en los tribunales españoles. Ese sería el caso, por ejemplo, del buque Sirius, en el que viajaba la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Más difuso es concretar el delito por el que se podría actuar contra las autoridades israelíes. Las voces consultadas apuntan a posibles coacciones, amenazas o también detención ilegal, toda vez que Israel detuvo a los activistas en aguas internacionales, donde no tiene jurisdicción.

Cabe destacar que interceptaron los barcos cuando se encontraban a unas 70 millas náuticas de la zona de Gaza. Se trata de una Zona Económica Exclusiva (ZEE), pero no son aguas territoriales de Israel. Al respecto, la Convención de las Nacionales Unidas sobre el Derecho del Mar recoge en su artículo tercero que todo Estado tiene derecho a establecer la anchura de su mar territorial hasta un límite que no exceda las 12 millas marinas.

"En este caso la clave es donde se haya producido la detención porque si ha tenido lugar en aguas internacionales, el que resulta competente es el Estado del pabellón en relación con los hechos que sucedan en el buque. Pero si esto se produce en otras aguas en las que está ejerciendo jurisdicción otro Estado, como es Israel, aunque la ocupación de Israel es ilegal en el marco de un conflicto armado sí puede la potencia ocupante establecer zonas de exclusión", razona otro de los expertos consultados.

La reforma de la justicia universal

Con todo, otras voces se muestran más cautas y recuerdan que con la reforma de la jurisdicción universal (primero en 2009 durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y luego en 2014 bajo el mandato de Mariano Rajoy) se restringió enormemente la capacidad de respuesta de los tribunales españoles para investigar delitos como crímenes de lesa humanidad o genocidio. Aunque Pedro Sánchez prometió recuperar la justicia universal en los términos en los que los modificó Zapatero, la realidad es que no habido cambio alguno, por lo que se torna casi imposible que los tribunales españoles abran causa sobre delitos que ya investiga Corte Penal Internacional.

De hecho, este fue el motivo esgrimido por la Fiscalía de la Audiencia Nacional recientemente para desestimar la admisión a trámite de una querella interpuesta por un activista español al que también se le detuvo en una flotilla que acudía en ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. No obstante, España sí puede (y debe) colaborar con las investigaciones abiertas en la CPI por estos hechos.

En ese sentido, la Fiscalía General del Estado anunció la apertura de una investigación por los crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno de Benjamin Netaayahu ante posibles violaciones de los Derechos Humanos, aunque conviene especificar que esta investigación se entiende en materia de cooperación internacional. Precisamente, el Ministerio Público anunció este jueves que adherirá a estas diligencias el asalto de la flotilla en la que también viajaba la activista sueca Greta Thunberg.

Protección diplomática

Con todo, ante la detención de los activistas y su deportación si Israel considera que han violado sus normas en materia de seguridad, España puede ejercer protección diplomática, aunque la misma sería de carácter consular. Así pues, se abre la vía para que los países afectados por lo ocurrido actúen a través de sus respectivas embajadas y asistan a sus nacionales mediante la protección de sus derechos.

Por su parte, las autoridades israelíes aseguran que los 400 activistas detenidos se encuentran bien y que serán deportados por avión a sus respectivos países de origen. "La provocación ha llegado a su fin. Ningún barco ha conseguido vulnerar el bloqueo y todos los pasajeros serán deportados a Europa", reza el comunicado oficial difundido en redes sociales.