Hoy se cumple un año desde que el juez Juan Carlos Peinado abrió diligencias para investigar por tráfico de influencias y corrupción en los negocios a la mujer de Pedro Sánchez.

El «caso Begoña Gómez» se abrió a raíz de una denuncia de Manos Limpias que inicialmente puso el foco en las cartas que habría firmado para recomendar al empresario Juan Carlos Barrabés, otro investigado, en millonarias subvenciones públicas que obtuvieron sus empresas.

A esos dos delitos iniciales se sumaron más y hoy, tras 12 meses de instrucción, la causa tiene ya cinco frentes, que van de su contratación en el Instituto de Empresa a la puesta en marcha de la cátedra extraordinaria que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Sin olvidar el software sobre el que se indaga si Gómez se lo apropió indebidamente o la firma por su parte de un pliego de contrato para el desarrollo de este en el que pudo haber intrusismo laboral. La posición de la Fiscalía ha sido defender desde el primer momento el archivo del caso bajo el argumento de que no hay «indicios criminales», algo en lo que discrepa el juez.

El Africa Center del IE

Solo dos meses después de que su marido llegase a Moncloa, tras ganar la moción de censura contra Mariano Rajoy, Gómez fue elegida por el Instituto de Empresa (IE) para dirigir el Africa Center que se puso en marcha en septiembre de 2018.

El exconsejero de la Comunidad de Madrid y ahora directivo del IE, Juan Jose Güemes, otro de los investigados, asumió ante el instructor la responsabilidad en su nombramiento y negó en todo momento que su condición de mujer del jefe del Ejecutivo estuviese detrás de la decisión.

Sin embargo, Peinado le imputó al observar un posible falso testimonio por contradicciones en su declaración como testigo. Estas son, principalmente, que Güemes afirmó que fue Gómez la que le llamó en noviembre de 2017 para entregarle su currículum vitae y darle cuenta de su experiencia profesional. Explicó que, entonces, no le encajó en el IE, pero, cuando se creó el centro, cambió de parecer y la vio idónea para el cargo, en el que tenía un sueldo de 55.000 euros anuales.

También pesó que la responsable de talento de la universidad declaró que se enteró al mismo tiempo de la constitución del Africa Center y de que al frente estaría la esposa del también líder del PSOE.

No pasó tampoco por alto el juez que la directora de Recursos Humanos explicó que recibió instrucciones expresas de llevar a término la contratación de Gómez, aunque dijo no tener constancia de si medió un proceso previo de selección o se valoró el contenido de currículum.

La cátedra extraordinaria

En julio de 2020, el rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache, recibió una llamada de la secretaria de la mujer del presidente del Gobierno, quien le trasladó el interés de esta por reunirse con él en el Palacio de la Moncloa.

Goyache, otro de los imputados, accedió y acudió al complejo presidencial, donde ella le planteó la idea de poner en marcha una cátedra de Transformación Social Competitiva en la universidad y le aseguró que ya tenía apalabrada la financiación privada para su creación.

El que era su vicerrector, Juan Carlos Doadrio, contó en sucesivas comparecencias que, tras la reunión, el rector le trasladó «textualmente» que tenían que «crear una cátedra para Begoña, la mujer del presidente».

Doadrio admitió su desacuerdo con las «formas» en que se creó la cátedra: le sorprendió la «rapidez» con la que se llevó a cabo el proceso, como si «todo un regimiento de personas» de la universidad se pusiesen a «ayudar» para tenerla lista cuanto antes.

Solo tres meses después, en noviembre de 2020, la cátedra ya era una realidad, con Gómez al frente, y de ella dependían sus dos másteres.

El juez Peinado, sin embargo, no podrá comprobar el CV y los méritos de la mujer de Sánchez con los del resto de personas que dirigen cátedras extraordinarias en el centro universitario público madrileño, como pretendía. En diciembre, la UCM le comunicó que «no constan los currículum vitae» de los responsables de cátedras homólogas.

Lo que sí se confirmó al instructor es que el nombramiento en un cargo como este depende directamente del rector, de Goyache, y solo él podía, «excepcionalmente y por causas justificada, designar» a alguien «sin vinculación laboral» con la UCM, como es el caso de Gómez.

El software

Varias empresas privadas (Google, Indra, Telefónica, Minsait y Making Science) se encargaron de desarrollar para la cátedra extraordinaria que codirigía Gómez una plataforma para la medición del impacto social y medioambiental en pequeñas y medianas empresas (pymes).

La creación de este software supuso una factura de 300.000 euros, que principalmente asumieron estas compañías, y se hizo para que fuera «100% propiedad de la UCM».

Sin embargo, la universidad nunca se registró como titular del programa informático ante el registro de la propiedad intelectual y acabó siendo ofrecido en una página web (www.transformatsc.org) a nombre de la mujer de Sánchez, quien sí se preocupó por inscribirse en la Oficina de Patentes.

Y lo hizo como propietaria de la marca «Transforma plataforma de medición de impacto social y medioambiental», lo que incluye, por tanto, la denominación del producto tecnológico.

Además, se ha ratificado que hubo «irregularidades» en la última fase de elaboración del programa. Se encargó con una «inobservancia absoluta de los procedimientos establecidos» a Making Science que culminase el software por 24.000 euros.

Una interventora de la UCM confirmó que el contrató público fue «nulo» ya que la mujer del secretario general socialista no podía ser quien lo firmase y ejerciese de órgano de contratación.

Nadie, que no sea el rector o, alternativamente, la gerencia, «puede contratar nada en nombre y para la universidad», se deja claro en la auditoría, y es lo que hizo Gómez.

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid investiga también si incurrió en instrusismo laboral tras haber redactado y firmado un pliego de condiciones técnicas de una adjudicación, también para el software, que acabó recibiendo la consultora Deloitte por un valor superior a los 60.000 euros.

El juez, cuando le imputó este otro delito, señaló que lo hizo sin haber acreditado «disponer de conocimientos ni facultades» o estar «cualificada técnicamente» para ello, o el tener la «condición de autoridad o funcionario» que le facultaría para poder encargarse de ello.

El rescate a Air Europa

La relación profesional entre Gómez y Javier Hidalgo, ex CEO de Globalia, la propietaria de Air Europa, nace del patrocinio por valor de 40.000 euros que otra de sus filiales, Wakalua, llegó a firmar para el Africa Center (IE).

Aunque, según declaro la que era directora general de esta empresa, Leticia Lauffer, la aportación no llegó finalmente a superar los 2.000 euros en unos billetes a Londres por razón de la Covid.

La semana pasada se conoció la primera referencia a la mujer del también líder del PSOE en los meses del verano de 2020, previos a que en noviembre se concediese finalmente la ayuda pública de más de 450 millones de euros a la aerolínea de Globalia.

El 16 de julio de 2020, Aldama le trasladó a Koldo García que, estando Hidalgo «muy jodido» por las pocas certezas de que saliese adelante, «buscándose» la vida, «acaba de llamar a Begoña (Gómez)».

También hay que tener en cuenta que Lauffer llegó a Wakalua desde el grupo empresarial de Barrabés y este «hub» se presentó y tenía su sede en un espacio de trabajo del empresario. Hidalgo y Gómez coincidieron y posaron en Ifema, actos de Wakalua y compartieron momentos en San Petersburgo (Rusia), con motivo de la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo (OMT).

El juez Peinado espera un informe de la Unidad Central Operativa (UCO), que está en avanzado estado de elaboración, en el que se analiza el expediente de la concesión de la millonaria financiación estatal por parte de la SEPI.

Su asesora "amiga"

Después de que acudiese como testigo, el instructor imputó a la asesora de Moncloa María Cristina Álvarez al quedar patente en los mails obrantes en el sumario que se encargaba de gestionar con la Complutense asuntos de la cátedra en nombre de su «amiga» Gómez e, incluso, se presentaba como «colaboradora» de esta.

Como ejemplo, fue ella quién trasladó a Reale Seguros que a la esposa del presidente «le encantaría que sigáis como patronos, aunque sea con una cantidad inferior».

En ello, el juez Peinado entiende que puede haber una cooperación necesaria de la alto cargo en los delitos de corrupción y tráfico de influencias.

Segunda visita a Moncloa: le toca a Felix Bolaños

El juez Peinado acude hoy por segunda vez desde que instruye el procedimiento a Moncloa. Tras intentar infructuosamente interrogar a Sánchez en julio, esta vez tomará declaración al ministro de Justicia, Félix Bolaños, para tratar de aclarar si hubo malversación de caudales públicos en que se nombrase a Álvarez directora de Programas de Presidencia y en que se encargase de la agenda «institucional y privada» de la esposa del jefe del Ejecutivo.

«A mí me contrató Begoña» y solo «reportaba» a ella, explicó la alto cargo. El instructor llamó a Bolaños porque en el momento de su contratación, en el verano de 2018, era secretario general de Presidencia y después de que su vicesecretario, Alfredo González, explicase que de él le llegó la propuesta.

Fuentes de la acusación popular consultadas por LA RAZÓN explican que el hecho de que acudiese a reuniones con Gómez en la UCM y estuviese tan implicada en su actividad profesional indica que ejercía funciones más propias de una asistente en una empresa privada, que de una asesora del Gobierno, por lo que insisten en que se debe investigar.

El instructor llegará en un coche oficial de Presidencia e instalará siete micrófonos y dos cámaras para recoger la comparecencia.