Audiencia Nacional

Caso Tsunami Democràtic: la Asociación Dignidad y Justicia y Vox entran como acusación

El juez acepta que se personen en la causa por los altercados tras la sentencia del procés

Incidentes tras la manifestación convocada por Tsunami Democratic por el partido entre el FC Barcelona-Real Madrid en el Camp Nou.
Incidentes tras la manifestación convocada por Tsunami Democratic por el partido entre el FC Barcelona-Real Madrid en el Camp Nou.David Zorrakino Europa Press

La investigación contra Tsunami Democràtic por las graves protestas que se produjeron en 2019 en Cataluña como consecuencia de la sentencia del «procés» ha incorporado en la acusación a a la Asociación Dignidad y Justicia y a Vox. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado su personación en la causa, «previa prestación de una fianza de 200 euros para responder de las resultas del juicio».

La causa, que está abierta desde ese mismo año y que ahora se centra en ocho investigados, está pendiente del informe final de la Guardia Civil sobre los altercados, un documento clave que permitirá al titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional darle traslado a la Fiscalía, que será la encargada de informar y evaluar si aquellos hechos son constitutivos de delitos de terrorismo o de desórdenes públicos.

De ello depende el futuro de la causa: si hay indicios de actividad terrorista, la Audiencia Nacional sería competente, pero si se considera que son desórdenes públicos, el magistrado tendrá que inhibirse y pasaría a los juzgados de instrucción de Barcelona.

Fuentes jurídicas consultadas por este periódico señalan que la primera valoración de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que estaría pendiente del visto bueno de la Fiscalía General del Estado, se inclina por esta última opción. Esta decisión estaría motivada por la derogación del delito de sedición y por la estructura de Tsunami Democràtic, que no permitiría identificarla como una organización de carácter terrorista. En este escenario, solo se podría imputar a los ocho investigados unos desórdenes públicos agravados.

A finales de mayo, García Castellón solicitó el cálculo de los perjuicios económicos que causó la ocupación de las instalaciones del aeropuerto de El Prat, en Barcelona, en medio de protestas y actos vandálicos que ocurrieron el 14 de octubre de 2019, así como de los cortes en la AP7 que perpetraron el 11 y 13 de noviembre de ese mismo año. Un mes más tarde, el magistrado acordó prorrogar la investigación hasta el 29 de enero para contar con el tiempo suficiente para dar por concluidas estas diligencias y disponer de los informes policiales de recapitulación.

Dentro de la misma causa, el magistrado solicitó al Ayuntamiento de Barcelona que calculara el importe de los daños causados por las barricadas y quema de mobiliario urbano atribuidas a Tsunami Democràtic con motivo del partido del FC Barcelona y el Real Madrid el 18 de noviembre.

Entre los investigados se encuentran el exdirigente de ERC Xavier Vendrell, el empresario Oriol Soler y el historiador Josep Lluís Alay, cercano al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, además del diputado de ERC Rubén Wagensberg, que actualmente es el secretario cuarto de la Mesa del Parlament.