Cerco del PP al Gobierno por los datos de cambio de sexo por la Ley Trans

La Ley Trans entró en vigor el pasado 2 de marzo y, desde entonces, hay indicios que apuntan a que ha habido una avalancha de peticiones de cambio de sexo. Sin embargo, son solo indicios porque, hasta ahora, los dos intentos por conocer esos datos se han topado con el muro de la falta de transparencia del Gobierno. El PP ha pasado a la acción y ha formulado dos preguntas por escrito que tratan de desvelar esa cifra.

En una primera pregunta, firmada por las diputadas Marta González, Carmen Navarro y María Jesús Moro, los populares reclaman información relativa a cuántas personas han solicitado el cambio de sexo en las oficinas del Registro Civil (lugar donde se realiza esa rectificación registral) desde que entró en vigor la norma. El Registro Civil depende del Ministerio de Justicia y, por tanto, es el departamento que tiene que encargarse de dar esa cifra. La segunda pregunta es todavía más específica y el PP pide los datos sobre los reclusos que han ejercido ese derecho al cambio de sexo.

Los populares recogen en el documento de la pregunta lo que dicta el artículo 44 de la Ley Trans, relativo a la autodeterminación de género. Ese precepto da cuenta de la facilitad que existe ahora mismo para cambiar de sexo, ya que «el ejercicio del derecho a la rectificación registral de la mención relativa al sexo en ningún caso podrá estar condicionado a la previa exhibición de informe médico o psicológico relativo a la disconformidad con el sexo mencionado en la inscripción de nacimiento, ni a la previa modificación de la apariencia o función corporal de la persona a través de procedimientos médicos, quirúrgicos o de otra índole».

Esta facilidad para la autodeterminación de género ha invitado a pensar a que pueda haber una avalancha de peticiones de cambio de sexo y, de hecho, algunas fuentes recogidas por este diario en una publicación del 10 de marzo así lo confirman. Y, las alarmas se disparan más aún porque suelen ser todo peticiones de hombres y sin voluntad de cambiarse el nombre: es decir, solo pretenden figurar como mujeres. Esto, a su vez, da que pensar que la Ley pueda ser usada como subterfugio para determinadas aspiraciones (como puestos de trabajo con plazas reservadas para un colectivo concreto), según advierten algunas formaciones políticas o expertos en la materia.

De momento, el Gobierno se está caracterizando por la falta de transparencia. El diputado del grupo mixto Pablo Cambronero preguntó hace ya un mes y se encontró sin respuesta porque el Ejecutivo solicitó una aclaración; después llegó Vox, partido al que el Gobierno negó los datos porque los de Santiago Abascal hicieron referencia al Instituto Nacional de Estadística, un organismo que no tiene acceso a estos datos (las cifras quedan recogidas por el Registro Civil, que, a su vez las transmite a una plataforma del Ministerio de Justicia que centraliza todas).

En cualquier caso, es evidente que el Gobierno tiene acceso a los datos, pero no quiere publicarlos por temor al revuelo que pueden generar los efectos indeseados que pueda estar teniendo esta norma. De momento, solo podrían quedar recogidos los datos referentes a las solicitudes de cambio de sexo, porque el procedimiento completo para materializarlo se puede alargar en torno a cuatro meses: el primer trámite consiste en una solicitud al Registro Civil, que cita al interesado para que comparezca. Tras la primera comparecencia se vuelve a citarle a los tres meses: si ratifica su voluntad, el cambio de sexo se materializará en un plazo máximo de un mes.

Asimismo, en el artículo 47 de la Ley Trans también queda recogido el procedimiento para poder revertir el cambio de sexo: «Transcurridos seis meses desde la inscripción en el Registro Civil de la rectificación de la mención registral relativa al sexo, las personas que hubieran promovido dicha rectificación podrán recuperar la mención registral del sexo que figuraba previamente a dicha rectificación en el Registro Civil».

A toda esta opacidad también cabe añadir que los propios trabajadores del Registro Civil, autoridad competente para realizar el procedimiento del cambio de sexo, siguen sin disponer de pautas concretas sobre cómo proceder tras la aprobación de la nueva Ley Trans y eso puede generar diferencias entre lugares.

Una de las grandes polémicas generadas en esta ley fue la tensión entre PSOE y Podemos a cuenta de la edad para poder formular el cambio de sexo: los socialistas se negaban a que los jóvenes de entre 14 y 16 años pudieran ejercer la autodeterminación de género sin el plácet de un juez, aunque finalmente tuvieron que aceptarlo. En este sentido, los populares quieren los datos desglosados por edad, además de por territorios (comunidades autónomas) y sexo original.