Las recientes declaraciones de Donald Trump, en las que plantea la posibilidad de expulsar a España de la OTAN, han reabierto un debate de profundas implicaciones estratégicas para el país. Más allá de la viabilidad jurídica de una expulsión, que el propio Tratado de Washington no contempla, la simple amenaza pone sobre la mesa un escenario de máxima vulnerabilidad para la seguridad de la nación que nunca antes se había llegado a barajar de manera formal desde que se firmó en el año 1986.

La soberanía de enclaves estratégicos como Ceuta, Melilla y las Islas Canarias, la sostenibilidad de las finanzas públicas ante un necesario y drástico aumento del gasto en defensa, y el futuro de una industria militar integrada en la cadena de valor aliada se convierten en interrogantes de primer orden. Analizar las consecuencias de una España fuera del paraguas protector de la Alianza es, por tanto, un ejercicio de realismo geopolítico tan incómodo como necesario.

La situación de Ceuta y Melilla siempre ha estado en entredicho. Para empezar, porque la interpretación del Artículo 6 del Tratado delimita el ámbito geográfico a Europa o América del Norte, así como las islas bajo jurisdicción al norte del Trópico de Cáncer. Esto siempre ha dejado en una especie de limbo la protección de Ceuta y Melilla E implica que, supuestamente, no podría utilizarse el Artículo 5.

El cual, por su parte, tiene como función la defensa mutua, ya que, si algún país es atacado en sus territorios, el resto de miembros deberían prestarle su ayuda. La ambigüedad de esta parte del Tratado de Washington plantea, de facto, un peligro claro para ambos enclaves africanos. Un ataque a las ciudades autónomas sería una agresión contra un aliado clave, y, aunque la activación del Artículo 5 no sería automática, sí desencadenaría una crisis de primer orden en la OTAN, con una fuerte presión política para una respuesta colectiva.

Sin embargo, si España fuera expulsada de la organización, ninguno de estos conceptos tomaría sentido y ambos territorios estarían desprotegidos completamente ante posibles pretensiones territoriales marroquíes. La dinastía alauí siempre ha defendido tener derechos sobre ambos enclaves, pese a que históricamente nunca les han pertenecido. Estas reivindicaciones se han extendido de un tiempo a esta parte hacia el archipiélago canario.

Las islas siempre han visto su posible protección en entredicho ante teóricas agresiones del reino vecino, por lo que su seguridad recaería, fuera de la OTAN, exclusivamente en manos españolas. A nivel defensivo, los tres territorios entrañarían algunas dificultades en su protección, sobre todo Ceuta y Melilla, de modo que la disuasión siempre ha sido el arma del país para mantener su soberanía sobre ellas.

Si España abandonara la OTAN tendría que elevar su gasto en defensa mucho más de lo que estaría proyectándose hasta ahora. Sin la ayuda disuasoria del bloque, el país tendría que mantener unas fuerzas armadas tecnológicamente avanzadas para que la disuasión fuera creíble y los actores externos no se vieran capacitados para dañar la soberanía.

Si este año el Estado español invirtiera un 2% de su presupuesto en mantener sus capacidades militares dentro de la organización, en el caso de operar completamente solo debería elevarlo ya solamente este año a un 3.5% del PIB si lo comparamos con otros países que estaban fuera del Tratado, como es el caso de Suecia hasta su ingreso este año.

Esto supondría un verdadero escenario de tensión para los intereses españoles y para las finanzas públicas, lo cual se traduciría a la larga en unos recortes drásticos. Madrid tiene una base industrial de defensa bastante sólida, con actores tan importantes como Indra, Navantia, Airbus España o Santa Bárbara Sistemas. Todas ellas cruciales para muchos de los sistemas bélicos de todo el mundo, pero es la pertenencia a la OTAN la que ha permitido la internacionalización de este sector.

Con la salida, se perderían los estándares del pacto atlántico, que son la norma de facto para la industria de seguridad occidental, lo que haría que se perdieran también las certificaciones y la participación en el desarrollo de estos estándares, provocando que las exportaciones a los mercados más importantes se desplomaran. Además, las empresas españolas serían expulsadas de los programas de desarrollo conjunto de nuevas armas, como los futuros cazas de combate.

Las compañías del país están integradas en las cadenas de suministro globales de los grandes contratistas de defensa de naciones aliadas. Una salida de la organización podría llevar a que estas empresas fueran vistas como proveedores menos fiables, siendo sustituidas por competidores. Por otro lado, desde un punto de vista macroeconómico, la incertidumbre en estas industrias crearía una situación en la que las agencias de calificación y los inversores internacionales podrían aumentar el Riesgo País, encareciendo los costes de financiación para el Estado y afectando a toda la economía en su conjunto.

Pese al comentario de Trump, sugiriendo la expulsión de España de la OTAN, el bloque no plantea en sus bases ningún tipo de mecanismo de expulsión. Se considera que los firmantes son naciones soberanas que tienen el derecho a la libre asociación, por lo que la única manera de salir de este pacto es mediante el abandono voluntario. En este sentido, aunque el presidente de los Estados Unidos plantee estas posibilidades, a no ser que se revisen los acuerdos firmados en 1949, no hay ninguna posibilidad de que se pueda expulsar o plantear un veto sobre el país.

Así, la decisión recaería única y exclusivamente en España, que sería libre de mantenerse dentro o de abandonar a sus, hasta ahora, aliados. Ahora bien, existen otras vías que podrían facilitar la expulsión española de la OTAN y que se han contemplado en tiempos pasados con otros aliados como Turquía. Para ello, se han explorado los caminos del derecho internacional consuetudinario.

Concretamente el Artículo 60 de la Convención de Viena sobre los derechos de los Tratados, que aborda cuestiones de «violación material» de los tratados para suspender de manera unánime los acuerdos multilaterales. En el caso de la organización, las posibilidades que se han barajado como motivo para la ruptura serían las declaraciones sostenidas en su preámbulo y en el Artículo 2.

El primero plantea la salvaguarda de la libertad como motor de los acuerdos, mientras que el segundo plantea un compromiso a «fortalecer sus instituciones libres». Pese a ello, países como Grecia han permanecido en la OTAN en momentos en los que no cumplían con estas cuestiones, como fue en el caso de su dictadura militar. El problema es que la Convención de Viena no es retroactiva y se firmó en el año 1980, mientras que el Tratado de Washington se ratificó el 24 de agosto de 1949, lo que mantendría la situación en un callejón sin salida difícil de eludir.

Finalmente, Jens Stoltenberg, mientras era secretario general de la OTAN, negó rotundamente que se fuera a crear alguna vez un mecanismo para expulsar.