El CGPJ requiere 374 plazas judiciales más entre juzgados y magistrados

La Administración de Justicia requiere de la atención urgente de sus necesidades para no colapsar. Según los últimos cálculos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), actualmente se requiere la creación de 444 nuevas unidades judiciales, entre juzgados y plazas de magistrados, para asegurar un normal funcionamiento de los órganos jurisdiccionales. Una cifra que dista mucho de las 70 que el Ministerio de Justicia ha programado para este año, en torno al 16% del total.

En medio del acalorado debate por la urgente necesidad de renovar el órgano de gobierno de los jueces y por la falta de acuerdo entre los principales partidos para destrabar el bloqueo del consejo, pasan desapercibidas las necesidades del día a día para que los juzgados y tribunales sean operativos. Las 444 unidades judiciales que se necesitan es un dato que se actualizó en el Pleno del consejo del 19 de julio. Entonces se determinó que, para adecuar la planta judicial a las necesidades del servicio público de justicia, se requerían 374 plazas más que las que Pilar Llop programó para 2023.

Según explican fuentes del CGPJ, estas necesidades siempre se trasladan a Justicia y así se hizo en julio. Entonces, el Pleno envió el informe en el que da cuenta de estas necesidades. Ahora, se espera que las 70 unidades programadas por el ministerio se aprueben por real decreto antes de que termine el año. Son temas operativos que se han ido retrasando por la convocatoria de elecciones generales del 23-J, el Gobierno en funciones y las negociaciones para las investiduras, primero, de Alberto Núñez Feijóo y, después, de Pedro Sánchez. Las circunstancias extraordinarias han hecho que desde abril no se haya podido reunir la comisión mixta, que integran el propio ministerio, el CGPJ y la Fiscalía. Aunque se esperaba que una vez confirmado que Félix Bolaños estaría al frente de la cartera, se programase esta reunión no más allá de finales de noviembre, tal como señalan estas fuentes, aún no se ha celebrado. A pesar de ello, aseguran que siempre se ha producido un diálogo fluido.

Pero los retos operativos se acumulan y es necesario abordarlos cuanto antes. Actualmente, se han atendido entre el 85 y el 90% de las necesidades presupuestarias del órgano de gobierno de los jueces, lo que les obliga a tener que lidiar con ese otro 15 a 10% de necesidades que no están cubiertas. Esto exige un esfuerzo adicional porque requiere priorizar unas partidas sobre otras para gestionar la falta de presupuesto, un escollo para su funcionamiento.

En definitiva, son temas que han quedado pendientes de cerrar tras concluir de forma abrupta una legislatura cuya etapa final fue convulsa para la cartera de Justicia. Con Pilar Llop al frente, se produjeron las huelgas de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) a principios de año, seguidas por el amago de jueces y fiscales y por las reivindicaciones de los funcionarios, que suspendieron las movilizaciones por la cita con las urnas de julio. Todo ello agravó la situación debido a la suspensión de juicios y de otras actuaciones procesales, causando perjuicios no solo al sistema, sino a los ciudadanos que veían más obstáculos a la hora de reclamar la tutela de sus derechos.

El riesgo de parálisis y colapso, lejos de disiparse, sigue vigente y pendiente de solución. Algunas fuentes jurídicas creen que la prioridad del «triple ministro» Bolaños, al frente de Presidencia, Relaciones con las Cortes y, ahora, Justicia, será allanar la tramitación de la proposición de ley de amnistía en el Congreso y el Senado y, como mucho, avanzar en un pacto para renovar el CGPJ. Pero existen dudas sobre si realmente se pisará el acelerador para resolver los temas de corte operativo y de funcionamiento cotidiano de la Administración de Justicia que, como algunos jueces temen, puede quedar en un segundo plano.

Otros creen que será su número dos, el secretario de Justicia Manuel Olmedo, quien se encargue de impulsar iniciativas y soluciones para estas situaciones que pueden enquistarse. Y es que la lista de temas pendientes es amplia, como las mejoras salariales que reclaman los funcionarios, la regulación del teletrabajo en los juzgados y el cumplimiento de otros compromisos que se sellaron para poner punto y final a las huelgas del primer semestre, entre otros asuntos que son el legado de la pasada legislatura. De momento, que se hayan programado 70 de las 444 unidades judiciales necesarias no parece una señal de que se vaya a invertir en estructura.