CGPJ: cinco años y una renovación que no llega

El bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es una de las mayores crisis que ha vivido la Justicia en nuestro país. Son ya cinco años con el mandato caducado y el problema ha trascendido nuestras fronteras, salpicando también a las autoridades europeas, que han intentado mediar para desatascar los acuerdos políticos que ayuden a recuperar la normalidad. En medio, el debate por el sistema de elección, que no cumple con los estándares fijados desde Europa y que ponen en entredicho la imagen de independencia del sistema judicial español.

Desde el 4 de diciembre de 2018, cuando el órgano de gobierno de los jueces debió renovarse, PP y PSOE no han logrado acordar los nombres de los vocales y las rencillas han ido a más. ¿El resultado? El consejo es el único órgano constitucional que no se ha renovado, una situación anómala con nefastas consecuencias. Algunas fuentes jurídicas consultadas por este periódico señalan sin dudarlo que el CGPJ es presa del partidismo en el Congreso y en el Senado.

«Llevamos 40 años de un juego partidista y de intercambio de vocales entre los principales partidos, que han logrado cambiar un sistema que estaba validado por otro que es claramente inconstitucional», acusa Sergio Oliva, de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), que recientemente pidió al Tribunal Constitucional que amparase a los seis candidatos a vocales a los que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) les reconoció el derecho a que sus perfiles fueran analizadas en plazo en el Parlamento.

Para otros, el bloqueo es un signo de los tiempos. «La no renovación del consejo es el síntoma de la anormalidad que vivimos, del grave deterioro institucional en múltiples niveles», señala uno de los vocales, José María Macías, que cree que la solución pasa por «adecuarnos de una vez por todas a los estándares que ha fijado Europa». El cambio de la elección de los vocales que proceden de la magistratura contribuiría a ofrecer mayores niveles de garantía de la deseada independencia del Poder Judicial y para limitar la influencia política en la institución.

En esto coincide con otro vocal, José Antonio Ballesteros, que cree que la llave para sacar adelante los nombramientos reside en cambiar la manera como se eligen los integrantes del consejo. «El problema no es su renovación, que en realidad es una necesidad; el problema es cómo se renueva, si se hace siguiendo los estándares que marca Europa, si se hace participando plenamente en los valores europeos», subraya.

Pero la sombra del pesimismo se cierne sobre una posible solución a corto plazo y no se ha disipado con el nombramiento de Félix Bolaños al frente del Ministerio de Justicia; tampoco tras los primeros contactos que ha mantenido con el presidente en funciones del consejo, Vicente Guilarte. Hay recelo, dudas y desconfianza en una figura que, como recuerdan varias fuentes, ha participado en los acuerdos fallidos. «Por los hechos los conoceréis», advierte una de ellas. No olvidan que antes de llegar al ministerio, Bolaños cuestionaba que fueran los propios jueces los que eligieran a los magistrados que deben integrar el CGPJ como vocales, doce en un total de veinte. Un argumento que carece de validez para la mayoría. «¿Hay menos democracia en Portugal, en Francia o en Italia, donde la mitad de los miembros son elegidos sin intervención política alguna? Ellos sí cumplen con las recomendaciones de la UE», sostiene Oliva.

El problema es que el PP ha reiterado que primero se tiene que reformar el sistema de elección para llegar a un acuerdo, mientras que el PSOE quiere que se renueve cuanto antes con las normas vigentes. No son pocas las voces que acusan la intención de aprovechar el sistema actual para maniobrar políticamente, sobre todo de cara a allanar el camino en la tramitación de la proposición de ley de amnistía, la pieza central del acuerdo de investidura de Pedro Sánchez con los independentistas. Junto con las acusaciones de «lawfare» y de utilización de los tribunales con fines políticos, se ha deteriorado aún más la apariencia de independencia que debe transmitir el órgano de gobierno de los jueces. Muchos no creen que haya intención de mejorar la forma como se eligen. «Nunca han dicho que quieran cambiar la elección de los vocales, incluso han hecho amagos para rebajar las mayorías que se necesitan para renovar el órgano», recuerda Ballesteros. Sobre las palabras del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, que dijo que la prioridad era la renovación y después el cambio de la elección, Macías recalca que esta reforma debería ser inmediatamente después de renovar, pero la mayoría de las fuentes consultadas creen que se dilatará en el tiempo y no se dará cumplimiento al cambio.

Aunque el bloqueo es una anomalía clara e indiscutible, fuentes del propio órgano destacan que «el consejo no está paralizado». Solo la función de nombrar jueces es la que no se puede ejecutar como consecuencia de la reforma legal que impulsaron PSOE y Podemos y que contó posteriormente con el aval del TC para retirar al CGPJ sus competencias para efectuar nombramientos mientras estuviera en funciones. Con esta medida extrema se pretendía forzar un acuerdo con los populares, pero el efecto ha sido el contrario: en el Tribunal Supremo hay 23 vacantes sin cubrir, es decir, hay un tercio de la plantilla de magistrados que está sin renovar. La institución va lidiando con el día a día a pesar de tener las manos atadas, y adopta medidas de refuerzo en los tribunales donde falta personal y se hace lo que se puede dentro de las limitaciones que impuso la ley de marzo de 2021. «Donde hay un hueco, alguien lo copa, se cubre de otra manera, no de forma ordinaria, para asegurar que todo siga funcionando», señalan. Frente a esta situación, algunos representantes políticos han pedido la dimisión en bloque de los vocales. «Si dimiten, sería la parálisis. No se puede plantear, habría dejación de funciones», señala otra fuente conocedora de las funciones del CGPJ. La situación sería aún más grave.

«Tal como están las cosas, el Parlamento es el que tiene que renovar, pero los partidos mayoritarios no se ponen de acuerdo», señalan las mismas fuentes. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, insistía hace unos días que esta será «la legislatura de la renovación del CGPJ». De momento, solo ha habido declaraciones, pero no se ha conocido ninguna propuesta de reforma legal encaminada a la despolitización del sistema de elección para renovar a los vocales.

El peso del Parlamento en la elección

El cuestionado sistema de elección de los vocales del CGPJ está regulado por la Ley Orgánico del Poder Judicial (LOPJ), de 1985.

En total, son 20 los integrantes del órgano de gobierno de los jueces, la mitad los elige el Congreso de los Diputados y la otra el Senado, en una votación por mayoría cualificada de tres quintos. Esto requiere que los principales partidos políticos se pongan de acuerdo para sacar adelante los nombramientos, algo que pone en entredicho la imagen de independencia que debe transmitir todo el proceso, pues suelen proponer a profesionales cercanos ideológicamente.

De cada grupo de diez vocales que elige cada cámara, seis tienen que seleccionarse entre jueces y magistrados, mientras que los otros cuatro deben ser juristas de reconocido prestigio profesional.

Se trata de un sistema de elección que exige un consenso político amplio entre PSOE y PP que no se ha dado en los últimos cinco años, a pesar de que ha habido amagos y crisis que parecían obligarles a pactar. La situación ha sido de tal gravedad, que ha trascendido a las autoridades europeas. Al conocer la amplia influencia política que hay en el actual sistema de elección, desde Bruselas se propuso reformar esta fórmula, con vistas a que sean los propios jueces los que elijan a una parte de los vocales del consejo, los doce cupos reservados a magistrados. Desde Europa, consideran que un sistema de estas características sería más acorde con sus valores y mejoraría los niveles de independencia judicial. Es un modelo que, en mayor o menor medida, se da en otros países de la UE.