El CGPJ reprocha a Justicia su portazo a un tercio de los refuerzos en los juzgados

La recta final de la legislatura está siendo especialmente conflictiva en la Administración de Justicia, sobre todo por la sucesión de huelgas (primero los secretarios judiciales y ahora los funcionarios, incluso con un anuncio de paros de jueces y fiscales finalmente abortado). Con los abogados -que hoy se han concentrado en los juzgados de toda España- hablando ya de riesgo de "colapso", el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reprocha ahora al ministerio que dirige Pilar Llop que haya rechazado un tercio de los refuerzos solicitados para aliviar la situación en los juzgados, algo de lo que también se quejó el pasado martes el decano de los abogados madrileños, Eugenio Ribón.

En ese contexto de crispación por la suspensión de un millón y medio de juicios y 15 millones de actuaciones judiciales por los paros de los funcionarios, los últimos en dar la voz de alarma han sido los presidentes de los tribunales superiores de justicia, reunidos en Las Palmas estos días, quienes han mostrado su "preocupación" por esta situación de "graves problemas de eficacia y de organización". En un comunicado, llegan incluso a asegurar que "el sistema actual de Justicia está totalmente superado", por lo que en su opinión "urge una profunda reforma del mismo".

Mientras llega esa reforma largamente aplazada, la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces ha instado a Justicia a reconsiderar la decisión que adoptó el pasado día 16, cuando denegó 49 de las 146 medidas de refuerzo que habían solicitado el CGPJ con el informe favorable del Servicio de Inspección.

Los vocales de la Comisión recuerdan a Llop que la Ley Orgánica del Poder Judicial establece en su artículo 216 bis.5 que la aprobación por parte del Consejo General del Poder Judicial de cualquier medida de apoyo precisará de la previa aprobación del Ministerio de Justicia, que "únicamente podrá oponerse por razones de disponibilidad presupuestaria".

Por este motivo, el Consejo insta al departamento que dirige Llop a que "motive las razones que le han llevado a autorizar económicamente unas medidas de refuerzo y a denegar otras", precisando "las partidas presupuestarias con las que cuenta para atender las medidas de refuerzo hasta fin del presente año".

"Grave perjuicio"

Finalmente, ante la "necesidad objetiva" de aprobar las medidas de refuerzo que han sido denegadas, la Comisión Permanente solicita al ministerio que dé marcha atrás "dada la urgencia y necesidad" de las medidas descartadas, para garantizar así "un ejercicio adecuado y eficaz de la función jurisdiccional en los órganos judiciales" afectados, evitando asimismo "el grave perjuicio que la no aprobación de estos planes de refuerzo producirá en el servicio público de Justicia".

Más allá van los presidentes de los TSJ, que coinciden en la necesidad de "refundar" el "diseño constitucional" del sistema de administración de justicia, "el encaje institucional" del propio CGPJ, "su politización, real o aparente" y, también, "los déficits organizativos y estructurales" que lo lastran "desde hace décadas".

Para estos magistrados, los retos pendientes año tras año y la "grave situación de conflictividad actual por las huelgas y el grave deterioro del servicio público" sitúan a la Justicia "en riesgo de parálisis o colapso".

"Mostramos nuestra enorme preocupación por la gravedad de la situación de conflictividad actual, con importante suspensión de juicios y otro tipo de actuaciones procesales, y enorme perjuicio a los ciudadanos", aseguran en las conclusiones de las XVIII jornadas de presidentes y presidentas de tribunales superiores. De ahí que apremien a Justicia y a los sindicatos a impulsar el "necesario encuentro y diálogo entre las partes interesadas para encontrar una salida al conflicto, que permita cuanto antes volver a la normalidad en el trabajo en nuestros juzgados y tribunales".

Falta de consenso político

Según su criterio, al margen de las demandas retributivas, las protestas evidencian "un anquilosamiento progresivo de las estructuras judiciales y una clara asimetría entre el diseño legal y la realidad de nuestros juzgados", alejada de las necesidades de una administración moderna, por lo que abogan por reformas legales.

Se quejan, además, de "la inexistencia de una gestión unificada, ya que confluyen tres administraciones con responsabilidades ejecutivas y variedad de profesionales", lo que exige -señalan- dinámicas de coordinación a menudo complicadas "que no siempre se logran y que generan una situación en la que se percibe la falta de una adecuada gestión de los recursos personales en múltiples aspectos".

Sobre la mesa, apuestan por impulsar las reformas legislativas pendientes para lograr una mejora organizativa, procesal y digital y poner freno a "la crisis institucional del CGPJ, con el colapso en los nombramientos judiciales". Los proyectos de ley de Eficiencia Organizativa, Procesal y Digital -lamentan- se han visto "nuevamente frustrados en su tramitación parlamentaria" tras el anuncio de adelanto electoral de Pedro Sánchez. Impidiendo así, afirman, la implantación de "fórmulas de gestión y organización más eficientes" y medidas "de agilización procesal, tecnológicas y de medios complementarios de resolución de conflictos".

Los presidentes de TSJ señalan directamente a los políticos por dejar transcurrir "períodos temporales significativos (a lo largo de varias legislaturas), frustrando reformas necesarias del sistema judicial por la falta de consenso político y visión de Estado".

Entre sus reivindicaciones, también incluyen la "imperiosa necesidad" de adecuar la planta judicial al volumen e incremento de la litigiosidad "como forma de superar la actual lentitud de la justicia".