Cinco años del CGPJ en funciones

Este 4 de diciembre, el CGPJ cumple cinco años en funciones. Realmente, esta situación de interinidad no es buena para el normal funcionamiento del mismo. La Constitución quiso consagrar una verdadera división de poderes al establecer en el artículo 117.1 que la Justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.

Durante estos cinco años, todas las propuestas de reformas legislativas referentes al Poder Judicial que han sido impulsadas por el Gobierno, han ido dirigidas a atacar la independencia judicial provocando un peligroso desequilibrio entre los poderes del Estado y una injerencia preocupante del Gobierno en la Justicia. El CGPJ es un órgano esencial en el funcionamiento del «Estado Democrático y de Derecho», por lo que el reforzamiento de su carácter institucional redunda necesariamente en el mejor cumplimiento de esa misión que la Constitución le atribuye.

Durante estos cinco años el órgano de gobierno del Poder Judicial ha sido objeto de diversos ataques por parte de aquellos que no creen en su función garantizadora de la independencia de jueces y magistrados.

El primero de ellos fue la limitación de sus competencias en materia de nombramientos que ha impedido al CGPJ garantizar el normal funcionamiento de la Justicia. No hay que olvidar que la cúpula judicial tiene 87 plazas sin cubrir debido a la reforma llevada a cabo por el gobierno hace ya 30 meses, en marzo de 2021. Hoy en día, el 30% de las plazas del Tribunal Supremo se encuentran vacantes, provocando una situación muy preocupante. Esta reforma de la LOPJ, si bien ha sido declarada constitucional, persiguió sin ningún género de duda, doblegar por inanición al órgano de gobierno de los jueces.

El segundo asalto contra el Poder Judicial en estos cinco años, en este caso frustrado, fue el proyecto de reforma legislativa para reducir la mayoría necesaria para la elección de los vocales del Consejo que son de extracción judicial. En su momento, la Comisión Europea se mostró preocupada por la reforma y pidió su paralización, lo cual llevó al gobierno a hacer marcha atrás.

El triministro Bolaños ha afirmado que esta reforma no está en sus previsiones, pero evidentemente negarlo hoy no es ninguna garantía que haga pensar que mañana no cambie de opinión. Siempre existe la amenaza de que en los pactos secretos entre el PSOE y sus socios de investidura se haya acordado volver a poner en marcha esta reforma para lograr la total ocupación de este órgano constitucional.

El tercer ataque se ha producido en fechas recientes y es el «lawfare» o aceptación de la tesis de la existencia en España de una justicia prevaricadora, contenido en el acuerdo PSOE-Junts y reconocido por el ministro Óscar Puente. Este asalto, a diferencia de los anteriores que se centraban en el órgano de gobierno, está dirigido directamente a los jueces y magistrados, lo cual ha provocado la reacción inmediata de las asociaciones de jueces y fiscales, órganos de gobierno de juzgados y tribunales, además de la inmensa mayoría de los profesionales de la Justicia.

Estos cinco años de interinidad del CGPJ nos tienen que hacer llegar a la conclusión de que es más necesario que nunca conseguir que la Justicia esté fuera del debate político y que es una obligación democrática zanjar la percepción de la politización de la misma, modificando el sistema de designación de los vocales del CGPJ y devolverlo a su elección por la carrera judicial.

Esa es la recomendación del informe GRECO (grupo de Estados contra la corrupción dependiente del Consejo de Europa) en el que se advierte a España de la falta de independencia judicial si no se modifica el sistema de elección de vocales, llegando a denunciar el marco legislativo y sus efectos sobre la independencia real y percibida de este órgano.

Hoy en día, lo que está en juego es la independencia del poder judicial, y por ello es necesario la vuelta al espíritu original del artículo 122.3 de la Constitución, para que los doce vocales de procedencia judicial sean elegidos directamente por los jueces y magistrados, como ya se puso en manifiesto en la sentencia del Tribunal Constitucional 108/1986, en la que se afirma la existencia de un riesgo cierto de frustrar la independencia de dicho órgano si el nombramiento de vocales atiende solo a la división de las fuerzas políticas.

Para evitar repetir la situación de un CGPJ en funciones la fórmula es sencilla: independencia de la Justicia, separación de poderes y fortalecimiento institucional. Todo lo contrario a lo perseguido en los pactos suscritos para la investidura del actual gobierno que tienen como gran protagonista al Poder Judicial y su órgano de gobierno.

Fernando de Rosa es diputado y exvicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)