La colaboración entre DEA y la Policía española no logra atrapar a los cabecillas del cártel de 'los Boyacos'

Julio Peñaranda (alias "Loco") llegó a Madrid en un vuelo de Avianca procedente de Bogotá (Colombia) el 15 de junio de 2016. Se alojó en el hotel Vincci Capitol de la Gran Vía, aunque la reserva no las hizo a su nombre, sino al de un familiar. Su intención: introducir cocaína en España del 'cartel de los Boyacos' a través de Galicia. La entrega fue frustrada por una información que la agencia americana Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) dio a la Policía Nacional. La Audiencia Nacional acaba de condenar a 15 personas después de que al tirar de este hilo se haya descubierto toda una red de narcotráfico. Pero faltan los cabecillas, a quienes los agentes nunca lograron detener.

La organización criminal tenía como objetivo introducir los estupefacientes a través de las costas de gallegas. Los principales narcos viajaban en avión y, una vez en España, organizaban toda la distribución. Pero dos agentes de la Policía junto a un tercero de la DEA viajaron a Miami para dar el 'cambiazo' y lograron su cometido de coger a los capos en territorio español con las manos en la masa. Los jefes de la logística de la distribución de la cocaína eran el "Loco" y de Ronal Alfredo Roa (alias el "Mono") para quien la Fiscalía Antidroga pedía un total de 15 años de prisión y una multa del triple del valor de los 1.000 kilos y 1.102 kilos que pretendían introducir cada uno. Al primero, le solicitaban 103,9 millones de euros y al segundo 114,5 millones de euros. Finalmente, el Ministerio Público llegó a un acuerdo con el "Loco" por colaboración tardía, ya que reconoció los hechos, y la condena se quedó en ocho años y la multa es algo mayor de 34 millones. Para el "Mono" la pena asciende a 10 años de cárcel y multa de 76,3 millones.

El clan de 'los Boyacos', asentado en Colombia, no ha quedado descabezado a pesar de esta contundente condena. "Ambos no eran los máximos responsables de la organización propietaria de la droga, sino que, aunque tenían cierta autonomía, también recibían instrucciones de éstos, a los que no se pudo identificar, que tenían el control último de la operación y del destino de la droga", reconocen los magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Los agentes intervinieron teléfonos e incluso utilizaron agentes infiltrados en la operación, pero no lograron llegar a la cúspide de la trama. "Se pudo determinar que aquel número no estaba siendo utilizado por Ronal, como en un principio se le atribuyó, sino que estaba siendo utilizado por otro miembro de la organización colombiana afincado en España ("Carlos"), al que no se pudo identificar ni detener, que ocuparía un escalón más alto que Julio y Ronal en la organización", señala la sentencia a la que ha tenido acceso LA RAZÓN.

Los hechos comenzaron en junio de 2016 con el primer 'chivatazo' de la DEA. Peñaranda iba a venir a España. El Grupo de Respuesta contra el Crimen Organizado (GRECO) de la Policía de Galicia se puso a trabajar. Su meta era traer unos 2.000 kg de cocaína a través de las costas gallegas. El narco estuvo en España 10 días y regresó a Colombia. Pero en enero de 2017 la DEA se enteró de que volvería de "manera inminente". Los agentes españoles pidieron autorización al Juzgado de Instrucción número 4 de Vigo para intervenir teléfonos y se iniciaron los seguimientos.

Para distinguir cada parte de la cocaína que debería hacerse cargo y distribuir cada uno de ellos, los suministradores habían utilizado colores. El total de los fardos iba repartido de la siguiente manera: 50 fardos con el envoltorio de color blanco y una franja que lo cruzaba a lo largo, otros 53 fardos de color azul y verde y otro fardo mayor que el resto marcado con una X de color negro.

Los acusados nunca supieron que se había dado el 'cambiazo' así que continuaron con su plan.

Peñaranda se dedicó a averiguar el precio de venta de la cocaína en el mercado español y contactó con "John" "Gabriel" "vagabunda" o "el gitano" que sería quienes distribuirían la droga. Tuvo reuniones en lugares como el restaurante La Fonda Colombiana (Madrid) que la policía cubrió en secreto. La clave del éxito estuvo en "Arba" y "Gallo", dos funcionarios de la Unidad de Agentes Encubiertos, adscritos a la Comisaría General de Policía Judicial. El juez autorizó la infiltración de estos agentes para que pudieran mostrar la droga a los destinatarios y que sustituyeran ésta por sustancia inocua en el momento de su entrega.

El juicio duró casi medio mes y la Sección 4 de la Sala de lo Penal ha corroborado la existencia de un entramado permanente de medios materiales y con una "estructura jerarquizada" de distribuidores y compradores de droga.