Conde-Pumpido avisa al Supremo ante los amparos de la amnistía: las decisiones del TC "no pueden ser cuestionadas"

Con los recursos de amparo de la amnistía tramitándose en el Tribunal Constitucional (TC), que debe decidir sobre la negativa del Tribunal Supremo a amnistiar el delito de malversación del "procés", el presidente de la corte de garantías, Cándido Conde-Pumpido, ha lanzado un aviso a navegantes: los tribunales constitucionales "están en la cúspide del ordenamiento y según la Constitución son los últimos que hablan". Sus decisiones, por tanto, "no pueden ser cuestionadas por ningún tribunal", ha recalcado.

Así lo ha puesto de manifiesto en la jornada inaugural del Congreso de la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional que se celebra a partir de hoy en Madrid. Una cumbre que reúne a representantes de 85 tribunales constitucionales de todos los continentes bajo el lema "los derechos de las generaciones futuras". En una rueda de prensa, Conde-Pumpido ha identificado precisamente las "fórmulas diseñadas" para "no ejecutar" sus decisiones con una de las principales "interferencias" que amenazan la independencia del tribunal.

En la retina, la renuencia de la Audiencia de Sevilla a anular las condenas por el fraude de los ERE tras la sentencia del Constitucional (una controversia que ha dejado en manos de la Justicia europea a través de una cuestión prejudicial que el propio presidente del TC intentó impedir). Y en el horizonte, la decisión que adopte el Tribunal Supremo (que también baraja acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea) si finalmente la corte de garantías concede los amparos a los condenados y huidos del "procés" y anula la negativa del alto tribunal a amnistiar la malversación. El presidente del TC ha lamentado que "muchos tribunales constitucionales sufrimos ataques a nuestra independencia a través de injerencias políticas". Y ha hecho hincapié en que "no respetar al Tribunal Constitucional es no respetar la Constitución, porque es su máximo intérprete y el garante de sus derechos fundamentales". Y ha llamado la atención sobre el hecho de que son los propios poderes del estado "los que han designado" a los miembros del TC "para que adopten esas decisiones" y, pese a todo, ponen en cuestión su independencia porque una determinada sentencia "no parece gustarles".

Renovación "en plazo"

Conde-Pumpido ha puesto de relieve que tanto "políticamente" como "judicialmente" se buscan fórmulas que "paralicen" la ejecución de las sentencias del TC, comportamientos que según su criterio suponen una amenaza a la independencia de la corte de garantías, al igual que las campañas políticas que intentan trasladar a la opinión pública que sus decisiones "no son equitativas".

En cuanto al posible bloqueo en la renovación del TC (su mandato y el de otros tres magistrados expira en diciembre y debe ser el Senado el que afronte el relevo), ha recordado que el Tribunal Constitucional "siempre se ha pronunciado a favor de que la renovación de los órganos constitucionales debe producirse en plazo" porque, ha señalado, "el bloqueo de una institución puede también afectar al buen funcionamiento del sistema jurídico".

Y aunque no ha querido precisar qué tiempo considera "razonable" para acometer la renovación, sí ha dicho que los más de cinco años que se demoró la última renovación del TC supuso una "anomalía grave".

El aborto como derecho fundamental

Y en cuanto al deseo del Gobierno de blindar el aborto como derecho fundamental en la Constitución, Conde-Pumpido ha afirmado que los derechos fundamentales "no pueden fosilizarse" y se ha referido al encaje de la interrupción voluntaria del embarazo en el ámbito del derecho fundamental a la dignidad de la persona y al libre desarrollo de la personalidad que consagra el artículo 10 de la Carta Magna, en el que el tribunal enmarcó también el derecho a "una muerte digna" al avalar la eutanasia.

En este sentido, el presidente de la corte de garantías se ha referido a la Constitución como "un árbol vivo que se va desarrollando", encargándose el tribunal de adaptar su contenido "a la realidad social".

Tras reunirse con los representantes de Ucrania, Conde-Pumpido ha lamentado que "el Estado de Derecho a nivel mundial no se ha conseguido" porque en algunos países "los problemas se siguen solucionando de forma violenta, por la fuerza". Y ha puesto de relieve que es precisamente "a través de los tribunales y cortes constitucionales que se reúnen hoy en Madrid" como "podemos llegar a construir ese Estado de Derecho mundial". Porque la finalidad del congreso, ha recalcado, es "construir un Estado constitucional a nivel mundial que garantice los derechos fundamentales".

En su comparecencia, ha incidido en garantizar "los derechos de las futuras generaciones", como el derecho a un medio ambiente "limpio, saludable y perdurable" o los derechos vinculados a las nuevas tecnologías y a la Inteligencia Artificial. "Los derechos del futuro son eso, no sufrir una discriminación algorítmica, o el derecho a tener acceso a las redes y a internet".

"Promover la Justicia Constitucional"

El objetivo de esta Conferencia es promover la Justicia Constitucional "como elemento clave para la democracia, la protección de los derechos humanos y el Estado de Derecho" para facilitar así "el diálogo judicial entre jueces constitucionales a escala mundial mediante congresos, seminarios e intercambio de experiencias".

El congreso, que se celebra en los recintos feriales de Ifema, está organizado al alimón con la Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europea en materia constitucional. La Conferencia Mundial pretende "consolidar marcos jurídicos eficaces, ideas y estrategias prácticas, a través del diálogo y la colaboración judicial y el intercambio de experiencias, para el desarrollo sostenible, la preservación cultural, el progreso científico y la independencia judicial".

En las sesiones de trabajo se analizarán, entre otras cuestiones, los retos que plantean los avances tecnológicos, como los riesgos para la privacidad y las libertades, la protección frente al uso indebido de los datos personales, las tecnologías de vigilancia intrusiva o la ética de la inteligencia artificial. Finalmente, una sesión presidida por Conde-Pumpido, abordará la independencia de los tribunales constitucionales.