La confesión de Jessica salpica a dos ministerios, acorrala a Ábalos y abre la puerta a incluir más delitos

La confesión de Jessica Rodríguez en el Tribunal Supremo ha dado un giro de 180 grados al caso Koldo. Su testimonio acerca de que se le contrató en dos empresas públicas sin trabajar, no solo compromete el futuro judicial de José Luis Ábalos por un presunto delito de cohecho, sino que salpica ya al Ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente y al de Agricultura, a cuyo frente se encuentra Luis Planas. Además, el procedimiento abre la puerta ya a sumar más delitos por el papel de la joven en esta presunta trama de corrupción.

Así lo confirman fuentes de la investigación a LA RAZÓN, aunque las mismas precisan que se está en un momento muy embrionario. De hecho, las acusaciones populares -que litigan bajo la representación letrada del Partido Popular- ya han dado los primeros pasos para recabar los contratos de Ineco (empresa dependiente de Transportes) y también de Tragastec (firma ligada a la SEPI pero tutelada por el Ministerio de Agricultura). El objetivo es esclarecer la naturaleza de las contrataciones de la joven en ambos entes públicos, para los cuáles no ejerció función alguna.

De hecho, este asunto ya se ha cobrado su primera víctima, con la dimisión de la hasta ahora responsable de Desarrollo Rural y Política Forestal del ente público controlado por la SEPI, Caridad Martín Palacios, pero no se descartan más bajas en ambos órganos públicos. En ese sentido, y según se desprende del nuevo escrito del PP, al que ha tenido acceso este medio, ahora se busca esclarecer quién participó en su contratación y en qué condiciones se cerró dicho acuerdo, ya que no acudió a fichar a su puesto de trabajo en los dos años que estuvo en nómina.

Cohecho con las contrataciones

Con todo, el primer perjudicado de esta testifical es José Luis Ábalos. Esta parte del caso Koldo se abrió por su presunto "papel principal" en los contratos de mascarillas a Soluciones de Gestión. Sin embargo, a día de hoy esta investigación es solo una línea de las otras muchas que se han abierto y que tienen como eje la actuación del exdirigente socialista en el Ministerio de Transportes mientras lo dirigió (2018-2021).

El magistrado Leopoldo Puente admitió la exposición razonada por los delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y le agregó malversación. La confesión de Jessica le benefició en cuanto a que descartó que pagara con dinero público la veintena de viajes oficiales que hizo con él, pero, en líneas generales, complica, y mucho, su futuro procesal. Principalmente, porque deslizó que el político maniobró para que la contrataran en Ineco, empresa dependiente del Ministerio que dirigía. En su testifical el pasado jueves expuso que, tras entregarle su currículum, le llamaron para hacer una entrevista.

Pero la plaza ya la tenía ganada. Le dieron un portátil y le contrataron como auxiliar administrativo. Según dijo, su jefe fue Joseba García (hermano de Koldo García), aunque no desempeñó ninguna función en todo ese tiempo Eso sí, percibió un salario de unos mil euros al mes desde el inicio de la relación laboral, en marzo de 2019, hasta su final, en febrero de 2021; mes en que se le contrató en Tragasatec, también como auxiliar administrativo y sin trabajar.

Esta gestión no solo salpica a Ábalos, sino también a su sucesor en el Ministerio de Transportes, Óscar Puente. En su comparecencia en el Senado el pasado 28 de noviembre defendió la contratación de Jessica asegurando que no se cometió ninguna ilegalidad y que se siguieron los procedimientos habituales. Además, el propio Gobierno, a una pregunta del Congreso de los Diputados de septiembre de 2024, dijo que "la persona aludida asumió las funciones de personal administrativo cumpliendo con los requisitos establecidos".

Puente y Planas

Esta defensa de la gestión del Ministerio no solo choca con lo defendido por la joven, sino que deja en una postura delicada al actual ministro, cuya citación como testigo no se descarta con el avance de las diligencias en el Tribunal Supremo. En lo que respecta a este primer contrato público, el foco se pone también en Carmen Librero. La presidenta del ente en el momento de la contratación aparece, además, en el sumario del caso Koldo, por haber acompañado a otros miembros de la trama a viajes oficiales.

De hecho, el propio Víctor de Aldama confesó en una carta remitida al alto tribunal en diciembre que Librero formó parte de la delegación de Transportes que viajó en febrero de 2019 (apenas días antes de contratar a Jessica) a la visita oficial de México junto con Ábalos, Koldo García y él mismo, en su condición de cónsul honorario de España en Oxácar. La Guardia Civil así lo atestigua en un informe del 10 de enero de 2023 mientras que Aldama añadió que la entonces presidenta de Ineco realizó "otros viajes" con él. Consta, al respecto, que estaba en la lista de personalidades que tenía previsto acudir a un encuentro de la Organización Mundial de Turismo (OMT) en Georgia en julio de 2020 y que finalmente no se celebró.

El segundo de los contratos a Jessica afecta al Ministerio de Luis Planas. Tragsatec es una empresa pública dependiente de la SEPI, pero tutelada por Agricultura. De esta forma, la empresa puede contratar con cualquier sector de la Administración, pero siempre bajo la supervisión de este departamento. Jessica confirmó que su segundo empleo público fue en Tragsatec, si bien en este caso podría ser más grave porque "no recuerda" que se firmara un nuevo contrato tras abandonar Ineco. En ese sentido, 24 horas después de su declaración se produjo la dimisión de Caridad Rodríguez, hasta ahora responsable de Desarrollo Rural. Fuentes conocedoras de los hechos confirman a este medio que el cese está vinculado con el caso Koldo y que se fraguó en las últimas semanas.

¿Consecuencias penales para Jessica?

Las confesiones de Jessica pueden afectarle a ella misma, no solo por los contratos de Ineco y Tragsatec, sino también por todo lo relativo al piso de lujo en el que residió en Plaza de España y que le costeó la red. En concreto, la mano derecha de Aldama, Alberto Escolano, hizo frente a los más de 2.700 euros que costaba la vivienda al mes y que se costeó más de tres años (entre 2018 y 2022). Aunque ella dijo que no sabía de donde provenía el dinero, sí que confirmó los mensajes con Escolano y también con Koldo García, quien se encargó de todos los trámites relativos a esta casa de lujo.

En relación con las contrataciones públicas, y en caso de que su condición pasara de testigo a imputada, podría afrontar una imputación por posible fraude a la seguridad social (artículo 207 del Código Penal) puesto que fue contratada en empresas públicas pese a no realizar ninguna labor. En lo relativo al piso de Plaza de España, se le podría imputar un posible encubrimiento en caso de demostrarse que conocía la procedencia de los fondos con los que se costeó el alquiler.

Para esclarecer estos aspectos serán determinantes las declaraciones pendientes de celebrar en el caso Koldo. Este mismo martes desfilarán por el alto tribunal Víctor Ábalos -hijo del exministro- además de Carlos Moreno (jefe de gabinete de la ministra y vicepresidenta María Jesús Montero), la secretaria de Aldama, Joseba García y Escolano. De todos estos testimonios el de Escolano afecta especialmente a Jessica puesto que constan en el sumario mensajes intercambiados entre ambos. Esta persona de la máxima confianza de Aldama podrá arrojar luz sobre la vivienda del centro de Madrid que él mismo costeó y el vínculo real de la joven con esta presunta organización criminal. También es determinante la información que aporte Joseba sobre la contratación de la joven, que corrió a su cargo.