Inmigración

El Consejo de Europa pide a España que suspenda la cooperación con Marruecos en el control fronterizo

Reclama cambios radicales en la gestión de la inmigración, en especial en esa ciudad autónoma y en Ceuta

Asalto masivo a la Valla de Melilla el pasado 24 de junio
Asalto masivo a la Valla de Melilla el pasado 24 de junioJavier BernardoAgencia AP

El Consejo de Europa insta a España a revisar la cooperación con Marruecos en el control de las fronteras y a que, vista la gravedad de lo ocurrido en el salto masivo de la valla de Melilla del 24 de junio y en ocasiones anteriores, suspenda toda actividad común que conduzca a violaciones de derechos humanos.

En un informe publicado este miércoles sobre la visita que hizo a España en noviembre, y que incluyó en particular una etapa en Melilla, la comisaria de derechos humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, se muestra particularmente dura en su diagnóstico de los hechos y reclama cambios radicales en la gestión de la inmigración, en especial en esa ciudad autónoma y en Ceuta.

Mijatovic exige abiertamente al Gobierno español que dé instrucciones a las fuerzas del orden para que actúen respetando los estándares internacionales de derechos humanos cuando detengan inmigrantes en las fronteras de Ceuta y Melilla, y eso incluye "una prohibición explícita" y con carácter inmediato de las expulsiones.

Crisis estructural de vivienda

Por otra parte, el informe advierte de que España sufre "una crisis de la vivienda larga y estructural de graves proporciones" y constata que hay "una necesidad urgente" de más vivienda social y accesible.

La falta de vivienda social se ha agravado con la decisión de algunos gobiernos de permitir que fondos de inversión compraran viviendas y que derivó en subida de los alquileres, señala la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa. Asimismo, destaca que la subida de precios de la vivienda en propiedad "supera con mucho" al incremento del poder adquisitivo y subraya la "preocupante" escasez de vivienda social debido a años de débil inversión pública.

Reconoce que este problema está "parcialmente atendido" por el Plan de Recuperación del Gobierno de 2021 y por el Plan Nacional de Acción de Acceso a la Vivienda 2022-2025. En este sentido, considera que si los dos "se aplican adecuadamente" podrían ofrecer una orientación hacia la creación de una oferta de vivienda social y accesible. Hay que recordar que el informe del Consejo de Europa se elaboró antes de la aprobación a finales de abril en el Congreso de los Diputados de la Ley por el Derecho a la Vivienda, y por eso la comisaria considera "importante" ahora su adopción "lo antes posible".

Delito de sedición y ley mordaza

En otro de los capítulos de su informe, la comisaria bosnia se muestra satisfecha por el final del delito de sedición y por "las medidas emprendidas por el Gobierno para restaurar el diálogo democrático en Cataluña". Pero pide más cambios en el Código Penal para "reforzar" el ejercicio del derecho a la libre expresión, sobre todo en lo que se refiere a las infracciones por enaltecimiento del terrorismo, insultos a la Corona u ofensas a los sentimientos religiosos.

En sus comentarios al informe, el Gobierno español señala que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (parte del Consejo de Europa) respalda la compatibilidad de las provisiones del Código Penal sobre enaltecimiento del terrorismo y humillación de sus víctimas, así como insultos o difamación a la Corona.

Sin embargo, también reconoce que "en ocasiones" España ha sido condenada por el Tribunal al considerar que su aplicación por los tribunales ha sido "de forma desproporcionada" en algunos casos.

Sobre la ley mordaza, el Ejecutivo señala que el Tribunal Constitucional certificó su validez con la excepción de un párrafo de un artículo acerca del uso sin autorización de imágenes o datos recabados por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. También hace hincapié en que las fuerzas policiales no utilizan material antidisturbios en manifestaciones pacíficas y en que sus acciones están sometidas a un "control institucional continuo".