Inmigración
La costa de Mallorca, convertida en un cementerio de pateras
El sector náutico denuncia que ocurre en el sur de la isla y ante la inacción de las autoridades
Un colectivo anónimo de trabajadores del sector náutico ha alertado este viernes de que la costa sur de Mallorca se ha convertido un cementerio de pateras ante la inacción de las autoridades.
En un comunicado, el grupo ha concretado que el tramo comprendido entre la playa des Caragol y el cabo de Ses Salines, dentro de una reserva marina, se ha llenado de embarcaciones abandonadas.
Paralelamente a la grave crisis humanitaria provocada por la apertura de la ruta migratoria entre Argelia y Mallorca, que ya se ha cobrado la vida de centenares de personas, se está gestando una "silenciosa pero alarmante crisis medioambiental", han apuntado señalando a los ayuntamientos de Ses Salines y Santanyí, PortsIB, Salvamento Marítimo, Costas y la Guardia Civil.
El colectivo de trabajadores ha añadido que en los últimos dos años, una docena de pateras han quedado varadas o se han hundido en esta franja de litoral protegida.
Una vez rescatadas las personas migrantes, las embarcaciones quedan marcadas por la Guardia Civil y posteriormente son abandonadas en el mar, lo que supone un grave riesgo para la navegación y un impacto ecológico severo, debido a la descomposición y troceado de estas embarcaciones de fibra en los ecosistemas marinos.
Según han asegurado, la situación se agrava por la reiterada negativa del responsable del puerto de la Colònia de Sant Jordi a recepcionar estas pateras, incluso cuando son remolcadas por navegantes particulares o por las embarcaciones oficiales de limpieza del litoral o de control de fondeo sobre posidonia.
El colectivo ha reconocido que de forma selectiva, el puerto sí acepta las embarcaciones que llegan al Parque Nacional Marítimo-Terrestre de Cabrera, con destino final en el depósito de Son Tous, mientras que rechaza sistemáticamente las procedentes del litoral próximo al propio puerto.
Los trabajadores han subrayado que se ven obligados a mantener el anonimato por temor a represalias laborales e institucionales. "En varias ocasiones hemos intentado formalizar denuncias ante la Guardia Civil, pero hemos sido disuadidos, advirtiéndonos de las posibles consecuencias negativas para nosotros", han alertado.