No es la primera vez (tampoco será la última) que el Ministerio del Interior ha intentado "maquillar" los datos de criminalidad para tapar una realidad cuanto menos "preocupante", según explican los que más saben de esto: los agentes. Así, no es de extrañar que tras hacerse públicas las cifras del primer trimestre de este año, su respuesta sea que estos datos "sufren más cocina que el CIS de Tezanos".

Pero más allá de la ironía, estos datos muestran una realidad nada halagüeña, tal y como aseguran desde el sindicato Justicia Policial (JUPOL). Porque los delitos de mayor gravedad y que más alarma social generan siguen en aumento. Los homicidios dolosos en grado de tentativa se disparan un 19,9%; las agresiones sexuales con penetración aumentan un 7,6%; los delitos graves y menos graves de lesiones experimentan una subida del 2,1%; y el tráfico de drogas, entre otros, experimenta un incremento del 4,9%.

Y es precisamente en este punto donde conviene centrar la atención, ya que, lejos de intentar atajar esta preocupante subida, el Ministerio del Interior, con Fernando Grande-Marlaska al frente, opta por trabajar de espaldas a los policías. Sobra echar un vistazo a la polémica instrucción 7/2025 que tanto revuelo ha provocado y que prohíbe a los agentes sancionar a aquellas personas que consuman drogas en un vehículo estacionado.

Desprecio a los cuerpos policiales

Esta medida no solo no refuerza el control frente al consumo y tráfico de drogas, sino que "debilita la acción policial, transmite un mensaje de permisividad y normaliza el consumo de estupefacientes en espacios públicos", aseguran desde este sindicato. Es más, acusan al Ejecutivo de "promover una relajación normativa que pone en peligro a policías y ciudadanos". Porque esta norma, insisten, se apoya en una interpretación "torticera, manipulada y parcial de varias sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional". El Ministerio del Interior "no solo desprecia el trabajo de los cuerpos policiales", sino que se atreve a "falsear el sentido de resoluciones judiciales firmes para legitimar una instrucción ideologizada y peligrosa".

La criminalidad grave no deja de crecer, explican desde JUPOL, y la respuesta no puede ser "esconder la realidad bajo cifras maquilladas, ni desarmar legalmente a quienes están en primera línea. Los policías necesitan más protección, no más instrucciones que dificultan su labor". Por este motivo, exigen la actualización integral del Catálogo de Puestos de Trabajo de la Policía Nacional, que no se actualiza desde 2008, así como garantizar una dotación suficiente de efectivos en las áreas más sensibles. Por no hablar de la más que urgente necesidad de reconocer a los policías nacionales como profesionales de riesgo.

Así "falsea" el Gobierno las resoluciones judiciales

En el caso más reciente, el de la instrucción 7/2025 sobre la tenencia y el consumo de drogas en vehículos estacionados, el Ejecutivo alude a varias sentencias, que han sido analizadas por este sindicato. En la primera de ellas, la Sentencia del Tribunal Supremo STS 1317/1999, de 21 de septiembre, explican que Interior "ha obviado intencionadamente" un fundamento de derecho esencial en el que se avala la intervención de los agentes en vehículos particulares, incluso si eso implica una cierta afectación a la privacidad, siempre que la actuación sea proporcionada, adecuada y justificada en aras de la seguridad ciudadana. Por ello, subrayan que "el ministerio extrae lo que le interesa y omite, con premeditación, lo que reafirma la legitimidad de la acción policial".

En la segunda sentencia, la STS 569/2013, de 26 de junio, Interior directamente omitió que la supuesta intromisión en la intimidad no fue realizada por agentes de la autoridad, sino por un particular, lo que invalida completamente su uso como fundamento jurídico para limitar o condicionar la actuación policial. "Se trata de una manipulación burda e inaceptable", destacan desde JUPOL.

Y en la tercera sentencia, la 170/2013, de 7 de octubre, del Tribunal Constitucional, el ministerio incurre, a su juicio, en una "tergiversación aún más grave", ya que los hechos enjuiciados nada tienen que ver con vehículos ni con el consumo de drogas en los mismos. La sentencia se refiere a vigilancia mediante cámaras de seguridad privadas, por lo que no resulta aplicable de ningún modo a la casuística que pretende regular esta instrucción.

En definitiva, consideran que la Instrucción 7/2025 no solo es jurídicamente defectuosa, sino también "moralmente reprochable, al apoyarse en falsedades, medias verdades y ocultaciones deliberadas". Insisten en lo que debe hacer el Ejecutivo y su ministro Grande-Marlaska es "modificar la ley, endurecerla y establecer con claridad las conductas que deben ser perseguidas y penalizadas". Porque todo lo demás no es más que un ejercicio de "cobardía institucional y de dejación de funciones".